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Mendoza, tal como la conocemos, tiene los días contados. Nuestra economía, nuestro modelo de vida y hasta nuestra cultura dependen del escurrimiento de los glaciares de montaña. Debido al calentamiento global esas masas de hielo han retrocedido dramáticamente y, en algunos casos, incluso han desaparecido.
Frente a esto el Departamento General de Irrigación ha declarado que la crisis hídrica es permanente y que estamos en presencia de una nueva realidad a la que nos tenemos que ir acostumbrando.
Desde mi punto de vista el problema no es la escasez de agua. El problema es que resignarnos a ella no tiene nada que ver con el espíritu emprendedor mendocino. Si nuestros antepasados se hubieran resignado a la realidad que les significó el desierto, simplemente hubieran seguido camino a Chile. Pero como no se acostumbraron a esa realidad adversa, la transformaron y crearon Mendoza.
Hoy nos toca resignificar aquella epopeya, ganándole otra batalla al desierto, esta vez mediante la explotación de nuestro acuífero atmosférico.
Se trata simplemente de aprovechar el enorme reservorio de agua dulce que pasa sobre nuestras cabezas. Damos por supuesto que la lluvia se produce naturalmente, pero no hemos reparado en que la podemos provocar, incrementando la cantidad total precipitada en porcentuales suficientes para atender el riego en vastas áreas de nuestro territorio.
El agua dulce contenida en las nubes que atraviesan Mendoza, nuestro acuífero atmosférico, es un recurso natural increíblemente abundante.
Sólo las nubes de tormenta tratadas por la Lucha Antigranizo (que representan apenas un 12% del total de las observadas por radar) precipitan por temporada el agua líquida equivalente a la existente en siete embalses El Nihuil, dieciséis embalses Valle Grande, siete embalses Agua del Toro y doce embalses Los Reyunos.
Imagine el lector cuál sería el resultado si se “estrujaran” sistemáticamente todas las nubes potencialmente lluviosas y no sólo aquellas que representan un peligro de granizo.
El resultado sería asombroso, más teniendo en cuenta que la explotación podría desarrollarse a un costo bajísimo y sin ningún tipo de riesgo ambiental.
Por fortuna contamos con los medios tecnológicos para hacerlo, que para mejor ya están amortizados. Son los aviones, radares meteorológicos, sistemas informáticos y demás infraestructura erigida para combatir el granizo. Incluso el personal es el mismo, pues los pilotos, mecánicos y radaristas que sostienen la Lucha Antigranizo pueden ser afectados sin mayores costos a generar lluvia artificial.
Lo único que hace falta para hacer llover es decisión política, la misma que evidenciaron los autores de la ley 6638, que implementó el programa de investigaciones técnico-científicas aplicadas al diagnóstico y la modificación artificial del tiempo atmosférico.
Entre las aplicaciones contempladas por aquella norma está, precisamente, el manejo de las precipitaciones pluviales.
La decisión política de hacer llover requiere un adecuado brazo ejecutor.
El Gobernador Alfredo Cornejo hizo un interesante experimento para mejorar la Lucha Antigranizo al crear en 2017, por ley 8987, la empresa Aeronáutica de Mendoza SA (AEMSA). Pero el sistema privado no termina de cerrar pues los cuatro aviones antigranizo quedaron en propiedad del gobierno (como aeronaves del Estado) mientras los radares meteorológicos continúan en poder de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (como bienes públicos de un ente centralizado).
Así, a más de dos años de su creación, AEMSA no ha logrado alcanzar la lógica, la dinámica o la facturación de una verdadera empresa. Su único mérito ha sido estabilizar laboralmente a los pilotos antigranizo y a los mecánicos aeronáuticos, quienes hasta la sanción de la ley 8987 estaban vinculados al Estado mediante contratos-basura. Fuera de esto, la performance de esta “empresa” ha sido baja o directamente nula, a pesar de la capacidad y las buenas intenciones de gente decente que fue convocada para hacerla funcionar.
Quizá sea tiempo de rediseñar AEMSA, mirando más lejos y con mucha mayor amplitud de metas, contemplando al sistema de modificación climática en su conjunto.
Los recursos antigranizo del Estado (que nunca dejaron la órbita pública) deberían volver a ser reunificados en una agencia estatal única, un ente autárquico capaz de combatir el granizo y, además, explotar nuestro acuífero atmosférico.
Para Mendoza, cuya supervivencia depende del escurrimiento de glaciares cada vez más pequeños, la generación de lluvia no constituye una excentricidad sino una necesidad.
La explotación estatal del acuífero atmosférico permitiría incrementar la superficie irrigada de la provincia y evitaría el proceso de desertificación de vastas áreas marginales.
Así podría sostenerse el agro y la ganadería en tierras actualmente inviables, además de mantener húmedos los campos en prevención de incendios forestales.
En síntesis, para hacer llover sobre el desierto mendocino no se necesita un milagro, sino una decisión política.
Sólo cabe preguntarse si el flamante Gobernador Rodolfo Suárez y su nuevo Ministro de Economía, Enrique Vaquié, se atreverán a este desafío trascendente.