El pacto fiscal firmado con las provincias -excepto San Luis - demuestra cintura política- pero, no sería tan beneficioso como se ha publicitado, ni resultaría la "gran herramienta de ordenamiento de las cuentas públicas".
El pacto fiscal firmado con las provincias -excepto San Luis - demuestra cintura política- pero, no sería tan beneficioso como se ha publicitado, ni resultaría la "gran herramienta de ordenamiento de las cuentas públicas".
Tampoco resultaría apropiado como instrumento de equilibrio regional porque el beneficio obtenido por Buenos Aires, harto señalado, por sobre el resto de las provincias y de la Nación -quedan obligadas a resignar recursos en su favor- no es más que un parche, que podría agravar el problema del conurbano bonaerense, generando mayor empobrecimiento y favoreciendo nuevas migraciones hacia el ya colapsado Gran Buenos Aires. Se produciría lo que Charles Tiebout definió como "votar con los pies" -tendencia a emigrar hacia lugares donde hay mejores posibilidades de vida y oportunidades laborales- reforzando, paradójicamente, lo que se quiere evitar: la concentración poblacional bonaerense en desmedro del resto del país, con el consiguiente aumento de los niveles de pobreza.
Mendoza resultó perjudicada con el Pacto Fiscal 2 de 1993, implementó la baja en la tasa de Ingresos Brutos, la tasa cero para actividades primarias y extractivas y, trasladó sus cajas previsionales a la Nación, resignando, así, autonomía. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, no cumplieron lo pactado y mantuvieron sus cajas provinciales deficitarias. La Nación envía fondos para subsidiar el déficit de sus 4 cajas previsionales. En 2015 solo el déficit de la caja Banco Provincia (tiene 16.000 jubilados) fue de 4.000 millones de pesos.
Ocurre también con las cajas previsionales de Córdoba y Santa Fe, cuyas jubilaciones de privilegio pagamos todos los argentinos. Asimismo sostenemos los bancos provinciales deficitarios de Buenos Aires, de Córdoba y Santa Fe. Mientras Mendoza perdió sus 2 bancos, el BAPRO, entre 2001 y 2002, recibió el 90 % de los redescuentos a los bancos públicos y el 50 % del total de redescuentos que otorgó el BCRA, resultando subsidiado por el resto de las provincias.
Mendoza comparte externalidades negativas con la provincia de Buenos Aires (pobreza, concentración poblacional, etc.) pero no las positivas (Buenos Aires posee un suelo privilegiado con lluvia suficiente - aún con inundaciones y avatares climáticos- con cosechas anuales o semestrales muy productivas. En Mendoza el frío, las nevadas, la falta de agua, la piedra dificultan la situación y una viña necesita años para dar frutos). Sin recibir, como Buenos Aires, beneficios extras -subsidios a las cajas jubilatorias y al Banco Provincia-. El Pacto Fiscal no consideró estas "ayudas" que reciben algunas provincias.
Nuestra provincia es una de las perdedoras en cuanto a su posición relativa respecto de la Nación y de la mayoría de las provincias. Es una paradoja: es la más chica de las provincias grandes y cuando se asignan recursos en base a la pobreza queda fuera del reparto y, como no está entre las provincias pobres, debe solventar las necesidades de las provincias pobres.
El presupuesto nacional como "programa general de gobierno" (Constitución de 1994) implica determinar las necesidades públicas y los recursos para satisfacerlas. La teoría de Oates establece que el Estado debe buscar el mínimo nivel posible de escala para asignar los recursos (municipal, provincial o nacional) y ver el nivel de restricciones que surgen de esta asignación en base a distintas externalidades (distancia, clima, etc.). Esta teoría se complementa con lo dicho sobre Tiebout. Si no ordenamos las cuentas públicas estaremos corriendo gente hacia las zonas más beneficiadas como la provincia de Buenos Aires, transformándola en un barril sin fondo, como viene ocurriendo con las sucesivas malas políticas.
Si se toman medidas estrictamente fiscales, sin una perspectiva política, sociológica, federal, sin hacer un programa general de gobierno, caeremos en el error de hacer más de lo mismo, e indefectiblemente tendremos una nueva crisis económico-social. Ningún pacto fiscal puede funcionar sino se reduce, al menos en 3 puntos, el déficit fiscal con respecto al PBI. Endeudándonos o emitiendo moneda sin planificación, tendremos un colapso estilo 2001 o como el de 2015. Es historia cíclica.
El presupuesto contempla solo algo más del 30 % del gasto público violentando el principio de universalidad. Fuera quedan, entre otros, Aerolíneas Argentinas, YPF, Yacyretá, BCRA, Banco Nación, BICE, PAMI que impactan en las cuentas públicas. Hay 300.000 millones de pesos en gastos tributarios (subsidios). ¿Qué se subsidia y como se aplica por municipio, por provincia, por barrio? ¿Por qué no fueron discutidos en el acuerdo? Hay muchos sectores de donde sacar fondos. Por ejemplo ¿por qué no vuelven los Registros del Automotor al Estado y dejan de ser caja para la política?
A la reducción del déficit fiscal no se debe llegar con más ajuste -el cual sólo serviría para generar mayor caos político y más sufrimiento social- sino reasignando recursos en los programas presupuestarios, reordenando las cuentas públicas. Existen más 400 programas. En muchos faltan recursos pero en otros sobran. Para ello debe hacerse un estudio serio de los programas, contemplando las necesidades reales, las diversidades geográficas, demográficas y respetando las prioridades consensuadas entre los distintos sectores
Mientras Mendoza cumplió los acuerdos y perdió, a mayoría de las provincias grandes, no cumplió. ¿Cómo hará el gobierno nacional para forzar su cumplimiento si no se ha fijado ningún mecanismo para compeler a las provincias que se rehúsen eventualmente a cumplir? ¿Este acuerdo no es fruto de una victoria pírrica del gobierno provincial por mantener la tasa cero para el vino?
El pacto fiscal políticamente exitoso porque acordaron casi todos con notable rapidez, si no abarca los problemas de fondo, ni aporta soluciones concretas, ni comprende el programa general de gobierno no le sirve a la Nación. Debemos trabajar con cuidado sobre la letra chica, porque históricamente ha quedado demostrado que este tipo de pactos lleva a que los pobres de la Argentina terminen subsidiando a los ricos que viven en las provincias pobres y a los barones del conurbano bonaerense.