El gobierno está apurado para que la empresa estatal YPF pueda acelerar inversiones que le permitan aumentar la producción de gas y petróleo, como para equilibrar la balanza comercial del sector, que hoy es gravemente deficitaria.
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El gobierno está apurado para que la empresa estatal YPF pueda acelerar inversiones que le permitan aumentar la producción de gas y petróleo, como para equilibrar la balanza comercial del sector, que hoy es gravemente deficitaria.
El anuncio de la firma de un acuerdo asociativo con la empresa estadounidense Chevron se enmarca en la necesidad de conseguir capitales que aporten para invertir en la búsqueda de yacimientos, sobre todo los que contienen hidrocarburos no convencionales.
Pero la historia comienza cuando en 2003 se decidió congelar los precios del petróleo, que por aquellos años cotizaba a 24 dólares el barril. El gobierno no quería oscilaciones y congeló el valor de producción pensando que la subida de precios era meramente especulativa y bajaría pronto. Pero no ocurrió.
El petróleo siguió escalando posiciones y llegó a 150 dólares, pero el gobierno nunca quiso sincerar los precios internos. Esta actitud atentó contra nuevas inversiones, ya que las compañías petroleras siguieron produciendo sin invertir, lo que generó una caída constante de la producción y pocas posibilidades de revertir la situación ante la falta de exploración de nuevos yacimientos.
Desde el Estado, la pretensión era mantener baratos los precios de los combustibles, mientras la industria automotriz crecía año a año con la venta de autos nuevos, que se han incrementado en más de 3 millones de nuevas unidades en los últimos seis años.
El problema que tenían las petroleras lo solucionaban exportando. De esa manera podían sortear el tope de precio del gobierno, hasta que este, para satisfacer al mercado interno, impuso retenciones a las exportaciones de crudo y limitaciones de cantidad a las mismas. El negocio era para las refinadoras.
Pero tampoco las refinadoras pudieron hacerlo por mucho tiempo ya que el gobierno les impuso fuertes retenciones a las exportaciones para desalentarlos y obligarlos a volcar todo lo producido al mercado interno.
En todo este juego quienes más perdieron fueron las provincias, ya que se tuvieron que contentar con que les pagaran las regalías sobre un precio ficticio, muy bajo y alejado de los valores internacionales. También perdieron las petroleras que solo se dedicaban a producir. Esto llevó a que se consumieran reservas y no se incorporaran nuevas áreas.
Con una demanda creciente y una producción en baja era lógico que cayéramos en déficit, el cual se acelera a medida que nuevos autos se incorporan al parque.
La estrategia con YPF
Cuando el gobierno estatizó YPF ya tenía el registro de las áreas que contenían un importante potencial de petróleo y gas no convencional (de ahí el enojo de Repsol con el gobierno y también con Chevron). En principio se pensó que la petrolera podía hacerse cargo de las importaciones y no requerir fondos del Estado, pero la situación de caja de la petrolera en manos de los españoles estaba muy lejos de ser óptima, como erróneamente habían calculado en el gobierno.
El problema es que la estatización de YPF significó que Argentina perdiera las pocas posibilidades de crédito que podía tener, mientras la empresa había sufrido una baja en su calificación de riesgo. Ambos elementos se potenciaron y la compañía estatizada quedó fuera del mercado de créditos internacionales.
Así, y con la necesidad de aumentar la producción, YPF lanzó planes de inversión reciclando sus propias utilidades, pero necesitaba socios fuertes para invertir en la producción de gas y petróleo no convencionales. Además, ese socio debería tener experiencia en la materia, y Chevron (que ya había hablado del tema con Repsol en su momento) volvía a apuntarse como el candidato.
Pero había obstáculos que superar. El cepo cambiario, la imposibilidad de girar utilidades y de disponer de crudo propio aparecían como trabas esenciales para que el acuerdo no llegara a buen puerto.
El decreto y el acuerdo
Con las cosas en este punto, el gobierno debía destrabar la situación; lo que implicaba revisar algunos postulados ideológicos esgrimidos. Pero la necesidad tiene cara de hereje.
Así, el gobierno se apuró a publicar en el Boletín Oficial el lunes pasado el Decreto 929 por el cual se crea un régimen de promoción de la explotación de petróleo, dedicado a atraer inversiones extranjeras. Establece también una serie de beneficios para aquellas empresas que inviertan (ingresando divisas) no menos de 1.000 millones de dólares en los próximos cinco años.
Quienes adhieran a este nuevo régimen podrán disponer del 20% de la producción petrolera para exportarla sin sufrir retenciones. Además, podrán dejar en el extranjero el producto de esas ventas sin tener que ingresar las divisas.
El decreto, además, les da un reaseguro, ya que dispone que, si por causas de necesidad para abastecer el mercado interno debe restringirse las exportaciones, las empresas percibirán una compensación equivalente al precio de exportación sin retenciones. Con ese dinero, obtenido en el mercado interno, las empresas tendrán “derecho prioritario” para adquirir divisas en el mercado de cambios a precio oficial.
Evidentemente, el decreto era lo que necesitaba Chevron para firmar su asociación con YPF, aunque el régimen beneficia a todas las empresas petroleras y pretende generar niveles de inversión que aseguren el autoabastecimiento y permitan generar saldos exportables.
Del acuerdo entre ambas petroleras no se han dado a conocer los detalles, solo que la empresa norteamericana se compromete a invertir 1.240 millones de dólares, en una primera etapa, en la cual se calcula perforar 150 pozos, mientras en una segunda etapa está previsto llegar a 1.500 pozos adicionales, para alcanzar en 2017 una producción de 50.000 barriles diarios y 3 millones de metros cúbicos de gas, según el comunicado de YPF.
El yacimiento de Vaca Muerta es la gran esperanza, aunque existen otros bloques bien identificados que podrían servir para explotar. Para ello, YPF se plantea invertir 37.300 millones de dólares en los próximos cinco años, de los cuales unos 5.000 millones deberían provenir de socios extranjeros.
El problema para el gobierno es su propia contradicción. Estaba claro que YPF sola no podría encarar este programa porque, además, necesita la transferencia de conocimientos que los socios extranjeros pueden darle.
Nadie sabe a ciencia cierta qué cláusulas contiene el acuerdo entre ambas empresas, pero lo más complejo es que el gobierno le asegura a Chevron, y a todas las empresas petroleras que en caso de encontrar yacimientos no convencionales tendrán 10 años más de concesión, y esta es una facultad que la Nación no tiene porque las reservas son propiedad de las provincias y ellas son el poder concedente y las que fijan las condiciones.
Más allá del negocio, que habrá que verlo, nuevamente la discusión institucional vuelve a ponerse sobre el tapete porque, claramente, se está violando la Constitución Nacional.
