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En las últimas dos semanas hubo una notable confluencia de pronunciamientos de diversas organizaciones empresariales, alertando sobre lo que para algunos es una situación poco menos que terminal en lo económico, para las producciones agroindustriales extra pampeanas y de inusitada gravedad institucional si se analiza el brazo político.
En este sentido, la asamblea de productores convocada en Eugenio Bustos, en el centro oeste de Mendoza, con la presencia de la cúpula de la Mesa de Enlace nacional, fue por unas horas el epicentro de la dura puja que sostienen Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina y Coninagro con el Gobierno nacional.
El avance sobre las organizaciones no funcionales al proyecto del Gobierno central constituyó, en realidad, el núcleo duro de ese encuentro en el que, por supuesto, se expusieron los problemas más acuciantes que, desde lo estrictamente económico, ponen en riesgo la continuidad de miles explotaciones en buena parte de la geografía nacional.
En la asamblea, que motorizó en Mendoza la Sociedad Rural del Valle de Uco y de la que participaron organizaciones de toda la provincia, se advirtió que en todo el país está en juego el futuro de 156 mil pymes agroalimentarias y que con este proceso inflacionario constante, las economías regionales y las pymes agropecuarias cuyanas están quebradas, sin competitividad ni previsibilidad para el negocio.
Los conceptos fueron vertidos por el presidente de CRA, Rubén Ferrero, quien, por otra parte, destacó que durante la pasada campaña 2011/12 "las llamadas economías regionales realizaron un gasto e inversión para producir $ 19.720 millones, y que sólo en Mendoza, los productores pusieron en juego $ 4.568 millones", indicó.
Sin rentabilidad
Aníbal González, de la Asociación Productores Oasis Sur Real, de Real del Padre, trabaja 22 hectáreas de una finca de 80, donde produce durazno, ciruela y vid. "Tengo el mismo problema que tienen todos: no hay rentabilidad, los insumos son caros, y cosechar se ha puesto muy difícil. Por eso este año hemos terminado tarde y mal con la producción. Los precios no han sido acordes a lo que uno está produciendo. En algunos casos no alcanzó siquiera para cubrir los costos".
El productor sureño asegura que están trabajando para mejorar y admite que "el productor tiene que desarrollarse en algunos aspectos, sobre todo en lo que concierne a riego. Hay que recurrir a los programas que tiene la Nación o el Estado provincial para adquirir tecnología, pero en este momento, al no tener rentabilidad no se puede avanzar".
Marcelo Barceló, de la empresa Agrofrutícola Mama SA, con sede en Tunuyán y emprendimientos productivos en Tupungato, dice que el escenario de la actividad se está restringiendo.
"De hecho, si tomamos los últimos años las exportaciones mendocinas de frutas de pepita han caído el 51%. Eso implica que no sólo estamos hablando de mucha fruta que no salió, sino de mucha mano de obra que no se pudo contratar", remarca.
El empresario denuncia al mismo tiempo que el aumento de la presión impositiva sobre el sector primario de la provincia de Mendoza, llegó al 61% en los últimos cinco años y lamenta que no se haya visto traducido en obras, ni en hospitales, ni en mejor educación, ni en mejor infraestructura para la producción.
Para Barceló, "con esa mayor presión, junto con los aumentos de costos y un dólar quieto, el futuro es muy negro. Creo que si seguimos por este camino, muchos productores vamos a quedar fuera del circuito económico".
Malvina Luera preside la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo. Nuclea a poco menos de 70 productores chicos de Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, Los Álamos, Santa Blanca, entre otros distritos del departamento Maipú, en el oasis norte de Mendoza. La mayoría son horticultores, pero también participan de la entidad productores de vid y de frutales.
En este caso, a los problemas comunes a todos sus pares de distintos sectores productivos, se suma el hecho de que la mayoría son inquilinos de la tierra que trabajan. "En estos últimos años el precio del alquiler de la tierra aumentó muchísimo", dice la dirigente maipucina. Y agrega: "Este año los productores pagan alrededor de 7.000 pesos por hectárea por el año".
Luera apunta también al problema del costo del agua para riego: "Las boletas por la extracción del agua de pozo han llegado bastante elevadas. Algunas han perdido el subsidio, otras no, pero la realidad es que se ha encarecido bastante".
Los marginados
Desde otro ámbito, y a través de un comunicado de prensa difundido en los últimos días, Omar Carrasco, director regional de la Unión Frutihortícola Argentina (UFA), indica que el Gobierno de Mendoza no ha logrado acercarse a los chacareros de la provincia y señala que "dialoga con unos pocos".
"La política de financiamiento, impositiva, riego y contención de los sectores rurales ha hecho peligrar a más de un productor agrícola pequeño", dice el comunicado.
El dirigente remarca que "la problemática del territorio se conoce cuando se pisa la chacra; no en cambio, desde un escritorio donde opinan proponiendo programas que el productor agrícola no entiende en su complejidad y peor aún, resulta inalcanzable por los innumerables requisitos exigidos para su inclusión".
Denuncia, por otra parte, la venta de propiedades rurales a bajo precio para luego construir countries o barrios privados lo que "denota claramente la falta de planificación territorial de algunos municipios y la especulación de los sectores inmobiliarios".
Carrasco apunta que "si esta economía está protegiendo a los más débiles, pues bueno, en la producción existen los chacareros". Asegura que "ellos no son invitados a misiones comerciales, no les otorgan subsidios y peor aún, hasta los critican cuando por ser parte de una economía regional se quedan sin plata para pagar los impuestos que les cobran para tener agua de riego". Denuncia que "el gobierno de Mendoza no los tiene en cuenta en esta política económica".
Muchos están mal
Lo que llamó particularmente la atención en los últimos días fue un pronunciamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre la situación de las economías extra pampeanas.
En un documento que tuvo difusión en todo el país, plantea claramente los problemas sobre los cuales, en los últimos años, vienen alertando la mayoría de las entidades sectoriales y territoriales del campo y la agroindustria.
El texto señala que "el incremento de los costos de producción, el tipo de cambio desfasado, la fuerte presión tributaria, el avance sobre la renta del productor y los costos de transporte vienen golpeando sobre las economías regionales del país". Apunta que "no son problemáticas nuevas, sino distorsiones que desde hace algunos años se han instalado como permanentes, y están erosionando la rentabilidad de miles de productores agropecuarios.
El diagnóstico de la CAME estableció que 6 de cada 10 explotaciones agropecuarias estarían con dificultades económicas por la constante pérdida de rentabilidad.
Se trata de explotaciones con mano de obra intensiva, "con más de 900 mil trabajadores directos, entre permanentes y temporarios, dedicadas a actividades representativas de las regiones, que están en riesgo por la falta de rentabilidad".
Destaca que todos estos sectores tienen como particularidad común su capacidad de agregar valor en origen, exportar y derramar ingresos en las economías locales.
Estima -en coincidencia con lo expuesto en Mendoza por Ferrero, el presidente de CRA- que habría más de 156 mil explotaciones agropecuarias atravesando una situación crítica, por lo que reclama medidas urgentes para recuperar la rentabilidad y evitar que las producciones regionales queden en manos de monopolios y oligopolios.
Un diagnóstico similar plantea IES Consultores (Investigaciones Económicas Sectoriales). En su reporte sobre las exportaciones nacionales de frutas y hortalizas sostiene que "la producción de frutas y hortalizas enfrenta un complejo panorama derivado de la continua pérdida de rentabilidad que sufre la actividad, la cual se profundizó en los últimos dos años, fruto de la dispar evolución de los costos de producción y precios de venta".