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Para la totalidad -porque no hay excepciones- de los actores de la industria, este fin de año hay muy poco para festejar. Porque el balance da números en rojo y las expectativas futuras no otorgan demasiadas posibilidades de cambio, al menos por el momento.
Hubo una preocupante caída en el mercado interno -que ya venía en baja respecto de otros años- mientras las exportaciones volvieron a caer en volumen, porque los vinos a granel argentinos prácticamente no tienen mercados, en razón de que el mundo se mueve a favor de los vinos blancos de uvas blancas, mientras los caldos argentinos, los blancos escurridos, surgen de criollas y cerezas.
Paralelamente, los vinos varietales, los de mejor calidad, se encuentran día tras día con más problemas de competitividad porque mientras en otros países se les favorece a los industriales las posibilidades de exportación, en la Argentina se imponen cada vez más trabas.
Dentro de ese esquema, hay otro aspecto no menos importante: los vinos argentinos pierden competitividad porque la inflación genera que los costos de los insumos internos aumenten considerablemente -incluyendo los salarios- mientras el dólar no aumenta de manera similar.
Ello ha provocado que una gran cantidad de bodegas chicas y medianas hayan decidido dejar de exportar y que sólo puedan hacerlo aquellas que cuentan con suficiente espalda financiera para enfrentar la situación. En el Gobierno nacional deberán entender entonces que, mientras persista la inflación, las economías regionales sufrirán cada vez mayores consecuencias.
Pero los problemas surgen no sólo por los problemas de inflación sino que también existen medidas puntuales que afectan seriamente a nuestra principal industria:
Ley de los espumantes: años atrás se había decidido la inclusión de los espumantes dentro de lo que se denominaban bebidas “suntuarias”, como el whisky, el coñac u otras bebidas blancas, que eran gravadas con un impuesto de 13,8 por ciento. Néstor Kirchner, ante un pedido de la industria, decidió por decreto suspender ese impuesto al champán, a cambio de que ese dinero fuera invertido por las bodegas para generar más puestos de trabajo.
Durante mucho tiempo la medida fue prorrogándose año tras año y meses atrás el senador nacional por Mendoza Adolfo Bermejo presentó un proyecto a través del cual el champán era considerado un vino -con toda razón porque es un producto que sale de la uva- y por lo tanto quedaba exceptuado del pago del impuesto.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara alta pero sucumbió en Diputados, aún a pesar de que el presidente de esta cámara anunciara su segura aprobación durante el reciente congreso internacional de la OIV realizado en Mendoza. Lo grave del caso es que quien dejó mal parado al titular de Diputados fue la presidenta del bloque oficialista, quien adujo que, por tratarse de la modificación de un impuesto, el proyecto debía surgir en Diputados. Cabría aclarar que en ningún momento el proyecto hablaba del impuesto sino sólo de considerar al champán como un vino.
La Presidenta de la Nación dijo luego que, ante la nueva situación, prorrogaría la exención por decreto, pero el ministro de Agricultura de la Nación quiere negociar un nuevo acuerdo que impone condiciones que no son fáciles de cumplir para la gran mayoría de las bodegas que elaboran champán, especialmente las chicas y medianas. Sorprende la actitud de un ministro que conoce la industria, porque es un hombre de Río Negro y además que estuvo en el INTA durante muchos años. Si no se alcanza un acuerdo y se aplica el impuesto, será un golpe muy duro para la industria de los espumantes.
Ley de edulcoración: todos dicen que apoyan la desgravación impositiva a las gaseosas siempre y cuando edulcoren con jugos naturales, una norma legal que beneficiaría al mosto. Sin embargo, hasta el momento no hay pasos en concreto.
Tolerancia cero: el ministro del Interior y de Transporte, el mismo que encabezó el acto inaugural del Tren del Vino y que nadie usa, impulsa ahora un proyecto que establece tolerancia cero de alcohol para los conductores.
En lugar de hacer una autocrítica, porque el principal problema es la falta de personal en las rutas, el ministro dice que la culpa la tiene el alcohol, inclusive entre los que toman muy poco. De aplicarse, golpeará con dureza a los vinos que se expenden en los restaurantes.
Problemas para importar y para exportar: en lugar de facilitarles las cosas a los industriales que quieran exportar o que necesiten insumos importados, para que puedan dedicarse exclusivamente a sus negocios, como sucede en todo el mundo, en la Argentina lo que se imponen son trabas permanentes. Cuesta mucho, en tiempo, importar y hay demoras inexplicables y molestas en la devolución de las retenciones. Todo en contra y nada a favor.
Fideicomiso para sacar excedentes: se trata de sólo 200 millones de pesos en un presupuesto de decenas de miles de millones en el orden nacional. Pero nadie los puede obtener y por lo tanto no se pueden sacar los excedentes que influyen sobre el precio del vino.
Todo en contra y absolutamente nada a favor desde el Gobierno nacional.
Decisión polémica
El anuncio del Gobierno provincial sobre las medidas para tonificar el precio del vino generaron la inmediata polémica de parte de los sectores. Para algunos se trata de medidas positivas, otros prefieren leer con detenimiento la “letra chica” y el resto, podríamos indicar una fuerte mayoría, las rechaza indicando que con los bloqueos, la prohibición de implantar y demorar la fecha de liberación de los vinos, se está volviendo atrás en el tiempo y dejando de lado todo el avance que logró la industria en las últimas dos décadas.
Para el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este se trata de la aplicación de las medidas que la entidad había solicitado. Dirigentes de Bodegas de Argentina prefirieron esperar, señalando que querían ver la letra chica, aunque no están de acuerdo con prorrogar la fecha de liberación.
En el resto, entre los que se encuentran la UVA, Acovi, Asociación de Viñateros, gente del mosto y otros, que se reunieron el jueves, hay malestar porque el Gobierno hizo los anuncios sin haber consultado previamente con los sectores, destacando que se ha roto la relación con el Ejecutivo y no descartan que se produzcan reacciones duras de parte de los productores. Aseguran que con estas medidas se ha vuelto a la década de los ’70, que generó la erradicación de decenas de miles de hectáreas de viñedos.
Más allá de las posiciones de los sectores, cabría señalar que hay algunos aspectos difíciles de aplicar, como por ejemplo la prohibición de implantación de nuevos viñedos no es una medida que puedan aplicar los gobiernos provinciales sino que debe surgir por una ley aprobada por el Congreso y respecto del bloqueo o de la prórroga de la liberación de los vinos, hay quienes anticipan que podría generar una catarata de presentaciones judiciales.
Por Luis Fermosel - Especial para Los Andes
