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El kirchnerismo logró una ajustada victoria parlamentaria para imponer, primero en el Senado y en la madrugada de ayer en Diputados, el acuerdo con Irán en torno a la causa AMIA. Se trata de un triunfo opaco, en el cual el oficialismo se quedó solo, sin siquiera el acompañamiento de la comunidad judía y sin el apoyo de la oposición, que nunca pudieron entender qué hay detrás de este acercamiento al régimen islámico que está acusado por nuestra Justicia de asesinar a 85 personas en 1994.
El Gobierno nacional, que mantuvo consenso en este tema durante 10 años por sus esfuerzos de hacer avanzar la investigación tanto adentro como afuera de nuestro país, se quedó de repente solo. ¿Se trató de un error de cálculo como se preguntaron algunos diputados el miércoles? ¿El kirchnerismo buscó un nuevo relato-epopeya fundado sobre la búsqueda de verdad y justicia para ganar, así, adhesión de la opinión pública pero esta vez no le salió bien? Parece poco plausible que sea esto lo que ocurrió. Esta interpretación significaría pensar a la Casa Rosada sólo concentrada en los asuntos domésticos del país y totalmente ajena a los nuevos caminos que está tomando la política internacional en la cual el rol de Irán tiene una importancia determinante.
Con la ley de ratificación del memorando con Irán sancionada, no hay vuelta atrás para el Gobierno nacional, que ingresó así en un periplo sinuoso que podría demandar años en los cuales una comisión de notables examinará todo lo actuado por el fiscal de la causa, Alberto Nisman, y escuchará lo que los iraníes acusados tengan para decir para luego hacer recomendaciones.
Se trata del análisis de 200 mil fojas de una causa complejísima que coexiste con la retrasadísima investigación de la conexión local -los argentinos que posibilitaron materialmente el atentando- y con la causa por encubrimiento que tiene al ex juez Juan José Galeano y al ex presidente Carlos Menem como caras visibles de la corrupción en pos de la impunidad.
De este análisis que hará la Comisión de la Verdad -sin dudas el principal logro de Irán, que siempre quiso deslegitimar la actuación de la Justicia argentina- depende que se pueda concretar la declaración indagatoria que el kirchnerismo promete podrán hacer el fiscal y el juez de la causa a los acusados en Teherán. Pero como el memorando no estableció plazos de ninguna índole (salvo para que los dos países avisen desde la firma del acuerdo, el 27 de enero último, a Interpol de la voluntad de cooperar) todo el mundo estima -el canciller Timerman no dio precisiones- que el proceso será engorroso y de él dependerá que la Justicia argentina pueda dar el único paso que el Gobierno nacional está prometiendo y que sería su principal logro en este acuerdo con el régimen iraní: el interrogatorio judicial a los imputados como autores intelectuales, aunque no a todos, sino sólo a los cinco sobre los que Interpol libró circulares rojas (el ex presidente de Irán, el ex embajador y el ex canciller zafaron), con una curiosidad extra: los notables de la Comisión de la Verdad podrán preguntar también e intervenir -lo dejó claro Timerman- si el juez Canicoba Corral así lo permite. Todo muy sui generis.
La "pequeña lucecita" que ven los familiares de la víctimas que apoyaron el tratado (Memoria Activa y la agrupación del kirchnerista Sergio Burstein, 18-J) está entonces subordinada a este larguísimo y viscoso proceso que, en el mejor de los casos, permitirá al juez elevar la causa a juicio. Esto, claro, si es que Irán permite que sus cinco ciudadanos declaren ante el juez argentino, algo que no está contemplado por las leyes de ese país.
El kirchnerismo se mostró orgulloso de estar tomando todos estos riegos en pos de conocer la verdad. El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dijo ayer a la madrugada desde su banca: "Todos sabemos que la Justicia podrá seguir acumulando información pero desde el proceso penal no puede avanzar un ápice porque sin indagatoria ni siquiera se puede procesar a los imputados".
Sin embargo, el jefe del bloque radical, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, relativizó todo esto y recordó que la Constitución de Irán no acepta la extradición de sus ciudadanos. "¿Qué ganamos con permitir algo que ni siquiera sabemos si será una indagatoria, si a partir de ahí ellos no habilitan la extradición y se cae todo?", sostuvo y remarcó algo obvio: la legislación argentina no permite que se juzgue a un acusado en su ausencia.
Pero los radicales agregan un elemento más riesgoso: que luego de la declaración de los cinco iraníes expiren las alertas rojas de Interpol que fueron pedidas por el juez Canicoba al solo efecto de tomarles indagatorias y entonces los iraníes -dos de ellos candidatos presidenciales- puedan recorrer el mundo alegremente. Los mayores esfuerzos argumentativos que hizo Timerman en su paso el martes por Diputados fueron para aclarar que las circulares rojas no caerán salvo que Canicoba lo permita, pero la oposición sostiene que los mismos imputados podrán pedir que se dejen sin efecto luego del pacto de cooperación que la Argentina firmó con Irán.
Lo que más dolió al kirchnerismo desde que arrancó el debate legislativo del memorando son las acusaciones de AMIA, DAIA, Laura Ginsberg y la oposición de que el acuerdo con Irán tiene como fin, no dicho, poner fin a la causa internacional por la masacre. Es que toda la política de Derechos Humanos del Gobierno, basada en el juicio y castigo a los genocidas, se ve manchada por estas afirmaciones.
¿Qué hay detrás del memorando? Es la pregunta que dispara la vaguedad del texto que Timerman firmó en Etiopía con el canciller Salehi y el notorio cambio de la política internacional que decidió la Casa Rosada, que pasó de meter presión multilateral a Irán a pactar con él una revisión de la causa argentina a cambio de la pequeña posibilidad de tomar indagatorias a los acusados sin que Irán garantice a cambio su extradición.
El Gobierno sostiene que no hay un alineamiento con Irán y que las elucubraciones opositoras son puro delirio. Sin embargo, no pudo desmentir categóricamente aquella reunión de hace dos años en Siria del propio Timerman con el presidente de ese país, Bashar Al-Assad (el mayor aliado de Irán) que reveló el diario Perfil y en la que algunas fuentes afirmaron que se abordó la salida a la controversia con Irán por la causa AMIA que estamos viendo ahora. Además, la Cancillería actuó tarde cuando el presidente Evo Morales recibió en Bolivia en junio de 2011 al ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, uno de los cinco ciudadanos que tienen circulares rojas por estar acusado por la Justicia argentina.
Hay otros elementos que permiten inferir que sí existe un alineamiento con Irán como el que tienen Venezuela, Bolivia o Ecuador (que fueron en buena medida alentados por Lula Da Silva cuando propuso a Brasil como mediador entre Irán y Occidente). Pero en el caso argentino este realineamiento sería consentido por las potencias occidentales.
La diputada de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, preguntó a Timerman el martes si ahora que Estados Unidos está negociando con Irán el tema nuclear a los efectos de pacificar Oriente Medio y poder sacar sus tropas de Afganistán, la Argentina no está haciendo "el trabajo sucio" eliminando controversias de Irán con Occidente que permitan avanzar a la Casa Blanca. La respuesta de Timerman fue más bien una crítica a Israel y Estados Unidos por haber usado la causa AMIA para influir en la política doméstica argentina durante 19 años, pero no pudo alejar las dudas que formuló la legisladora porteña y que luego retomaron otros diputados el miércoles en el recinto.
El espectáculo de ver a un canciller negándose a hablar de los intereses geopolíticos de su país en el Congreso nacional no hizo más que avivar la desconfianza sobre el tratado con Irán.
