El kirchnerismo cree que ya pasó el momento más acuciante de la crisis económica, que fue cuando hace un mes debió devaluar bruscamente para evitar que la presión contra el dólar siguiera devorándose las reservas internacionales.
Luego de quince días con el dólar unos centavos por debajo de los 8 pesos, en la Casa Rosada piensan que ha llegado el momento de recuperar la iniciativa política y la calle. Ésta fue la orden que, el miércoles, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, bajó a los legisladores del Frente para la Victoria cuando visitó el Congreso para preparar una gran movilización popular para el próximo 1 de marzo, día en que la Presidenta inaugurará un nuevo período de sesiones ordinarias en el Parlamento.
Fuentes del oficialismo creen que ese día Cristina Fernández hará una nueva apuesta a la confrontación, herramienta que utilizó el kirchnerismo en los últimos años -desde 2008, cuando se produjo el enfrentamiento con el campo por las retenciones- para construir política y sostenerse en el poder.
Esta vez tendrá como blanco los supermercados y grandes comercios, a quienes el Gobierno decidió inculpar por la inflación, dado que el Ejecutivo necesita trasladar sus responsabilidades sobre el mal manejo de la economía.
Agotada la pelea en torno a la ley de Medios, luego de que esta semana la Afsca aceptó el plan de adecuación del Grupo Clarín, Cristina Fernández está decidida a entronizar un nuevo enemigo público del modelo.
"La Presidenta hará una defensa del proyecto y nosotros vamos a llenar las calles para darle nuestro apoyo militante", confirmó un diputado de origen piquetero a este diario. "No puede ser que 200 formadores de precios se queden con el fruto del trabajo de 40 millones de argentinos", repitió otro legislador citando las palabras de Parrilli.
La Casa Rosada está convencida que de la debilidad por la que atraviesa el Gobierno en términos de apoyos populares pueden emerger nuevas fuerzas, pero para ello necesita dividir bien las aguas, plantear un escenario en el cual haya malos y buenos tan claramente definidos que esto le permita al ciudadano tomar posiciones.
Atenta a esta estrategia de relanzamiento de la militancia, Cristina Fernández dio la orden a sus más fieles colaboradores de contener primero la propia tropa, luego de tres meses difíciles en los cuales fueron muchos los que dudaron de la vocación de liderazgo y conducción de la jefa de Estado. El salto al peronismo opositor que encarna Sergio Massa, de algunos barones del conurbano bonaerense, fue la señal que encendió la alarma.
Inmediatamente, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se reunió con los caciques del Gran Buenos Aires que responden a la Rosada y el jefe de Gabinete hizo lo propio con los intendentes de otras provincias importantes. La visita de Parrilli al Congreso también tuvo como fin escuchar y contener a la propia tropa.
La oposición observa con atención cómo el kirchnerismo va modelando su estrategia.
Radicales, peronistas no K, macristas y socialistas temen que la Casa Rosada confunda la realidad de la Argentina con la de Venezuela y plantee un escenario de confrontación que, lejos de solucionar la crisis económica -con la inflación como problema central- termine por hundir más al país en un escenario más complejo.
La reaparición de Quebracho, la agrupación anti-sistema que protagonizó escenas de violencia política en las dos últimas décadas, en los escraches a supermercados y en defensa de los "Precios Cuidados" que obsesionan a la Casa Rosada, no hizo más que alimentar las versiones de que el grupo de choque fue cooptado por el kirchnerismo.
De ahí que muchos opositores piensen que el Gobierno está diseñando un escenario de conflictividad social, apoyándose en este tipo de organizaciones, para eludir responsabilidades y no pagar el costo político que implica la devaluación.
"Buscan intimidar a los trabajadores que deseen protestar frente a los topes salariales que quieren imponer en las paritarias", afirmó un dirigente de izquierda que desconfía, al igual que el resto de la oposición, de la vuelta de Quebracho a la escena pública travestido de kirchnerismo. "Antes la Policía Federal reprimía a Quebracho, pero ahora les da protección en sus protestas pese a que están todos encapuchados", observó la misma fuente.
Ernesto Sanz, jefe partidario de la UCR, cree que la realidad argentina no es igual que la venezolana pero que los dos gobiernos, el de Cristina Fernández y el de Nicolás Maduro, comparten un mismo ADN: la creencia en que la única forma de construir poder es a través de la lógica amigo-enemigo.
"De todas maneras la sociedad argentina no es la venezolana. Allá el chavismo viene de ganar las elecciones y acá el kirchnerismo perdió por paliza", aclara Sanz. Sin embargo, el senador mendocino agrega un elemento a su análisis que genera inquietud: "Cristina decidió remplazar la inteligencia oficial, la ex Side, por la inteligencia del Ejército. No es un dato menor el papel que tiene el general César Milani, pero la diferencia con Venezuela es que allá Maduro no maneja el poder y se lo entregó a los militares", sostuvo.
Esta tentación de confundir la realidad argentina con la venezolana, hay que decirlo, también nubla la vista de algunos opositores, que alientan la salida anticipada del kirchnerismo del poder. Sin embargo, estas posiciones son marginales, expresadas por personajes outsiders. Los popes de los principales partidos apoyan el orden democrático y buscan líneas de comunicación con el Gobierno para aportar ideas y planes.
En este sentido se inscribe la reunión que tuvo el radicalismo con el titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, quien abrió las puertas de su despacho para explicar el shock ortodoxo sobre el mercado cambiario que aplicó para estabilizar el dólar.
Los radicales salieron conformes con las explicaciones pero desconfían del rol del ministro de Economía, Axel Kicillof, en el manejo de la política económica. "Si cree que puede reescribir la historia de la economía, que tiene 300 años, se equivoca. La economía está basada en las expectativas, eso lo sabía bien Néstor Kirchner, que supo manejar la billetera y las expectativas durante los primeros cuatro años", opina Sanz.
En este escenario de conflictividad creciente, en algún punto alimentada por el propio Gobierno, es que se están desarrollando las paritarias. Del resultado de las mismas dependerán las tensiones que deberá afrontar el oficialismo en todo el resto del año. Gobierno y empresarios están convencidos de que cualquier aumento por encima al 30% se trasladará a los precios y temen que la inflación se torne incontrolable.
Por ello es que es urgente, para los intereses de sobrevivencia política del kirchnerismo, la instalación de los supermercadistas y comerciantes como los malos de la película. La idea es que el malestar popular por la inflación creciente se dirija a los "formadores de precios" y no al Gobierno pese a que fue quien dejó crecer -y hasta alimentó- la inflación durante siete años.
Pero aún en esta estrategia de trasladar responsabilidades al sector privado el kirchnerismo tiene contradicciones. Ya se transformaron en habituales las desmentidas de Capitanich de sus propias declaraciones hechas un día anterior.
Este miércoles el jefe de Gabinete dijo que el Gobierno está "trabajando en la revisión de toda la estructura de carácter legislativo, por una razón muy sencilla, porque observamos el ejercicio de posición dominante de algunos sectores... que generan distorsión en la cadena de valor, se apropian indebidamente del excedente y generan aumentos desmesurados de precios de carácter injustificado".
Pero ayer salió a decir que sus expresiones fueron mal interpretadas por los medios y postuló lo contrario. Puntualizó que el haber afirmado la necesidad de analizar la cadena de valor a los efectos de controlar los precios "no implica una regulación desde el punto de vista de la tasa de ganancias de las empresas" sino que, "por el contrario, significa generar los incentivos económicos para que el sistema funcione adecuadamente".
Mientras el kirchnerismo intenta ordenar el berenjenal de ideas económicas en el que está inmerso, la decisión de redoblar la apuesta en términos políticos está tomada. Frente al malestar social por la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno diseña un dispositivo que le permita, una vez más, salir disparado hacia adelante.
