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Es el tema de la semana que termina y lo será de las semanas consecutivas. El acuerdo de precios por 60 días que selló el Gobierno nacional con las cadenas de supermercados y al que se sumaron luego las grandes cadenas de electrodomésticos, tiene un claro objetivo político, estrictamente circunstancial: lograr que al menos los sindicalistas amigos de la Casa Rosada acepten el techo del 20% que el Ministerio de Trabajo sugiere para las paritarias.
Es que luego de la mala recepción que tuvo el anuncio de la actualización del 20% del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias (que rige a partir del 1 de marzo), que no hizo más que unir a las centrales obreras opositoras y oficialistas detrás de un reclamo de alza salarial de entre el 25 y 30% para que la inflación no siga deteriorando el poder adquisitivo del trabajador, la Casa Rosada se vio obligada a hacer aquello que la propia Cristina Fernández aseguró que “nunca funcionó”, en su discurso del 25 de enero pasado: acordar precios.
En aquella oportunidad, la Presidenta aconsejó a los consumidores hacer el vacío a quien sube los precios irracionalmente. Frente a las duras paritarias que se avecinan, el Gobierno escogió continuar con la ortopedia de Guillermo Moreno y “operar” la realidad, aunque sea por 60 días y aunque sea para ganar tiempo.
Los economistas -incluso los que defienden al “modelo” K- se preguntan por estas horas qué pasará “el día 61”, es decir, el 1 de abril, cuando el acuerdo con los supermercadistas expire.
Por experiencias pasadas, muchos creen que ese día los empresarios remarcarán los productos con la inflación acumulada en los dos meses en los cuales se congelaron los precios. Otros son más pesimistas y creen que la remarcación será mayor.
¿Por qué? Porque los supermercados y los hipermercados pagarán lo que compren en estos dos meses a los 90 días de cada compra -como hacen siempre- y en ese lapso los costos de sus proveedores seguirán subiendo, por lo cual cuando estos facturen a los supermercadistas les agregarán aquello que transitoriamente “pierdan” durante el acuerdo de precios. De esta manera, las subas en "el día 61" serán muy grandes, alertan. Más allá del tono de las opiniones, todas coinciden en que los acuerdos de precios sólo agregan más especulación al escenario inflacionario.
Por estas horas el fantasma del “Rodrigazo” sobrevuela la Argentina actual pese a que ésta no se parece demasiado al caótico 1975 cuando el ministro de Economía de Estela Martínez de Perón, Celestino Rodrigo, decidió “sincerar” de un día para el otro los atrasos en las tarifas, en los precios de los combustibles y en el tipo de cambio, provocando una escalada inflacionaria sin precedentes.
Quienes azuzan este fantasma, como el ex ministro Roberto Lavagna, señalan que el parecido con el “Rodrigazo” tiene que ver con que en ese año primero se cerraron las paritarias y luego se produjo el reacomodamiento de precios, algo que podría darse de nuevo ahora cuando los trabajadores acuerden las subas salariales y luego se encuentren con un aumento de precios superior.
Otros, como el profesor José María Fanelli (Universidad de El Salvador), creen que las coincidencias con aquel momento histórico no son cuantitativas pero sí cualitativas y marca la reiteración de estos elementos: “Exceso de emisión monetaria coexistiendo con una puja salarial con descoordinación entre las políticas del Gobierno para la cuestión distributiva y las pautas para corregir salarios”.
Fanelli bien señala que las subas de tarifas y de precios que el Gobierno nacional autorizó en estos meses están muy lejos de lo que hizo Celestino Rodrigo porque las realidades son diferentes. De hecho, Cristina pidió -regañándolos- a los gobernadores e intendentes que no suban las tarifas de los micros “porque eso genera inflación”. Este reclamo presidencial produjo un hecho histórico en la construcción del relato kirchnerista: el reconocimiento de la inflación. Recién en aquel discurso del 25 de enero en el cual la Presidenta negó la efectividad de los acuerdos de precios -que ahora aplica- Cristina habló claro de aquello que desde 2006 el Ejecutivo venía negando.
Si la inflación no se frena con acuerdos de precios, porque estos generarán más especulación en toda la cadena de circulación de un producto y puede incluso llevar a una remarcación más dañina, ¿cómo puede el Gobierno dar batalla a la misma? El periodista de Página 12, Alfredo Zaiat, publicó hace unas semanas algunas de las claves de lo que piensa el kirchnerismo sobre el fenómeno inflacionario citando el informe “Programación 2013” del Banco Central de la República Argentina, cuyo subtítulo es “Objetivos y planes para el desarrollo de la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria”.
Allí el BCRA reconoce que hay cinco fuentes de inflación: “La presencia de desequilibrios en la estructura productiva”; “los cuellos de botella en determinados sectores”; “la puja distributiva”; “la formación oligopólica de precios” y “los shocks exógenos de los precios internacionales”. Luego, la autoridad monetaria reconoce que su receta sigue siendo la misma que hasta ahora: “No existe otro camino que el desarrollo productivo con inclusión social. En un contexto en el cual las presiones inflacionarias son mayoritariamente causadas por la concurrencia de los factores previamente mencionados y no por los excesos de demanda, las soluciones ortodoxas resultan insatisfactorias”.
El Gobierno rechaza las explicaciones ortodoxas sobre la inflación, que encuentran básicamente como causa de la misma a la elevada emisión monetaria y al aumento descontrolado del gasto público. Es sabido que el kirchnerismo defiende el impulso que da el Estado al consumo como principal motor de la economía (lo dice el Presupuesto 2013) y por eso se niega a reducir el gasto público en los hechos (aunque el Presupuesto 2013 se lo propone) y menos aún en un año electoral como éste. Pero la veloz circulación del dinero, que nadie quiere atesorar por su desvalorización constante, provoca el mejor ecosistema para la inflación desmadrada.
Fanelli señala que la emisión crece a un ritmo del 40% anual y hay que recordar además que el año pasado, cuando se reformó la Carta Orgánica del BCRA, se amplió casi tres veces la capacidad de préstamos al Tesoro.
La preocupación de quien lee el diagnóstico del BCRA sobre la inflación crece si se observa que el Gobierno tampoco pudo enfrentar en los últimos seis años los cinco elementos que la autoridad monetaria reconoce como causales de inflación, principalmente los cuellos de botella en la producción de ciertos bienes y la formación oligopólica de los precios.
Ante estos problemas complejos, el kirchnerismo sólo propuso la ortopedia de Moreno, como lo está haciendo ahora.
En cambio, los economistas más radicales sugieren al Gobierno intervenir directamente en la producción de los bienes básicos, poniendo al Estado a elaborarlos para que realmente haya competencia y se termine la cartelización de precios.
Desde el liberalismo se indica lo contrario: que se abran las importaciones para que los productos de Brasil, China o Estados Unidos obliguen a los empresarios argentinos a bajar los precios de sus bienes. Claro que esto pondría en riesgo el único pilar del modelo K que sigue con vida: el superávit en la balanza comercial que le permite pagar la deuda externa y comprar el combustible que la Argentina no produce.
