Casi la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son personas que han asimilado a sus responsabilidades institucionales la necesidad de mantener un bajo perfil en la exposición pública. Son austeros en sus comentarios y gozan, como cuerpo, de un prestigio que comenzó a forjarse en los primeros meses de la presidencia de Néstor Kirchner, cuando éste decidió terminar con la denominada "mayoría automática" que utilizaba el menemismo para vaciar de independencia a ese poder del Estado.
La nueva integración del Tribunal y el acompañamiento que hizo con sus decisiones al proceso de transformación que impulsó el kirchnerismo en los primeros cuatro años de gestión, les reportó a esos jueces un bien ganado respeto en la sociedad. Ellos perciben que son respetados, pero no saben hasta cuándo. No lo saben porque otra vez desde la política y en forma peligrosa para las instituciones, con la llamada ley de medios ha vuelto a ponerse en juego la independencia de la Justicia.
Dentro de los mecanismos normales de un Estado de derecho, le está reservada a la Corte la última instancia en la colocación de un límite a los excesos que se pretendan en cuestiones sometidas a las leyes. Tiene, a la vez, la ineludible tarea de garantizar que los derechos y obligaciones que la ley máxima que es la Constitución Nacional le asigna tanto al Estado como a los particulares, no sean vulnerados. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales se advierte por estos días que la hora de poner aquellos límites está llegando en forma apresurada y que el protagonismo de la Corte en el escenario político será a corto plazo decisivo.
Hay quienes aseguran en oficinas y pasillos que el propio titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, se encargó de hacerle saber a la presidenta Cristina Fernández que los desbordes tendrán diques y que las presiones que está ejerciendo el Gobierno para obtener respaldo en su objetivo de destruir a cualquier precio al Grupo Clarín, tienen una repercusión negativa en los jueces y funcionarios judiciales. No es para menos: las maniobras instrumentadas en el Consejo de la Magistratura para designar "jueces militantes", y las sucesivas recusaciones de magistrados que no sean obedientes con lo que desea la Casa Rosada, son una injerencia burda de un poder en otro y una actitud que tiene una historia nefasta en el país.
"Si ninguno de esos jueces le daba al Gobierno seguridad, significa que lo que quiere es poner a alguien que sí le dé la seguridad de un fallo favorable", fue la inmediata interpretación que facilitaron las palabras del reaparecido ministro de Justicia Julio Alak. Por ahora no se vislumbra la manera en que será cubierta la vacante en el Juzgado que tiene el expediente sobre el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios, y el malestar de todos va en aumento. Ese es el indicador que aproxima cada vez más a la Corte a comprometerse en una definición.
¿Pero qué pasará si la Corte entiende que el Gobierno no tiene razón? ¿Dejará de ser aquella Corte que sirvió para llenar de elogios a Néstor Kirchner por devolverle credibilidad a la Justicia? Ya hay un antecedente que ninguno de los jueces olvida. El 28 de setiembre de 2010 y también por el trámite que seguía la ley de medios, Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, organizó un acto frente a Tribunales. Allí, desaforada, les dijo a los miembros de la Corte: "Son unos turros, cómplices de la dictadura. Si hay que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo. Se reúnen a espaldas de nosotros y les pasan sobres con plata para asegurarles la vida de ellos y de toda su cría".
Dos miradas
Por entonces, no todo el oficialismo pensaba lo mismo y algunos salieron a repudiar aquellas palabras. El Centro de Estudios Legales y Sociales, comandado por el influyente periodista oficialista Horacio Verbitsky, dijo en un comunicado que eran "palabras horribles e inaceptables contra los integrantes de una Corte legítima, por la calidad e idoneidad de sus integrantes y de sus decisiones, y por su independencia".
Al margen de la gravedad institucional que tiene el conflicto de poderes que el Gobierno está exacerbando, en el país todo parece estar subordinado a esa cuestión. Como si la fecha del 7 de diciembre marcara el fin de la inflación, la inseguridad, la corrupción y la pobreza, y amaneciera otra realidad. La del imaginario relato oficial.
