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No será fácil para las provincias petroleras solucionar el conflicto con YPF, más allá de que la Presidenta entregó a los gobernadores el borrador del anteproyecto que definirán mañana, en Buenos Aires, para que le efectuaran las observaciones que estimaran convenientes.
En el caso puntual de Mendoza ya se sabe que Francisco Pérez planteará, entre otras consideraciones, elevar las regalías al 15% (12% actualmente), con liquidación a precio internacional, siempre en un marco de negociación que no altere la relación de las provincias con la Nación. Además pretende que no se elimine el denominado acarreo.
En principio, Mendoza no aparecería en esta disputa petrolera con una postura tan drástica como la de Neuquén que, junto con Chubut, se constituyen en las principales productoras de hidrocarburos y con ello sienten en estos momentos tener las herramientas y los argumentos justos para resistir cualquier tipo de avance nacional sobre sus intereses.
El caso más emblemático es el de Neuquén. Su gobernador, Jorge Sapag, no parece dispuesto a ceder posiciones. Se comenta que es la única provincia que se encuentra dispuesta a ejercer una "resistencia real" ante las pretensiones de YPF. El mandatario neuquino ya viene teniendo contactos tanto con su propia interna partidaria, en especial el gremialista petrolero y senador Guillermo Pereyra, como con los demás sectores políticos de la provincia para tener el aval necesario para soportar la embestida.
Publicaciones periodísticas dan cuenta de que el mínimo afán conciliador que tenía Sapag hasta el lunes quedó de lado luego de conocerse el borrador que entregó Cristina Fernández en Olivos. Lo más delicado para los neuquinos es la virtual desaparición de la empresa de energía, que pretende la Nación, y la posible pérdida de las áreas concesionadas.
Un dolor de cabeza. Para el gobierno de Mendoza esta negociación con YPF y la Nación es sumamente incómoda, no deseada. Es que a Pérez la bronca le surgió con la negativa de la petrolera estatal a presentarse a la licitación que ahora corre riesgo de caer a partir de la vigencia de la nueva ley por ahora en gestación. Esa incomodidad al Gobernador todavía le afecta.
No obstante ello, en el gobierno local lamentan este conflicto porque entienden que la relación Nación-Provincia va mucho más allá del problema energético actual. En el entorno de Pérez consideran que debe imperar el sentido común para evitar que el vínculo con la Casa Rosada se deteriore aún más. Es que reconocen aquí que la amabilidad presidencial detrás de la reunión de Olivos se esconden las intenciones y urgencias de la petrolera estatal y del Ministerio de Economía por la captación de inversores y recursos.
YPF presiona porque sigue insistiendo con que el actual escenario, con la participación de las provincias a través de sus empresas, constituye un trámite sumamente engorroso que termina espantando a los potenciales inversiones extranjeros. El ingeniero Galuccio pretende que prácticamente no existan trabas de ninguna índole para no desalentar a las empresas interesadas, argumentando que dichas reglas rigen en general a nivel internacional.
La oposición y sus objeciones. Así como en el oficialismo provincial están preocupados por el deterioro de las relaciones con la Nación, por el contrario, en el radicalismo mendocino hay quienes consideran que se está a las puertas de "otra claudicación ante el poder central" por una cuestión de mero encolumnamiento partidario.
Voceros del principal partido de la oposición lamentan que el Gobernador no haya convocado a la reunión que anunció con legisladores nacionales para buscar consensos de cara al debate que deberá darse en el Congreso. También porque corresponderá a la Legislatura avalar o no la futura ley.
Argumentan que “el verdadero problema es que en Mendoza se explora poco y se produce poco” y también sostienen que la causa central de dichas falencias son “los bajos precios como consecuencia de las políticas nacionales. Aquí todas las empresas cobran menos que en el resto de los países petroleros. El mismo panorama se da con las regalías”.
Lamentan en el radicalismo que desde el Ejecutivo nacional y desde YPF “se hable más de lo que tienen que hacer las provincias (en materia hidrocarburífera) y nada se hable de lo que corresponde hacer a la Nación”.
En el Partido Demócrata la inquietud la institucionalizaron y por eso hicieron llegar al Gobernador la postura por la situación petrolera a través de una carta que hicieron pública.
El presidente del PD, Richard Battagión, le expresó al mandatario provincial que “de ninguna manera, a nombre de las ingentes inversiones que se requieren para desarrollar la explotación del petróleo no convencional, se pueden aceptar nuevas concesiones de derechos provinciales al gobierno nacional. El federalismo no tolera un nuevo avasallamiento”.
Piden los demócratas un fuerte reclamo por regalías mal liquidadas y, antes de firmar el nuevo convenio, plantear la queja ante YPF por falta de inversión en áreas productivas de petróleo convencional “cuya producción ha caído aceleradamente en Mendoza mientras a nivel país está creciendo”.
Plantea Battagión, en nombre de la conducción demócrata, la necesidad de debatir más adelante la determinación de una política de Estado en materia petrolífera y energética en la provincia.
Acertado el punto de vista de Battagión en cuanto a las concesiones de la provincia en un país constitucionalmente federal porque con la reestatización de YPF, y con el argumento de la defensa de los intereses nacionales, se ha vuelto al avance centralista del poder nacional sobre los de las provincias, los que a partir de la reforma constitucional de 1994 quedan mucho más explícitos al indicarse que corresponde a éstas “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
El diálogo que falta. La semana se completó con los encuentros entre el oficialismo y la UCR, tanto en el ámbito de la Suprema Corte como sólo entre representantes de ambos sectores, para intentar destrabar la pelea por el Presupuesto y el endeudamiento provincial.
Voceros de las partes coinciden en que más allá de la mediación de la Justicia y de la "buena voluntad de los dos lados" (ver página 4) la luz al final del túnel todavía no aparece.
El tránsito hacia un entendimiento se vislumbra a priori dificultoso porque el radicalismo trabó con firmeza toda posibilidad de autorización de toma de deuda, lo que encuentra en estos momentos al Ministerio de Hacienda evaluando las gestiones que llevó a cabo en Inglaterra y Estados Unidos para colocar el bono de 200 millones de dólares.
Habrá que ver cómo el principal partido de la oposición acomoda las cargas, porque en el oficialismo pueden argumentar que si el radicalismo pretende acordar una postura con respecto a la puja petrolera por qué no accede entonces a destrabar la discusión del Presupuesto.
Por José Luis Toso - [email protected]