Francia vive semanas de extrema tensión social a raíz de una histórica ola de protestas estudiantiles y bloqueos en institutos de secundaria (lycées) que se extendieron a las principales universidades del país.
La ola de movilizaciones y bloqueos en institutos y universidades mantiene en vilo al gobierno francés que apuntó contra grupos de extrema izquierda como los incitadores de la violencia.
Francia vive semanas de extrema tensión social a raíz de una histórica ola de protestas estudiantiles y bloqueos en institutos de secundaria (lycées) que se extendieron a las principales universidades del país.
Lo que comenzó a mediados de septiembre como un reclamo descentralizado en la periferia de París se convirtió en un movimiento de alcance nacional que moviliza a cientos de miles de jóvenes, poniendo contra las cuerdas al Ejecutivo.
El descontento de los estudiantes responde a una acumulación de problemáticas estructurales en la educación pública francesa. Algunos de los principales reclamos son:
Deterioro de la infraestructura escolar: Los alumnos denuncian edificios deteriorados, falta de inversión y graves problemas de climatización en las aulas frente a las olas de calor extremo.
Crisis de personal docente: Reclaman por la escasez crónica de profesores, la falta de sustitutos ante ausencias prolongadas y la escasez de personal fundamental como enfermeros, psicólogos y asistentes sociales.
Rechazo al sistema Parcoursup: Los jóvenes en su último año de secundaria exigen la abolición del sistema centralizado de acceso a la universidad y la apertura de miles de plazas nuevas en la educación superior.
El conflicto está provocando el cierre total o parcial de cientos de establecimientos educativos en toda Francia. París, Marsella, Lyon, Toulouse y Burdeos son las ciudades donde están ocurriendo las marchas más masivas impulsadas por colectivos estudiantiles, a las que se le fueron sumando sindicatos docentes y asociaciones de padres en reclamo de una mayor inversión social.
La magnitud del conflicto provoca violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado. Organizaciones de derechos humanos y sindicatos denuncian una represión policial desproporcionada.
Casos de extrema gravedad, como el de un menor que perdió una mano al agarrar una granada que había tirado la policía, han provocado profunda conmoción y la apertura de investigaciones internas. El saldo de detenciones desde que iniciaron las movilizaciones son de 6629 (el 87% son menores de edad).
Además, entre los heridos se registran: 761 agentes de las fuerzas, 215 alumnos heridos y 89 empleados de la Educación Nacional.
Ante la presión en las calles, el Ejecutivo abrió mesas de diálogo y le exigió a los ministerios la adopción de medidas urgentes para garantizar la continuidad escolar, mejorar las condiciones de los establecimientos y revisar las políticas de reemplazo docente.
A la vez señalan a la ultraguerrilla y a La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Melenchon como principales agitadores de la violencia en las protestas.
Según reveló el diario Le Figaro, una nota de inteligencia de la prefectura de la policía de París afirma que los estudiantes están "claramente incitados a estas acciones por elementos de la ultraguerrilla".
La información indica sobre la presencia de personas ajenas a las escuelas implicadas y cita a varias organizaciones, como los grupos de extrema izquierda Poing Levé (Puño alzado) y Révolution Permanente.