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Fue una semana complicada. Porque las expectativas sobre lo que puede llegar a pasar con el precio del vino se fueron diluyendo, mientras la preocupación creció superlativamente como consecuencia de la intención del Poder Ejecutivo Nacional de impulsar una denominada "Ley de abastecimiento" que es rechazada de plano por la industria.
Todo ello dentro de un marco para nada optimista respecto del futuro en razón de que muchos consideran que ya están comenzando a correr riesgo las fuentes de trabajo, especialmente en los casos de los trabajadores temporarios, que son los encargados de realizar las tareas culturales en las fincas.
El mejor resumen de lo que está sucediendo lo dio un bodeguero quien, entre decepción y enojo, señaló que "hemos mantenido muchas reuniones, ocho en los últimos quince días y con funcionarios de primer nivel, como Carlos Casamiquela (ministro de Agricultura), Carlos Tomada (de Trabajo), Jorge Capitanich (jefe de Gabinete) y el gobernador y vicegobernador de la Provincia. Pero no hay resultados concretos. En Buenos Aires nos escuchan, dicen comprendernos, pero pareciera ser que nadie tiene poder de decisión como para cambiar la situación", agregando entonces que "el Gobierno (nacional) no toma medidas para bajar el gasto público, sigue emitiendo moneda para cubrirlo, pero le echa la culpa de la inflación a los empresarios y es por eso que decidió impulsar esa denominada Ley de Abastecimiento, en una salida a la venezolana. Y todos sabemos cómo les fue a los empresarios de aquel país", dijo.
Se supo además que los artículos cuestionados son los 2 y 3 de la norma legal enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Nación y, ante nuestra consulta, se supo que las entidades locales se sumarán a los reclamos que se formulan a través de las cámaras nacionales. Así por ejemplo, Bodegas de Argentina adhiere al planteo que realiza la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) en razón de que la entidad mendocina es una de las 37 cámaras empresarias de alimentos y bebidas y el vicepresidente de Bodegas, Guillermo Barzi, es miembro del consejo ejecutivo de la entidad nacional.
La Copal ya envió una nota al titular de la Cámara de Senadores de la Nación, en la que señala que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo es "claramente inconstitucional" y que implica "un serio avance sobre la iniciativa privada y la libertad económica, al producir una verdadera estatización del mercado". Finaliza indicando que esa ley "no sólo hace desaparecer en la práctica la capacidad de iniciativa y decisión de las empresas como tal, con lo cual se afectará no sólo la producción e inversión, sino también el empleo y afecta también los tratados bilaterales para la promoción de inversiones extranjeras, suscriptos por la Nación".
Otros temas
Más allá de la preocupación existente respecto de la ley de abastecimiento, los sectores continúan trabajando en la búsqueda de soluciones para aliviar la situación actual. Según se indicó, las conversaciones se centran en tres temas esenciales.
El primero, no repetir el error cometido este año con relación a la derivación de uvas a mosto. Esto implicaría una política de promoción de las exportaciones de mosto, "y más allá de que los precios no sean los adecuados, poder de alguna manera restablecer el equilibrio en el mercado de manera natural". Existe la intención también de generar un acuerdo tipo a través del cual los aumentos que autorice la Secretaría de Comercio de la Nación, se deriven directamente al traslado y para ello se invitaría a participar a las empresas más importantes", señaló la fuente consultada.
El segundo planteo pasaría por la posibilidad de ampliar las exportaciones de vinos a Rusia. Se indicó que las posibilidades se amplían como consecuencia del bloqueo que decidió realizar la federación rusa en su discusión con la Unión Europea, luego del conflicto de Crimea. Hubo en ese marco reuniones importantes y -se supo- existe la posibilidad de reemplazar 100 millones de litros de vinos de países europeos por caldos argentinos. Las entidades locales impulsarían la posibilidad de incluir el mosto en las transacciones, en razón de que Rusia suele fermentar y elaborar vino a través del jugo concentrado.
La tercera vertiente es la del título de ahorro vitivinícola, una herramienta que está dando sus primeros pasos y que deberá ser debatida en el seno de la Legislatura provincial y cuyos objetivos principales son los de "incrementar el precio del vino y, paralelamente, secar la plaza de blancos escurridos que son los que, por su volumen están influyendo sobre los valores finales", según se indicó. En esencia, las entidades no quieren que se produzcan bloqueos de vinos, no aceptan que sea obligatorio y rechazan cualquier sobre tasa.
También hay coincidencias en señalar que el mayor problema que debe enfrentar la industria es la inflación. "Los 8 pesos que se fijaron para el dólar a principios de año aparecían interesantes, pero resulta que la inflación nos volvió a dejar sin posibilidades de competitividad. Nos volvemos a encontrar sin posibilidades en el mercado externo y con un mercado interno recesivo, lo que genera un cóctel explosivo", señaló una fuente.
En El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este se insiste en que las proyecciones de existencias vínicas no justifican los precios que se pagan en el traslado, agregando que si bien es cierto que las exportaciones se han visto afectadas por la falta de competitividad, también se ha producido una recuperación en los vinos a granel, que alcanzaron al 22 por ciento en volumen en el primer semestre del año. Respecto del mercado interno, dice que continúa en caída, pero que se trata de una tendencia que no se ha podido modificar incluso bajo condiciones propicias de consumo.
Concluye indicando que "ayudaría y mucho para ir blanqueando la situación de la industria que el INV de a conocer la tenencia de vinos por tipo de establecimiento (grandes y pymes fraccionadores, trasladistas) y por propiedad (propios y terceros). Seguramente nos llamaría la atención el escaso volumen del que disponen las grandes empresas fraccionadoras formadoras de precios y también nos ayudaría identificar las distorsiones dentro de la propia cadena y acertar con alguna medida correctiva que, por supuesto, esté dentro de nuestras posibilidades políticas, económicas y operativas, las otras, son de exclusivo dominio nacional".