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En medio de una serie de protestas en buena parte del país de familiares de presos políticos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, continúa con su recorrido por Venezuela, donde ayer se reunió con representantes de los poderes públicos.
En el marco de su visita de tres días a la nación caribeña, en la que buscará acercar posiciones por la crisis política que atraviesa, la ex mandataria chilena conversó en privado con los ministros venezolanos de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino, respectivamente.
Del encuentro también participaron el jefe de la ONU en Venezuela, Peter Grohmann; el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del país, Larry Devoe; el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Remigio Ceballos; la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Valera y otras ministros.
En tanto, varias decenas de familiares de los considerados presos políticos se apostaron frente al edificio donde funciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para solicitarle a Bachelet ayuda para liberar a los más de seis centenares prisioneros civiles y militares.
"Señora Bachelet, en sus manos está la libertad de los presos políticos", dijo a la prensa Mónica Santamaría, hermana de un detenido, al pedir a la expresidenta chilena que "oiga más allá de lo que está planificado por los medios oficiales, oiga realmente el sentir del pueblo".
Simultáneamente varias decenas de ex trabajadores petroleros reclamaron en el centro de la ciudad que Bachelet intermedie para que el gobierno les pague viejas deudas laborales golpeando cacerolas y envases plásticos contra el asfalto.
Entre carteles en los que se leía "Bienvenida Bachelet SOS" los manifestantes bloquearon el paso de los vehículos mientras varias decenas de policías y guardias nacionales con escudos tomaban los alrededores para evitar que la protesta avanzara hacia la sede de la Cancillería, donde Bachelet tiene previsto reunirse con representantes de algunos organismos.
Tras permanecer detenida cuatro meses en una de las sedes capitalinas de la policía política acusada de traición a la patria y rebelión, la administradora Lisbeth Añez, quien en sus tiempos libres solía llevar alimentos y medicinas a los presos, decidió dedicarse a la lucha por los derechos humanos en Venezuela.
El de los presos políticos es uno de los temas más álgidos que debe abordar la funcionaria de la ONU en Caracas. Estos prisioneros, que se estiman en unos 693, se han convertido en los últimos años en una de las banderas de los activistas y la oposición que acusan al gobierno de Nicolás Maduro de violaciones a los derechos humanos, señalamientos que las autoridades han rechazado alegando que los opositores fueron apresados por delitos comunes.
Días antes de la visita de Bachelet fueron excarcelados al menos 21 presos políticos, entre ellos el diputado opositor Gilber Caro, acción que algunos activistas asumieron como un "gesto" del gobierno.