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on 4 mil productores en Mendoza y forman uno de los sistemas de trabajo más viejos de la provincia, el "contrato". Por décadas relegados, y en otras vueltos a poner en escena, esta fuerza de trabajo produce en promedio 500 quintales por contratista, y desde la semana pasada cuentan con su propia bodega.
En la actualidad, una cooperativa de contratistas, Cotraavi, que es liderada por el secretario general del gremio de contratistas, Rubén Sepeda, logró un crédito del gobierno de Mendoza por $ 5 millones para la adquisición de una bodega, ubicada en el distrito de El Espino en San Martín.
Los fondos del crédito provienen del reintegro que realiza la Nación sobre las retenciones a las exportaciones de vino. Este empréstito tomado por los contratistas a tasa cero, se devolverá en cuatro cuotas anuales consecutivas iguales de $ 1.250.000 y tienen un año de gracia. Por lo tanto, la primera cuota recién será cancelada en 2015.
Los beneficios para el sector son importantes. Si Cotraavi hubiera tenido que salir a conseguir este dinero en el mercado financiero, tan sólo tomando como ejemplo a la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina (BNA) del 18,85%, el crédito total se hubiera encarecido en $ 2,6 millones. En tanto, si el financiamiento hubiera sido adquirido a través de algún organismo oficial, con un descuento del 50% de la tasa activa del BNA, la cooperativa hubiera tenido que abonar $ 1,3 millones más sólo en intereses.
Durante la escrituración del inmueble, el presidente de Cotraavi, Rubén Sepeda, se mostró muy conforme con la adquisición y aseguró que ya tienen previsto poner en marcha varios emprendimientos dentro del predio que compraron.
En este sentido, aseguró que "tenemos pensado seguir capacitando a nuestros compañeros. Además queremos realizar un emprendimiento de turismo rural".
Para la próxima vendimia, Sepeda espera poder producir algo más de 1,5 millón de litros de vino, aunque la idea es ampliar la capacidad instalada y colocar vasijas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y con ello producir hasta 10 millones de litros, de acuerdo a cómo funcione la comercialización.
Además, al proyecto inicial le quieren agregar un espacio de fraccionamiento, donde no sólo se envase el vino producido en la cooperativa, sino el que los contratistas elaboran de forma artesanal.
"Ya estamos negociando la compra de una línea de fraccionamiento con la ayuda de la Asociación Mutual Ampara, el sindicato de contratistas, lo que se traduciría en una inversión de $ 1 millón de pesos", comentó Sepeda.
Una bodega ¿estatal?
A más de veinte años de su liquidación total, el caso Giol, sigue latente dentro de sector vitivinícola, empresa que a fines de 1987 y principios de 1988 la deuda mensual de Giol en manos del Estado era de 500 mil dólares mensuales.
Desde que se conoció la noticia sobre la bodega otorgada a los contratistas, Fincas fue el escenario de un debate entre diferentes actores del sector. En ese marco se opinó sobre si este era el comienzo de una nueva etapa en la que el gobierno provincial pondría en funcionamiento una bodega estatal, tal como lo hizo en décadas pasadas, lo que terminó en un rotundo fracaso.
Consultado sobre si esta era una bodega del Estado, el ministro de Agroindustria, Marcelo Barg, sostuvo categóricamente que no. "Nosotros desde el primer momento aclaramos que era un pedido de una cooperativa de contratistas de viña que había solicitado al Estado un crédito para comprar una bodega y poder elaborar", indicó Barg, al tiempo que agregó que "nunca nadie desde el gobierno habló de una bodega del Estado, eso surgió del análisis de actores del sector".
Sepeda atribuyó los dichos a una clase tradicionalista y conservadora que "se siente un poco alarmada por esta situación novedosa, en donde se capacita a sectores que en términos de producción y propiedad son importantes".
Asimismo, desde el gobierno destacaron que en el supuesto caso de un incumplimiento en el pago del crédito otorgado, el gobierno ejecutaría las garantías y la bodega no pasaría a la órbita de la administración pública.
"Yo no entiendo cómo puede haber gente que se sienta afectada o molesta por este proceso que se está llevando adelante con tanta responsabilidad. Esto no va afectar el mercado, esto tiene impacto social, que le permite tener movilidad a un sector que está empobrecido", concluyó Sepeda.
Uno de los puntos más críticos en la cadena vitivinícola, sin duda, lo constituye la comercialización del vino.
Ante la pregunta sobre cómo lograrán ser exitosos en este eslabón de la cadena, Sepeda aseguró que no descartan ninguna posibilidad y dijo que "estamos en contacto con federaciones de cooperativas agroalimentarias, y también, por qué no, podríamos tener nuestro propio ?Vino para todos'. Estamos analizando todas las oportunidades que tenemos".
Las voces del sector
Sin duda, el destino de los fondos que llegan a la provincia a través del reintegro que realiza la Nación sobre las retenciones a las exportaciones de vino es una discusión en sí misma.
Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, sostuvo que "el sistema de integración que plantea la Coviar es mejor que esto. Un contratista es una persona que sabe producir uva, que es algo diferente de elaborar vino; por lo tanto, la asociación entre un productor y una bodega es mejor".
Y agregó: "Se está financiando con recursos que se le retienen a las bodegas; un establecimiento para un sector. Nosotros creemos que hay mecanismos de integración más idóneos que este".
Pina, no obstante, aseguró que en general el dinero que ha vuelto de las retenciones, el gobierno lo ha utilizado en línea con el trabajo que está haciendo la Coviar.
Por su parte, Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, dijo que "a nosotros todo lo que sea integración nos parece bien. Creo que debe existir un fuerte seguimiento para que se cumplan los objetivos propuestos. Si la integración está bien hecha y en línea con lo que se viene haciendo, es una discusión que habrá que dar". Sin embargo, recalcó que habría que preguntarse si este es un tema prioritario dentro de la vitivinicultura.
Además, el dirigente expresó que comparar este caso con el de Giol no es correcto.
Mauro Sosa, desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, sostuvo que es una decisión del gobierno darle un crédito a los contratistas para que emprendan su bodega. "Espero se haya aprendido de las experiencias anteriores y no se cometan los mismos errores", dijo Sosa, y agregó:"Tal cual están dadas las condiciones hoy, comercializar vinos no es fácil ya que hay muchas etiquetas de mercado".