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La actividad política en la Argentina tiende a parecerse cada vez más a una tragicomedia del medioevo. Atónita, y a veces desconcertada, la sociedad sigue a través de los medios declaraciones y acontecimientos tan absurdos e irracionales que hasta resultarían divertidos si no revelaran el verdadero drama que encierran.
Sólo para citar un ejemplo de los disparates de la semana que concluye, tuvimos al jefe del gabinete de ministros, Jorge Capitanich, asegurando que el medio aguinaldo que este mes cobrarán los trabajadores no sería exento del descuento por Ganancias.
Para darle fundamentos a esa decisión, lo atribuyó a razones filosóficas e ideológicas del Gobierno que integra. Por su parte el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que está bien que los trabajadores tributen Ganancias porque es una actitud de solidaridad con el resto de la población.
En pocas horas, la filosofía, la ideología y el espíritu solidario volaron por los aires y pasaron a ser conceptos triviales, porque se hizo exactamente lo contrario.
El Gobierno atribuyó la marcha atrás a "las convicciones" de la presidenta Cristina Fernández. No vaya a ser que alguien pensara que el anuncio de un paro general que incluía el transporte como garantía de efectividad, actuó como una presión sobre la jefa del Estado.
Su visión
Fue también la Presidenta la que, frente a los empresarios que asistieron a la Conferencia de la Unión Industrial Argentina, describió una realidad de la Argentina que no coincide con la percepción que tienen los ejecutivos de las principales compañías.
Dijo Cristina convencida que "los salarios siguen ganándole a los precios", y que hay crecimiento de la producción, del consumo de energía e incremento de las ganancias de las empresas.
Los hombres de negocios acompañaron con aplausos tibios el final del discurso presidencial, y de inmediato comentaron que si esos datos que mencionó la Presidenta fueran certeros, en el país no habría recesión ni caída de la actividad económica, como lo muestran las estadísticas más rigurosas.
Fue otra muestra de la eterna contradicción que plantea el kirchnerismo entre el relato oficial y lo que ven, viven y sienten quienes no giran en la misma órbita gubernamental.
Otras escenas de la tragicomedia se desarrollan con la misma intensidad dramática en los dos poderes restantes: el Congreso y la Justicia. El oficialismo está empeñado en aprobar la mayor cantidad de leyes antes del receso y cumple las órdenes presidenciales sin detenerse en cuestiones trascendentes.
Un ejemplo es que por la necesidad de otorgarle más poder a la procuradora Alejandra Gils Carbó -un cuadro militante del cristinismo-, el Código Procesal Penal sólo fue votado positivamente por el bloque oficial y sus aliados. Semejante ley hubiese merecido un amplio consenso.
Ahora el Ministerio Público podrá crear 1.650 nuevos cargos y nombrar a 17 fiscales especiales. La oposición asegura que el Gobierno busca impunidad para sus funcionarios y en especial para la Presidenta, cuyo nombre junto a otros de su familia son mencionados en la investigación que por lavado de dinero tiene como protagonista al empresario patagónico Lázaro Báez.
Esa causa judicial es la que hoy le hace cerrar filas al kirchnerismo en todos los niveles y potencia la capacidad de muchos funcionarios de aparecer como los más leales a Cristina. Como en política nada es gratis y menos cuando el futuro es incierto, esos funcionarios esperan ser correspondidos en las próximas listas de candidatos.
En guerra
Nunca la estructura extendida del Poder Judicial -desde la Corte Suprema hasta los ordenanzas- estuvo tan convulsionada como en estos tiempos. "Hay una brecha profunda que cada día complica más el trabajo y altera las relaciones personales", sostiene un juez de primera instancia que intenta, según lo expresa, mantenerse equidistante de las posiciones definidas.
Pero admite que así como el Gobierno ejerce desde afuera y desde adentro una fuerte presión política sobre los magistrados, hay muchos jueces dispuestos a ponerle límites. "Claudio Bonadío no está solo y esos apoyos se traducirán en próximos fallos", asegura.
En ese contexto de fuerte confrontación, el juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a declaración indagatoria nada menos que al ministro de Justicia, Julio Alak. Es por supuestas irregularidades en su gestión como director de Aerolíneas Argentinas en 2008. La respuesta del Gobierno llegó rápido: "Eso forma parte de la agresiva embestida del Poder Judicial".
El presidente de la Corte también hizo lo suyo. Envió un mensaje directo en un brindis con periodistas: "Vamos a defender la independencia de los jueces", dijo Lorenzetti, frente a quienes el Gobierno también ha elegido como sus enemigos. Telón y sigue la obra.
