Un auténtico hervidero. Así podría definirse la actividad en la Casa Rosada, la mañana del viernes. A primera hora, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, le salió al cruce al informe de la Universidad Católica según el cual hay 10 millones de argentinos pobres, cinco veces más que los dudosos números del Indec. Después, desde el Ministerio de Economía, junto al titular de Planificación, Julio de Vido, volvió a responsabilizar a Edenor y Edesur por los cortes en el suministro de electricidad en estos días de infierno y les advirtió, por segunda vez en la semana, que si no se hacen cargo del servicio, el Estado les quitará la concesión. De vuelta en la casa de gobierno, se firmó el acuerdo de refinanciación de deudas con las provincias. Mientras, el titular de Interior, Florencio Randazzo, se aprestaba a explicar el aumento de 66 por ciento en el transporte público metropolitano. Datos de un fin de año sin tregua para el Gobierno.
Después de tomar nota de las causas que lo llevaron a la magra cosecha electoral de octubre, el gobierno de Cristina Fernández parece empeñado en atender problemas, algunos recurrentes, otros de postergada data, para afrontar los dos años que le restan.
Su propósito no es otro que garantizarse la gobernabilidad hasta 2015, es decir, sin permitir que por deméritos propios y méritos ajenos, el desgaste pueda hacer realidad el fantasma siempre sobrevolante de una entrega anticipada del poder. De eso también depende la incidencia que pueda tener el kirchnerismo en la elección del candidato justicialista. Por eso la Presidenta misma fue quien, una vez más, descartó de plano estos días que pretenda aspirar a cargo electivo alguno en los próximos comicios.
Corregir, dar marcha atrás, aun contrariando el discurso, a partir del imperio de los hechos, ha sido una cualidad del pragmatismo peronista de los gobiernos kirchneristas. Los pasos de las últimas semanas, tras los cambios de gabinete, parecen rumbeados en el sentido de enmendar políticas. El aumento en la tarifa del transporte público metropolitano apunta a disminuir la carga de subsidios, por cierto muchas veces sin control durante la última década. Del mismo modo que comenzó a hacerse con el transporte ferroviario de pasajeros y que tragedias como la de Once pusieron al descubierto.
La distribución de energía eléctrica en la región metropolitana es un caso similar. Los subsidios a las tarifas no sólo contribuyeron a un consumo desmedido de parte de los usuarios sino que tampoco satisficieron a las concesionarias privadas. Sin control alguno del Estado, Edenor y Edesur justificaron, en esa desactualización tarifaria, la falta de inversiones en la distribución para atender una demanda excepcional en dos o tres semanas del año. Pasados estos días de infierno, el Gobierno pondrá seguramente toda su atención en encarar esta cuenta pendiente.
De atender cosas pendientes se tratan, también, otras decisiones en materia económica. Requerido de recursos externos para el financiamiento de obras de infraestructura, ha dado pasos hacia la normalización de la relación con los organismos financieros. Desde febrero o marzo comenzará a difundirse un índice de precios del Indec bendecido por el FMI. Esta semana, además, Argentina acercó una nueva oferta al Club de París que tuvo una primera buena acogida.
"Construir una agenda positiva", insisten en subrayar el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Axel Kicillof. El anuncio de que para eso se destinarán 168 mil millones de pesos tuvo una buena acogida inicial de parte de los empresarios y los sindicatos.
También el mismo propósito parece tener la refinanciación de deudas anunciada el viernes, que supondrá un alivio significativo para las 17 provincias firmantes: un ahorro de 11 mil millones de pesos en 2014.
El aporte, un mix de condonación de deudas con postergaciones trimestrales de obligaciones, apunta a reforzar las arcas provinciales, previsiblemente expuestas en 2014 a las presiones salariales de sus empleados públicos a raíz de los aumentos de por lo menos 30 por ciento, aunque en algunos casos de 60 y 70 por ciento, que arrancaron los policías en rebelión.
Sin embargo, no será gratuito para los gobernadores. La renovación trimestral de las postergaciones de pago estará supeditada al cumplimiento de metas que supervisará la Nación. Entre ellas, también las salariales, que tendrán su referencia en el 20 por ciento de aumento con que el Gobierno buscaría cerrar las próximas paritarias.
No cabe pensar, por lo tanto, que los gobernadores puedan contar con ese dinero para pagar los incrementos con los que apagaron la rebelión policial. La línea en ese sentido la bajó Capitanich cuando el viernes definió que todos los gobernadores tendrán que hacer como lo hizo su segundo en el Chaco: desconocer los acuerdos salariales con los policías arrancados "bajo extorsión". No pocos en la Rosada pensaron en José Manuel de la Sota cuando Capitanich marcó esta estrategia.
