El Gobierno nacional buscó presentarlo como un avance, como un logro de su política exterior, pero el acuerdo con la República Islámica de Irán en torno a la causa AMIA genera tantas dudas en cuanto a sus reales objetivos y por la forma en cómo está redactado, que se le está volviendo en contra como un boomerang. La postal de los años ?90, con toda la comunidad judía en contra del gobierno de Carlos Menem, se repitió nuevamente estas últimas semanas y el kirchnerismo, que desde 2004 había construido gran consenso entre las instituciones de la colectividad judía, pasó a tenerlas de un momento a otro en la vereda opuesta por la desconfianza que suscita el tratado con el Estado, acusado de ser el responsable intelectual de la masacre.
La explicación se encuentra en el sorpresivo giro que hizo el Gobierno nacional sobre el tema: pasó de pedir internacionalmente sanciones para Irán por negarse a cooperar, a pactar con este país un memorando que -al entender del Gobierno argentino- permitirá al juez de la causa tomar declaraciones a los ciudadanos persas imputados en Teherán para así poder cumplir con el debido proceso y llegar a una sentencia.
Casi opuestamente, al entender del Gobierno iraní, el tratado permitirá revisar todo lo actuado por la Justicia argentina a cambio de permitir que, eventualmente, el juez pueda interrogar a los iraníes pero no en calidad de acusados, ya que la Constitución de Irán no permite que un ciudadano de ese país se someta a otra ley que no sea la iraní.
En cualquiera de las dos visiones, es seguro que los imputados no serán extraditados para poder ser sentados en el banquillo de los acusados. El crimen, aun si se conoce la verdad que el Gobierno argentino dice estar persiguiendo con este giro, quedará impune.
El paso del canciller Héctor Timerman por el Senado para defender el acuerdo con Irán no fue tan difícil para el funcionario como la oposición hubiera querido. La principal estrategia de radicalismo fue poner de manifiesto que el fiscal de la causa, Alberto Nisman, no está de acuerdo con el pacto iraní y que es por eso que tanto la DAIA como la AMIA se manifestaron tan contrarias al memorando. Pero lo cierto es que la oposición no logró introducir en la visita del canciller a la Cámara alta un profundo debate de la inserción de la Argentina en el nuevo contexto internacional.
Nadie, por caso, se animó a mencionar el rol de Venezuela, siquiera sea para descartar la influencia de Hugo Chávez en el acercamiento con Irán.
Tampoco los legisladores de la oposición preguntaron a Timerman por la reunión mantenida en Siria hace dos años que, según reveló en aquel entonces el periodista Pepe Eliaschev, fue el comienzo de esta salida pactada con Irán al conflicto por la AMIA a cambio de incrementar la relación económica con este país y el mundo árabe en general.
De hecho, Timerman casi no tocó el tema internacional (sólo fue presentado por el kirchnerista Miguel Pichetto, casi como un bosquejo, cuando precisó que en breve Irán se reunirá a debatir con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU el tema nuclear). Tuvo que irrumpir Laura Ginsberg, presidenta de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, quien no había sido citada junto a las otras asociaciones de familiares y amigos de las víctimas, para que la cuestión internacional se colara en el debate.
Es menester una presentación: Ginsberg es la cara visible de lo que hasta ahora era una minoría en la colectividad judía que está y siempre estuvo en contra del accionar de los gobiernos kirchneristas. En 2008 logró una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por la cual se denegó al Estado argentino la petición de tachar una dura acusación de Ginsberg, quien en el juicio por resarcimiento por la muerte de su esposo, mantuvo que el Estado argentino fue "el principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina".
El miércoles, en el Senado, Ginsberg aseguró que el acuerdo con Irán es una ley de "punto final" a la causa AMIA. Fue ahí mismo donde aseguró que "Irán viene a salvar a la Argentina" porque "el contexto internacional se ha modificado y porque el Gobierno de EEUU quiere negociar con Irán porque tienen que superar el tema nuclear y el tema de Oriente Medio".
Sin explayarse, Ginsberg puso de nuevo la discusión en un contexto geopolítico en el cual encontramos a la Argentina en el medio de las tensiones y primeros acercamientos de Estados Unidos con Irán frente a la necesidad de eliminar la amenaza nuclear para poder hacer una retirada de Afganistán luego de 10 años (como señalan expertos internacionales, éste es un tema vital para la administración de Obama).
La mujer lanzó luego su afirmación más fuerte: "El gobierno (argentino) no sabe más ya qué hacer para sacarse el tema de encima". Ayer, en declaraciones radiales, Ginsberg insistió en su acusación principal, que el Estado argentino "está involucrado en el encubrimiento y en la comisión del crimen".
Si Ginsberg ganó su batalla judicial contra el Estado argentino es porque antes el Tribunal Oral en lo Criminal Número 3 de Buenos Aires, en 2004, anuló toda la investigación judicial hecha por el destituido juez Juan José Galeano y llegó a la conclusión de que el Estado argentino -el Gobierno y la Justicia- habían fraguado toda la investigación y encubierto pistas vitales para conocer la verdad de la masacre.
Luego, este mismo fallo del TOF3, fue tomado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, cuando antes de dictaminar en contra del Estado argentino por no haber prevenido el atentado a la AMIA -antes sucedió el de la Embajada de Israel- y por haber encubierto pruebas en la investigación, aceptó un arreglo propuesto por el presidente Néstor Kirchner en 2005 a las partes demandantes, las asociaciones Memoria Activa, el CELS y Cejil.
Allí, el Gobierno de Kirchner reconoció ante el mundo que el Estado en tiempos de Menem violó derechos básicos como el de la vida, a la integridad física, a la protección judicial y a las garantías judiciales. Por escrito, admitió que "existió un incumplimiento de la función de prevención por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado" y que "existió un encubrimiento de los hechos porque medió un grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación del hecho ilícito y porque este incumplimiento en materia de investigación produjo una clara denegatoria de justicia".
Sin embargo, pese a tan grave reconocimiento, Kirchner firmó el decreto 812/2005 por el que se da a conocer el arreglo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se comprometió al Estado a realizar una serie de tareas que nunca se concretaron.
El pedido de Ginsberg es que ante lo que ella considera un cierre de la causa AMIA internacionalmente, se profundice la investigación de la causa por encubrimiento por la que irán a juicio Galeano, Menem y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. La mujer propone la creación de una comisión investigadora "independiente del Estado" porque considera que éste es el que ha estado garantizando la impunidad.
Así, llegamos a dos afirmaciones que marcan la complejidad del tema fronteras afuera y adentro. Por un lado tenemos que el memorando con Irán no garantiza a la Argentina que la verdad del atentado a la AMIA salga a la luz y que sus responsables sean condenados pero, en cambio, podrá ayudar a Irán a descomprimir sus conflictos con Occidente y, a la Argentina, mejorar sus negocios económicos con este país.
Por otro lado, observamos la deuda interna que tenemos como Nación ya que aún está pendiente el juicio y la condena de quienes hicieron todo lo posible desde el Estado para garantizar la impunidad.
Sintetizando: a 19 años de la masacre, la Argentina tampoco condenó a los encubridores del crimen y a nivel internacional modifica su posicionamiento de cara al nuevo capítulo de negociaciones de las grandes potencias con Irán.
