La decisión está tomada. El gobernador Francisco Pérez y su vice, Carlos Ciurca, declinarán finalmente sus intenciones reeleccionistas en pos de asegurar la viabilidad del proyecto de reforma constitucional que el Ejecutivo envió hace un poco más de una semana a la Legislatura.
Obviamente, no será ni hoy ni mañana. Lo que se evalúa por estas horas en Casa de Gobierno es la oportunidad de esa renuncia, especialmente después de que la UCR, el principal partido de la oposición y cuyo aval resulta imprescindible para obtener los necesarios dos tercios legislativos para declarar la necesidad de la reforma, ratificara ayer su negativa en su congreso en Rivadavia. "Si Paco tiene que dar ese gesto, lo dará", resume uno de sus colaboradores.
Prueba de amor. En el oficialismo entienden además que haber accedido a tratar en Diputados los proyectos de reforma política que impulsa la UCR y el PD (desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales, boleta única y financiamiento público de las campañas), son suficiente gesto político como para generar esa base de confianza que, especialmente, los radicales reclaman.
Por su parte, estos consideran y ratifican que "no hay clima" para una reforma constitucional en la que se mezclan los ecos del cacerolazo del 13 de setiembre y los todavía frescos encontronazos con las agrupaciones kirchneristas a las que la UCR acusa de no estar bajo control político de Pérez y de responder exclusivamente a la Nación y al cuestionado modelo del "vamos por todo".
El senador Juan Carlos Jaliff es el autor intelectual de la frase que resume la postura: "No tenemos confianza institucional en este peronismo". Y sobre esta concepción es que el Ejecutivo salió esta semana a modificar su estrategia, tratando de tender líneas que ablandaran a los radicales.
El paso más sorpresivo fue el cambio de rumbo en Diputados, donde Jorge Tanús pasó de pedirle a la oposición que no tratara la reforma política a anunciar al día siguiente, en conferencia de prensa, el "ok" del oficialismo a una batería de propuestas que el PJ siempre miró con temor. Los radicales advirtieron la movida y si bien agradecieron el gesto, no lo condicionaron a un futuro aval a la reforma constitucional y muchísimo menos, al proyecto que contempla la reelección del gobernador.
Reformar para sobrevivir. Lo cierto es que un gobierno que se apresta a cumplir su primer año de mandato, acuciado por las urgencias financieras que limitan su capacidad de gestión y que ha tomado nota de la incomodidad que se refleja en el mendocino medio el alineamiento de Pérez con la Nación, ha encontrado en la posibilidad de reformar la Constitución su "propio relato"; una fabulosa usina de construcción mítica que no piensa abandonar ante el primer escollo. Incluso, si para ello hubiera que dejar de lado aspiraciones personales.
Pérez y sus colaboradores entienden que aggionar la Carta Magna supone un hecho trascendental en la historia político-institucional de la Provincia, y quieren que el ex ministro de Celso Jaque sea el primer gobernador de la era democrática en lograr el necesario consenso para incluir -entre otras cuestiones- la representación por departamentos, la autonomía municipal, el límite para las reelecciones de legisladores, intendentes y concejales, los derechos de las minorías sexuales, los pueblos originarios y demás asuntos que significarían (nadie lo duda) un salto cualitativo para Mendoza. Todo ello, claro está, sin olvidarse que si en la patriada Pérez lograra incluir la reelección del gobernador agregaría además un triunfo político que podría leerse en la Nación como un logro excepcional en un distrito habitualmente hostil.
Y es por eso que detrás de esa idea que además podría permitirle a Pérez continuar en el poder, ha logrado encolumnar a todo el PJ y con ello a su poder territorial, como así también a las agrupaciones satélites del Frente para la Victoria para ejercer más presión política y agudizar las contradicciones de una radicalismo históricamente reformista y coyunturalmente anti. El asunto, dicen desde la UCR, es que hoy "no es el momento".
De allí los temores radicales que pese a coincidir necesariamente con las reivindicaciones y esa ampliación de derechos que el proyecto contempla -aunque lo considere "engañoso"-, especula en ser o no ser partícipe del crecimiento político de Pérez. O de lo que consideran peor aún: de la entronización de un estilo nacional al que caracterizan como personalista, unitario y autoritario y al que Pérez resulta funcional.
Un juego de pícaros. Asimismo, los radicales ven que esa primera prueba de amor del PJ en Diputados entraña una picardía. Finalmente todo deberá decidirse (reforma política y constitucional incluida) en Senadores, donde el oficialismo tiene mayor holgura; por lo que según el curso de los acontecimientos, allí el Gobierno podría impulsar o retener cualquier proyecto si la circunstancia del momento fuera o no favorable a las aspiraciones de Pérez.
Ayer, tras el congreso radical, sus referentes remarcaban que si bien las puertas no están cerradas definitivamente, "la actitud del oficialismo debe cambiar".
Especialmente, en despegarse de la Nación en el tema fiscal y petrolero y en no hacer de la reforma política una "moneda de cambio". Si el PJ accediera en Diputados y en Senadores a sancionar el desdoblamiento, la boleta única y el financiamiento, -admiten- la UCR quedaría en una situación "incómoda". Desde el oficialismo, en cambio, aseguran que la reelección "es un punto más" y que "todos los temas están sujetos al debate y a la negociación política". Pero pese al nuevo obstáculo que plantea ahora la oposición, insisten en que Mendoza no debería perder la "oportunidad histórica" de reformar su Carta Magna.
Mientras tanto, y a pesar de los gestos y las negativas, el debate de fondo parece casi definitivamente empantanado después del bochazo radical de ayer. O al menos con pronóstico cierto de empantanamiento y lenta agonía en el Senado, casi al filo de un año electoral y sin demasiado convencimiento de los actores políticos por producir transformaciones que no impliquen directamente una mejora en la elaboración de sus respectivas imágenes públicas.
Marketing político. Así, la Constitución provincial es entonces la excusa para una operación de marketing político que asegure utilizar una cuestión de fondo para pulir la forma, cuando en realidad -se sabe- debería ser justamente a la inversa: llegar a una reforma constitucional como fruto de las convicciones, del debate y del consenso porque se cree que allí, positivamente, se está construyendo un nuevo y elevado estadío en la concepción de una sociedad. Lamentablemente, poco de ello aparece en la superficie (y algo de esto hay en los reclamos "climatológicos" de la oposición), por más que fruto de las circunstancias y presa de las urgencias, finalmente la reforma constitucional pudiera llegar a concretarse.
Por lo pronto, esta trabazón inicial tiene dos protagonistas que en roles distintos pueden con sus decisiones hacer un aporte trascendente a la calidad institucional de Mendoza: el propio gobernador y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. Ellos son los amos del pantano y -paradójicamente- los hacedores de los puentes de plata. Al renunciamiento de Pérez debería sumársele también otra ductilidad opositora si realmente se quiere avanzar. Pero para ello sobra temor o falta fe. En cualquiera de los casos, nada que la política no pueda superar.
