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Es sabido que los procesos inflacionarios, habitualmente, son las consecuencias de las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos. En algunos casos, pueden incidir en las subas de precios cuestiones propias de los mercados internacionales, como cuando sube el petróleo o los granos o diversas materias primas. Pero, en general, el 95% de las causas de la inflación están en manos de los gobiernos, y la actualidad argentina no es una excepción.
Algunas preguntas que los ciudadanos suelen hacerse son: ¿Sabe el gobierno que está generando inflación? ¿Preocupa a los gobernantes la inflación? ¿Conviene a los gobiernos la inflación?
Algunas respuestas parecen fáciles y otras no tanto. La primera respuesta es un poco más simple y es que, en general, los gobernantes no son conscientes de que están generando inflación y la primera reacción es controlar precios, acusar a los formadores de precios, denunciar oligopolios y comenzar una cacería de brujas.
Cuando los cuadros técnicos les explican cómo se genera la inflación y el impacto del gasto público y la expansión monetaria, comienzan a comprender y ahí entramos en la segunda pregunta. La inflación les preocupa porque, esencialmente, no están dispuestos a cambiar las políticas. Están saboreando las mieles de una mayor actividad económica inicial que luego se activa cuando las personas, en lugar de ahorrar, deciden gastar para sacarse los pesos de encima.
Es decir, no están preocupados por el impacto que genera en la población porque sienten que están en el mejor de los mundos. Además del mayor consumo, que genera una ficción de crecimiento, aumenta la recaudación de impuestos. Como para los políticos gobernar es gastar, sienten que tienen mayores recursos para hacer obras o compras que les generen una imagen positiva en la población, siempre teniendo en vista la próxima elección, cualquiera sea.
Ante esta indudable sensualidad, no están dispuestos a sacrificar sus objetivos y recurren a cualquier tipo de maniobras. El kirchnerismo fue el que más avanzó en su creatividad al manipular los índices de precios y querer convencer a toda la población de que la inflación no es un problema.
Una enfermedad adictiva
Como toda adicción, la inflación genera momentos de placer pero es imposible evitar las resacas que genera. Para tratar de disimular dichas resacas, el gobierno apeló a algunas herramientas, como anclar y atrasar el tipo de cambio. Otras decisiones estuvieron ligadas al congelamiento de las tarifas de servicios públicos, que han actuado como causa pero usadas para disimular su impacto en los salarios.
Se hace cualquier cosa menos corregir las causas porque se supone que no aumentar el gasto público generaría recesión. La resaca de estos niveles actuales ha hecho que, a pesar del aumento del gasto, la economía casi no avance porque se cayó la inversión privada y los aumentos de precios consumen los incrementos salariales.
Para conseguir más recursos para financiar “la droga inflacionaria”, el gobierno mantiene congelados los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias que grava a los salarios de los trabajadores y esto trajo como consecuencia que cada vez más trabajadores deban pagar este impuesto. A tal punto llegó el descontrol que, a tiempo, decidieron exceptuar la aplicación del impuesto en el cálculo del aguinaldo de diciembre pasado, para evitar problemas sociales.
Las provincias con buenas y malas
Los gobiernos provinciales también terminan asociados a la inflación, aunque ellos no son los causantes, pero deben remar con temas más complejos. El proceso les permite tener mayores ingresos por los aumentos de precios y, hasta 2011, por el aumento de la actividad económica. Ya sea que la fuente sea nacional (coparticipación) o propia (ingresos brutos y sellos, principalmente) las jurisdicciones provinciales se beneficiaron con mayores ingresos.
Si se comparan los presupuestos provinciales de los últimos tres años veremos que los aumentos han sido exorbitantes. Pero el problema es que los mayores ingresos se vieron desbordados por mayores egresos y, aunque crecía el presupuesto, apareció el déficit. En términos relativos, las provincias tienen mucho más gasto en personal que la Nación ya que deben afrontar servicios que les fueron transferidos.
En el caso de Mendoza, sólo entre los salarios que se pagan en Educación, Seguridad, Salud y Justicia, se explica más del 80% de la masa salarial estatal de la provincia que, a su vez, supera el 50% del Presupuesto provincial.
El Estado afronta el mismo problema que las empresas. En una economía que casi no crece, afrontar aumentos salariales del 30% es casi imposible sin tener que endeudarse o aumentar impuestos. Las empresas no todas pueden endeudarse y los precios de sus productos no se pueden aumentar alegremente porque los compradores tienen sus salarios complicados. Si la situación se agrava, el Estado agranda su déficit, pero las empresas quiebran.
La Argentina pudo crecer desde 2003 hasta 2007 con una economía abierta, con un mundo que estaba en crisis y con precios favorables de nuestras materias primas. Se pudo hacer porque no había inflación pero como todas las adicciones, en cuanto el adicto baja la guardia, se vuelven a instalar con más fuerza.
La población, que habitualmente se maneja con números nominales y no reales, también cree que la inflación es soportable mientras aumenten los salarios y haya crédito, hasta que la tasa de alza de precios crece a un nivel tal que los asusta porque todos se dan cuenta de que es muy difícil que las empresas puedan aumentar sus precios en la misma medida.
La alianza entre el gobierno y la inflación, que al principio parece como una unión virtuosa, termina transformándose en una asociación ilícita en la medida que crece y devora los ingresos de los trabajadores y el capital de las empresas, con lo cual se vulnera el principio constitucional que garantiza la defensa de la propiedad privada.