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En las tres situaciones se encuentra una constante de la dirigencia argentina: la incapacidad para entender el funcionamiento del mundo, al creer que Argentina importa más de lo que realmente importa. Esta constante bien puede denominarse una tendencia hacia el “argentinocentrismo”: se analiza el mundo desde la perspectiva local, sin atender a las señales globales; se toman opiniones aisladas provenientes del mundo para construir, en base a ellas, premisas para la estrategia del país.
En 1982, las premisas de la estrategia en base a las cuales fueron ocupadas las islas, fallaron. La primera era que, dada la Guerra Fría, el veto de Rusia -y eventualmente de China- en el Consejo de Seguridad de la UN frenaría cualquier respuesta militar británica. La segunda, que EEUU no apoyaría dicha respuesta para no verse involucrado en un conflicto por algo que no tenía interés estratégico para Washington y que además podía dañar sus relaciones con América Latina. La tercera, que los países de la región apoyarían militarmente a la Argentina frente a la eventual acción militar británica, transformándose el conflicto en multilateral.
En aquel momento estas premisas erróneas parecían lógicas para la mayor parte de la dirigencia civil de la Argentina, que acompañó el grave error de apreciación del gobierno militar.
Más allá de que Malvinas ha sido, es y será una causa nacional y que la sangre de los combatientes argentinos caídos en las islas no debe ser olvidada, la previsibilidad de Argentina como país sufrió con el conflicto y mostró que subyace una fuerte veta nacionalista que impide tomar decisiones con objetividad y eficacia.
Diecinueve años más tarde, con un gobierno civil de origen radical, la Argentina volvió a tener una estrategia para evitar el default en base a premisas que resultaron erróneas. Se pensaba que una ley como la de convertibilidad podía imponerse sobre la realidad de la economía en un momento de crisis. También, que la comunidad internacional evitaría el default de la Argentina, porque el mismo podía generar un efecto “cascada” complicando a Brasil y, a través de este país, al resto del mundo, haciendo una analogía con lo sucedido con México a fines de 1994 y Rusia tres años más tarde. Se afirmaba que al haberse privatizado las empresas de servicios públicos y quedar ellas en propiedad de inversores extranjeros, estos evitarían una crisis de la economía argentina que afectara sus intereses y concretamente sus cotizaciones bursátiles.
Estas premisas resultaron erróneas y Argentina cayó en default al perder credibilidad internacional. No hubo efecto dominó y sólo Uruguay se vio afectado por la crisis argentina, pero aun así evitó la cesación de pagos y no sufrió la crisis política y social que tuvo nuestro país. El Congreso festejando en forma casi unánime la declaración del default fue una imagen que dañó mucho la credibilidad del país y reflejó nuevamente la incapacidad de la dirigencia -que en 1982 apoyó la ocupación de las islas- para tener una lectura adecuada, sin advertir los riesgos que ello podía implicar para el país.
Trece años después Argentina, con un nuevo default, enfrenta un tercer error histórico al fracasar las premisas de la estrategia fijada para evitarlo.
La premisa central era que un fallo de la Justicia estadounidense favorable a los llamados “fondos buitres” iba a ser evitado porque pondría en riesgo todas las reestructuraciones de deuda, en momentos en que todavía la economía global no ha entrado en una recuperación definitiva. Por esta razón, la Administración Obama iba a influir sobre el tribunal para que pospusiera el fallo e impedir así que pudiera aplicarse la llamada cláusula RUFO, por la cual se extienden al resto de los bonistas las condiciones logradas a los acreedores que quedaron fuera del canje y litigaron.
También se decía que los mismos tenedores de la deuda reestructurada evitarían, mediante acuerdos privados, un fallo que podía poner en juego sus propios valores. Fue lo expuesto en el discurso de la Presidenta en Santa Cruz de la Sierra durante la reunión del G77 (integrado por los países emergentes más China) el día antes de conocerse la resolución.
El fallo adverso a la Argentina se hizo público el lunes 16 de junio y el error de la estrategia argentina se hizo evidente en forma inmediata. Al día siguiente Ecuador, el otro país que entró en default en América Latina al comenzar la década pasada y que en 2008 incumplió parcialmente sus compromisos al posponer pagos de deuda -por ello se creyó que era el país más expuesto al riesgo argentino-, colocó 2.000 millones de deuda a 10 años con una tasa de 7,97%. Las deudas más complejas de Europa, como la de Grecia y Chipre, tampoco se vieron afectadas. La de Ucrania, que se está reestructurando, no se vio complicada y los abogados del gobierno de Kiev se limitaron a incluir una “cláusula antibuitre” que neutralizara cualquier duda que pudiera generar una analogía con el caso argentino.
Tras el fracaso de las premisas de la estrategia, el Gobierno argentino se movió con contradicciones y errores graves. El 16 de junio por la noche la Presidenta acusó de “extorsivo” al fallo del juez Griesa; dos días después un comunicado del Ministerio de Economía sostuvo que Argentina pagaría el vencimiento de bonos reestructurados del 30 de junio en Buenos Aires, poniendo al país en el llamado “default técnico”; el viernes 20, en Rosario, la Presidenta cambió el discurso, diciendo que se iba a pagar toda la deuda, mientras la militancia oficialista seguía coreando la consigna “Patria o Buitres” y marchaba hacia la Embajada de EEUU; el sábado 21, The Wall Street Journal publicó una solicitada del gobierno argentino que reproducía los conceptos del discurso de la Presidenta del lunes 16 y desmentía los del día anterior. Para no dejar dudas, el lunes 23 la misma solicitada fue publicada en los principales diarios europeos.
Pero en esta solicitada se insiste en un grave error para la estrategia argentina: que si Argentina pagara en las condiciones planteadas por el fallo, el país debería pagar 15.000 millones de dólares al resto de los tenedores de deuda que no entraron en el canje y 120.000 millones a los tenedores de la deuda reestructurada, cálculo que el Jefe de Gabinete del gobierno argentino llevó a elevar a 500.000 millones de dólares.
Ello no sólo es un cálculo erróneo por lo exagerado, sino que, además, abre la puerta a litigios por montos que son realmente impagables, al ser ya certificados por el Estado argentino. Todo el mes de julio, la retórica del gobierno argentino giró alrededor de estos ejes.
La Argentina está cometiendo el tercer error histórico en 32 años al entrar en default el 30 de julio de 2014. Hacia adelante, una gestión de bancos privados argentinos, comprando la deuda de los "holdouts" que han ganado el juicio en Nueva York, podría atenuar algunos efectos, pero parte el costo ya es irreversible y no es fácil que se haga.