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El gobierno anunció con bombos y platillos que había llegado a un acuerdo con la empresa francesa de supermercados Carrefour, que tenía iniciado un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) y el Sindicato de Empleados de Comercio, que lidera Armando Cavalieri. Este acuerdo, que debe ser homologado por el mismo ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien también participó de la negociación.
El acuerdo contempla la posibilidad de despedir hasta 1.000 empleados con indemnizaciones que podrían alcanzar el 150% de lo que marca la ley, pero, además, la empresa tendría el beneficio de pagar el 50% de las cargas sociales durante 36 meses y plantea cerrar una gran cantidad de locales alquilados mientras los híper se transformarían en mayoristas.
Este acuerdo es realmente insólito, sobre todo porque se acuerda con una multinacional que se cansó de remitir utilidades a su casa matriz, y se le otorgan ventajas competitivas por sobre sus competidores, a los cuales les puede generar un daño competitivo muy serio.
Respecto de los trabajadores, más allá de no saber a quienes les alcanza la indemnización, plantean que las actualizaciones salariales se hará cada 18 meses y no cada 12.
El acuerdo es grave porque puede generar un “efecto dominó” ya que la mayoría de las empresas estarían en condiciones de presentar PPC porque a todos les afecta el peso de la cargas sociales. Además, los problemas de Carrefour tienen que ver con ineficacias competitivas que su management no supo afrontar.
Hay que recordar que en febrero pasado, la matriz de la empresa informó que haría un gran reordenamiento de sus negocios para darle más importancia al comercio electrónico, por lo cual pensaba cerrar más 1.000 tiendas en Europa y despedir 4.000 empleados, como mínimo. Al igual que acá. Anunciaron la transformación de los híper en mayoristas que, además, actuarán como centros de distribución de las ventas electrónicas.
El acuerdo, bendecido por el ministro Triaca,de dudosa legalidad debido a que la empresa puede hacerse cargo de sus propios problemas.
Durante más de 20 años le generó a la casa matriz rentabilidades que superaban varias veces los promedios mundiales. Además, los despidos ya los tenían decididos y el perdón de las cargas sociales le permite a la empresa financiar su proceso de transformación.
Este tipo de decisiones, más que mostrar sensibilidad social pone de manifiesto que los funcionarios ignoran lo que pasa en el mundo de los negocios y la forma en que empresarios y sindicalistas se ponen de acuerdo para plantear este tipo de “soluciones”.
Este acuerdo es un verdadero cachetazo a la legalidad y una burla para quienes a diario, y con menos capital, pelean en el mercado regional o con pequeñas unidades. No se puede seguir subvencionando a grupos multinacionales bajo la extorsión de despidos.