Actividad petrolera: en jaque por Pérez

Ejemplos sobran: previo a las elecciones de 2011 y en menos de un año, se prorrogaron 16 áreas petroleras a YPF. Cuando llegó el mandato presidencial, en pleno clima de expropiación, la misma gestión revocó la concesión de dos áreas (Ceferino y Cerro Mollar Norte) aduciendo incumplimiento de obligaciones por productividad con imperdibles argumentaciones para uno y otro caso. Evidentemente, una de las dos era una decisión equivocada. Este autoritarismo nacional y obsecuencia provincial no termina ahí; sancionada la ley de expropiación de YPF, el Poder Ejecutivo Nacional -ante el cómplice silencio de la gestión Pérez- dictó dos decretos, el 1.277/12 y el 929/13, que afectan gravemente la autonomía provincial, arrogándose la Nación facultades eminentemente provinciales (en este aspecto, solicité a la Fiscalía de Estado que accionara por la inconstitucionalidad de los mismos y en el Congreso presenté proyectos de ley para pedir su derogación).

Hace pocos días, la Justicia Federal, en sintonía con nuestros argumentos, ratificó el abuso de autoridad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, invocando el avasallamiento a las provincias por el incumplimiento del artículo 124 de la Constitución Nacional. A la debilitada voluntad de la actual gestión frente a la imposición de (la) Nación, se suma ahora la inoperancia de la administración de la Empresa Mendocina de Energía SA, y esto es letal para Mendoza. En el último proceso licitatorio, el presidente de Emesa, Alejandro Neme, se forzó mucho en aclarar que el régimen jurídico de la empresa es de estricto derecho privado y omitió dar intervención al fiscal de Estado, a pesar de que la propia ley de creación de dicha empresa, en su artículo 7, así lo dispone.

Y ni hablar de la violación al artículo 1 de la Constitución provincial, que declara los recursos petroleros como patrimonio inalienable e imprescriptible de la Provincia, por lo cual ésta no puede desentenderse de su gestión en manos de una empresa sin el más mínimo control. El proceso licitatorio de Emesa y la interpretación de su titular de cómo debe administrarse un recurso provincial estratégico constituyen un pésimo antecedente que demuestra la liviandad con la que se piensa concesionar las áreas petroleras y denota también la falta de responsabilidad del Poder Ejecutivo al permitirlo.

En otras palabras, resulta inadmisible poner en marcha un proceso de licitación sobre recursos públicos interpretando que el proceso licitatorio debe regirse por derecho privado, eludiendo los controles y la publicidad de la contratación. Ya conocemos cuáles fueron los resultados de los otorgamientos anteriores, que solo favorecieron al negocio inmobiliario de unos pocos en detrimento de todos los mendocinos.

Desde nuestro rol opositor no nos quedamos en la crítica: hablamos de caída de producción y regalías, de desinversión, y decimos que se está condenando el bienestar presente y futuro de la gente por no hacer lo que se debe; pero también aportamos. Existe un proyecto de ley integral para el desarrollo de los hidrocarburos (presentado en el Congreso de la Nación por María Eugenia Estenssoro y quien escribe) que está olvidado, sin intención de ser debatido, en algún cajón.

Mendocinos, exijamos al actual gobierno de la Provincia que ejerza sus potestades constitucionales con la transparencia, controles y responsabilidad con que se debe guiar el accionar público. Y digamos a viva voz que con los recursos naturales no se juega; de seguir así, mañana será demasiado tarde. Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.