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Durante casi 5 años, y una vez agotadas las ventajas externas generadas por la suba de los precios de las materias primas y la baja tasa de interés en una economía mundial en expansión, Argentina se vio necesitada de echar mano de políticas activas para frenar las consecuencias de la crisis mundial que comenzó en 2008.
Pero parte del crecimiento, con “tasas chinas”, se debió a la aplicación de políticas de subsidios para estimular el consumo interno, que actuaron como anabólicos, generando tasas de crecimiento mayores a las que razonablemente se podría haber llegado.
Esto hizo recalentar la economía y sacó a la luz una serie de errores y deficiencias que hasta ese momento no se percibían.
El precio congelado a valores del 2001 de los servicios públicos estimuló el consumo de gas y electricidad. Pero al crecer exponencialmente, quedaron a la luz las deficiencias. En el gas, el gobierno les había congelado el precio a los productores, que dejaron de invertir en nuevos yacimientos, la producción empezó a caer y se debió importar gas a precio internacional. Dado que la tarifa estaba congelada, el gobierno subsidiaba la diferencia.
Con la electricidad ocurrió lo mismo. La tarifa subsidiada estimuló el consumo. Además de la demanda energética por mayor producción industrial, el consumo familiar, con la incorporación de mayor cantidad de artefactos eléctricos y electrónicos disparó la demanda y fue necesario importar energía de Uruguay y Brasil a precio internacional, y el Estado subsidiaba la diferencia.
Con los combustibles ocurrió algo similar. El congelamiento del precio de producción no estimuló la inversión en prospección, mientras se mantenía la tarifa muy baja. Mientras tanto, con créditos baratos se estimulaba una producción y venta récord de automóviles, mientras las cosechas del sector agrícola demanda mayor cantidad de combustibles.
Dado que no hay capacidad de producción, se debió recurrir a la importación a precio internacional, y el Estado subsidia la tarifa el Estado.
Mientras esto ocurría, se convalidaban aumentos salariales elevados que recompusieron la capacidad de gasto de las familias, que tenían costos de servicios muy bajos y los estimulaba a consumir.
Toda esta combinación fueron los anabólicos aplicados por el gobierno para recalentar el ciclo y obtener tasas de crecimiento del 9%, cuando se podría haber crecido al 6%. ¿Cuál es la diferencia? El costo fiscal.
El gobierno debió aumentar el gasto en forma significativa y ese aumento comenzó a generar inflación, hasta llegar al momento actual. Parte del gasto se fue financiando con la estatización de los fondos jubilatorios, primero.
Luego la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que posibilitó tener plata emitida por la autoridad monetaria. Luego, la desactualización de los mínimos de base impositiva, hizo que cada vez más trabajadores y más operaciones sean alcanzados con distintos gravámenes.
Pero el financiamiento no ha sido barato.
Se está pagando con altas tasas de inflación que han mellado seriamente el poder adquisitivo de los salarios. Además, la falta de actualización del valor del dólar hizo perder competitividad a las exportaciones por lo cual el gobierno, para no perder reservas, impuso un cepo cambiario para importaciones y para compras de particulares que se habían lanzado a comprar divisas ante el claro atraso del tipo de cambio.
Hoy los anabólicos no solo ya no funcionan sino que son contraproducentes porque aceleran el ciclo negativo. El gobierno debe cambiar de receta porque está enterrándose en su propio barro. Ya no basta con gestas épicas o con nuevos enemigos. El poder adquisitivo de los trabajadores depende de las políticas del gobierno que, hasta ahora, son desacertadas.