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El conflicto suscitado entre trabajadores del transporte de corta y media distancia promete transformarse en un verdadero problema de soluciones poco claras hacia el futuro. La negociación salarial entre trabajadores y empresarios no tiene salida sin la intervención del Estado nacional. Es que más del 50% de los salarios de los trabajadores es subsidiado por el gobierno nacional en todo el país.
Uno de los anabólicos utilizados por el kirchnerismo para incentivar el consumo estuvo en congelar tarifas de servicios públicos, entre ellos, el transporte. Metidos en la misma lógica, muchos gobernadores repitieron el esquema y el precio del boleto es una maraña de costos solventados por subsidios de todo tipo.
El primer problema es que del total de los subsidios nacionales van destinados a los servicios, el 75% de destina a los prestados en ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, mientras que el 25% restante va al resto de los servicios del interior, algunos de los cuales tienen como poder concedente a las provincias y en otros casos a los municipios.
Aparte del subsidio del salario, el gobierno nacional subsidia el 70% del precio del gasoil que utilizan dichas unidades, el cual ha venido creciendo de forma ascendente por los incrementos en los valores de los combustibles en el último año.
Hoy los trabajadores pretenden un aumento del 30% para llevar el básico a 11.000 pesos, pero la Nación se quedó sin caja. No solo no puede aumentar subsidios sino que pretende disminuirlos gradualmente. En los demás servicios se tuvieron que aumentar los precios de forma importante y no sería descabellado pensar que sea otra vez la salida.
El problema es que los que aumentan son provincias o municipios, quienes deben pagar los costos políticos y enfrentar la bronca de los usuarios. Si hoy se retirara la totalidad de los subsidios, el costo del boleto oscilaría en $ 10 y $ 12 pesos, según la localidad como en la ciudad de Córdoba, que es un servicio municipal y cuesta más de $ 5.
En el caso de Mendoza, la provincia asume una suma muy importante en subsidios, en una suma que supera los 200 millones de pesos, con unas finanzas provinciales muy complicadas que requieren tomar préstamos en el exterior para poder “pagar los aguinaldos”, según dijo el gobernador Pérez.
Si el gobierno nacional decide no aumentar la suma que envía por salarios, la provincia debería aumentar el boleto o aumentar los subsidios. La resolución de este tema es muy delicada ya que, si no se asume ahora, no podrán dejar pasar nuevos aumentos de combustibles.
El transporte público es muy sensible para los consumidores y los subsidios demasiado onerosos para los gobiernos. Cualquier salida que se elija será compleja ya que se acabó el colchón de plata y los trabajadores no darán un paso atrás. La bomba de tiempo está en marcha.