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La política argentina se encamina velozmente a un nuevo tiempo. Este es el mensaje que dejaron las elecciones del pasado domingo ya que dos de cada tres argentinos votó a nivel nacional en contra del actual Gobierno, proporción que se eleva en los grandes centros urbanos del país a tres de cada cuatro ciudadanos.
La circunstancia es radicalmente diferente a la de 2009, cuando también al Ejecutivo le fue mal en las urnas, porque en aquella oportunidad existía para Cristina Fernández de Kirchner la reelección y también la posibilidad de alternarse en el poder con Néstor Kirchner.
Cuando retome las riendas del país, Cristina Kirchner deberá enfrentar sus dos últimos años como presidenta. Pero el tránsito hacia la nueva etapa político-institucional no será -como suele suceder en nuestra Argentina- un paseo tranquilo.
Para empezar, el mismo domingo después de los comicios, mientras el oficialismo intentó mostrarse unido (ante la derrota y por la ausencia de la Presidenta), las pujas por la sucesión quedaron a la vista de todas las audiencias en el búnker kirchnerista cuando llego el momento de hablarle a la ciudadanía a coro.
Daniel Scioli, el gobernador bonaerense, que sufrió un fuerte revés en su distrito, cerró un acto surrealistamente celebratorio que se había iniciado con la algarabía del vicepresidente Amado Boudou.
Pero antes Jorge Capitanich enrostró a todos su contundente triunfo en el Chaco y el entrerriano Sergio Urribarri se mostró casi como un vocero de la jefa de Estado, como el más allegado a sus íntimos colaboradores.
Ambos son impulsados por diferentes sectores de la Casa Rosada para contrarrestar la ambición de Scioli de nuclear detrás de sí a todo el peronismo oficialista y ser el candidato natural en 2015. La puja intra-kirchnerismo ya está desatada.
El jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, admitió que cuando la Presidenta reciba el alta médica podría hacer cambios en su equipo de colaboradores -se habla de la llegada de Urribarri a la Jefatura de Gabinete para darle visibilidad nacional y de que Capitanich o Diego Bossio podrían recalar en Economía-, pero aclaró que el “modelo” no se toca.
Los economistas más avezados del país piensan lo mismo que Abal Medina: que Cristina no hará grandes modificaciones y seguirá las mismas recetas. Será su sucesor, sea un opositor o un leal, quien debe desactivar las bombas que anidan en la macroeconomía argentina.
El único giro evidente -hacia el mercado- es la toma de préstamos del Banco Mundial para tener aire y no seguir deshilachando las reservas del Banco Central, que vienen cayendo a razón de 1.000 millones de dólares al mes.
Pero sobre los ajustes en los descomunales subsidios, el enorme déficit de la balanza energética -que creó y recreó el kirchnerismo en sus diez años- y la lucha contra la inflación, no hay mayores certezas que las de sostener el atraso cambiario (devaluación lenta y progresiva), que afecta a las economías regionales como la de Mendoza, y agudizar los cepos para acaparar los dólares que escasean.
Por otro lado, así como el oficialismo salió a recostarse después de la derrota en 12 de las 24 provincias en el viejo peronismo, las elecciones dejaron bien parados a dirigentes opositores como Julio Cobos, Hermes Binner, Mauricio Macri y Sergio Massa.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia del pasado martes que declaró constitucional los cuatro artículos de la Ley de Medios que enfrentan al Gobierno nacional con el Grupo Clarín en los Tribunales abre ahora las compuertas para la aplicación de toda la norma, lo que en la práctica significa una reducción drástica del multimedio, tanto en dimensiones como en poder de influencia. El proceso de adecuación será largo.
En el Gobierno calculan que en el mejor de los casos demorarán entre seis meses y un año las primeras transferencias de licencias. Pero como advirtieron los dos jueces del máximo tribunal que hablaron con la prensa tras la sentencia, Ricardo Lorenzetti y Raúl Eugenio Zaffaroni, lo más probable es que haya disputas administrativas y judiciales por cada una de las licencias de las que el Grupo tenga que desprenderse, lo que podría devenir -vaticinan especialistas- en un laberinto jurídico.
No es casual que haya sido la oposición la que más temor experimentó luego del fallo. Radicales, socialistas, macristas y peronistas disidentes observan que ahora el Gobierno tiene el camino allanado para silenciarlos definitivamente, no porque la ley plantee eso en su articulado, sino por el mal uso que -creen- hará de ella el Ejecutivo.
Los antecedentes de esa tergiversación de los nobles fines de la norma son ni más ni menos que la política comunicacional que impera en los medios públicos, donde se hace propaganda oficialista y donde los dirigentes opositores sólo aparecen en programas donde son denostados.
Otro antecedente preocupante es el ninguneo que los no kirchneristas tienen en las señales que pertenecen a amigos o socios coyunturales del Gobierno, que a cambio se quedan con el grueso de la pauta oficial.
Como reza el fallo de la Corte a la hora de considerar constitucional toda la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los medios tienen “un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura”.
De esto nadie tiene dudas, por ello mismo es que incluso quienes desde la oposición apoyaron la norma en 2009 temen que el Gobierno la utilice para hacer lo opuesto a lo que ésta predica: dejarlos sin pantalla y sin micrófonos, en lugar de multiplicar voces e ideas. ¿Cómo? Haciendo que las licencias que se transfieran vayan a manos de empresarios oficialistas.
La incertidumbre que tienen es porque no saben quién podrá garantizar que el Afsca -copado por partidarios del Gobierno- aplique neutralmente la norma dado que la misma Corte en su sentencia del martes avisa que “el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos”.
Temen justamente por esos “conflictos futuros” y su largo proceso de resolución, porque mientras tanto podrían quedar marginados de los medios de gran audiencia justo cuando se inicia el proceso de construcción de liderazgos de cara a 2015.
El mismo Máximo Tribunal, que sólo se abocó a resolver sobre la constitucionalidad de los cuatro artículos que estaban judicializados, dejó en su fallo elementos que indican que conoce la realidad política argentina y los malos hábitos del kirchnerismo a la hora de intervenir en los medios, lo que podría leerse como una invitación a recurrir a los tribunales a quienes se sientan discriminados por el Gobierno en la aplicación de la norma.
Los magistrados supremos advierten que sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial “se pierde el sentido de la pluralidad” que impulsa la ley; que el Estado afecta la libertad de expresión “cuando los medios se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas”; que “lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales” y, por último, que es de “vital importancia que la autoridad de aplicación de la ley sea un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de poder”.
En el farragoso tránsito hacia 2015, en el que se dirimen las ambiciones personales de un puñado de hombres, será un elemento determinante el nuevo mapa comunicacional del país. Si las garantías clamadas por la Corte en su fallo no se cumplen, entonces será el oficialismo el que tenga más herramientas -más medios- para ganar la batalla comunicacional y posicionarse mejor de cara a las elecciones ejecutivas.
No es esta una lectura antojadiza ni tampoco una crítica de la Ley de Medios aprobada por el Congreso por amplias mayorías. Todo lo contrario. Como dice la Corte, sólo si la norma es aplicada con justicia habrá libre debate democrático y una sociedad más equilibrada, por lo que el temor de quienes hoy están enfrente del Gobierno es atendible y razonable.