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La crisis política de Brasil no encuentra piso: en sólo 14 meses cayó una presidenta, su sucesor tambalea acusado de cometer un crimen común y Lula, el hombre que puso al país en el tablero mundial, fue condenado a casi 10 años de cárcel. En este tiempo de caos, los ciudadanos de la mayor economía de América Latina desconocen si irán a las urnas en 2018, si tendrán en cambio un presidente interino por seis meses o si el Congreso elegirá al próximo mandatario en una elección indirecta.
El día a día muestra al presidente conservador Michel Temer contra la pared. Sucesor de la izquierdista Dilma Rousseff (2010-2016) tras un proceso de impeachment, Temer fue acusado de recibir un soborno y ahora la Cámara de Diputados, con decenas de legisladores investigados, decidirá si envía el caso a la corte suprema o lo archiva.
Si el caso avanza y Temer pierde su cargo, Brasil habrá tenido tres presidentes en un año y medio. Entre tanto, muchas leyes y normas han sido reescritas al ritmo de los procesos político-jurídicos y de las conveniencias políticas mayoritarias. Y el gran motor de la agenda política ha sido y es la Operación Lava Jato, la investigación que reveló la cenagosa financiación de los partidos políticos y su relación tras bastidores con el poder económico.
Para el analista político Michael Mohallem, hay un choque entre una forma atávica de hacer política y un funcionamiento inédito de la justicia. “Las instituciones brasileñas de investigación comenzaron a funcionar de una manera diferente y hay un choque claro entre las prácticas intrínsecas de la política, que se hacen de esa manera desde hace décadas, quizá desde siempre, y ese cambio. Por primera vez, la Policía Federal, la Fiscalía General y los jueces pasaron a tener instrumentos, autonomía para combatir los esquemas de corrupción, dijo.
Con todas esas incertidumbres, las elecciones de 2018 aparecen como un horizonte difuso. Temer lucha contrarreloj por sobrevivir y apuesta a su alianza con el Congreso. Mientras tanto, las intrigas sobrevuelan Brasilia desde que la Fiscalía General dividió su denuncia en tres partes y puso en jaque al jefe de Estado. Si sortea la primera, aún podría tener que enfrentar otras dos: por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.
