Los recientemente cumplidos 30 años ininterrumpidos de vida democrática y de vigencia de las instituciones demuestran que el objetivo principal de aquella apertura institucional de 1983 -el mantenimiento del sistema representativo y la vigencia de la Constitución sin interrupciones de facto- se pudo lograr aunque con grandes esfuerzos.
Se estuvo al borde de la crisis por lo menos en dos oportunidades (1989 y 2001), pero se logró salir por la vía institucional.
No obstante, a lo largo de estos 30 años se ha visto un desgaste institucional muy marcado y una tendencia de los gobiernos a no respetar preceptos republicanos. Sobre todo en los gobiernos peronistas, se ha visto una fuerte inclinación autoritaria basada en la centralización de poder político en el Ejecutivo (decretos de necesidad y urgencia, emergencia económica, superpoderes, etc).
Y en este sentido se ve una orientación a la identificación de lo público exclusivamente con lo estatal y con el gobierno de turno.
Se ha pasado de la idea del Estado como mediador y garante del consenso (Alfonsín, De la Rúa) al Estado neutral que prescinde de intervenir, por lo menos en lo económico y social (Menem), hasta llegar al Estado benefactor y todopoderoso que adopta el estilo del primer peronismo (Kirchner).
Al mismo tiempo, y a contramano de los intentos de modernización que fueron siempre parciales e interesados (reforma constitucional de 1994, reforma del Estado menemista, proyectos kirchneristas como la reforma electoral o la del Poder Judicial), las instituciones del Estado parecen ser cada vez menos capaces de responder a las demandas y necesidades de una sociedad cada vez más madura desde la óptica ciudadana.
Las acusaciones de corrupción generalizadas son un saludable ejemplo de las exigencias de la sociedad. Y el rol crítico que antes tenía la política, o los políticos, hoy ha pasado a manos del periodismo y la justicia.
Con el alfonsinismo se instaló la idea de la democracia como clave para la solución de todos los problemas sociales. Con el menemismo, llegó la convertibilidad como único recurso para la consecución del bienestar.
Con el kirchnerismo, se impuso la idea del modelo nacional y popular como recuperación de la política y del prestigio perdido por el Estado y la clase política. En este sentido se ha pasado de la idea de la política como acuerdo y consenso (Alfonsín, De la Rúa) a la intrascendencia de la política que se vuelve secundaria ante la economía (Menem), y a la concepción de la política como conflicto y militancia (Kirchner), remedo de las posturas de los años 60 y 70.
A pesar de esto hay una recurrencia de la crisis como algo inevitable. Están los ejemplos de 1989 y 2001 y de alguna manera el final de 2013 pareció querer asomarse a ese tipo de conflictos.
La sociedad se hace más compleja y aumentan las tendencias sociales a la anomia y el caos. Hay poca tendencia social a confiar en la solución institucional de los conflictos.
Parte del problema pasa por la ausencia de un modelo o política económica que garantice la estabilidad, desarrollo y justa distribución de la riqueza.
La economía se ha encontrado frente a dos grandes y constantes fantasmas: la inflación y el endeudamiento. A la vez, la economía ha servido para el crecimiento constante del Estado (salvo, tal vez, durante el menemismo), que se constituyó en único garante del desarrollo evidenciando una clara desconfianza en la iniciativa privada y el mercado.
Por el lado de los partidos políticos, el sueño alfonsinista de un sistema bipartidista de alternancia política fracasó. El descenso de la UCR fue de la mano de una atomización de las fuerzas políticas, incluido el peronismo.
