El gobierno nacional anunció ayer aumentos en los transportes públicos en el área de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que se vienen a sumar a los ya anunciados para la luz, el gas, las prepagas, los celulares y los combustibles.
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El gobierno nacional anunció ayer aumentos en los transportes públicos en el área de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que se vienen a sumar a los ya anunciados para la luz, el gas, las prepagas, los celulares y los combustibles.
Un cóctel complicado para iniciar el año, pero que ya no podían postergar más. Siempre, por cuestiones electorales, se postergaron aumentos. En el caso del transporte, fue la gobernadora María Eugenia Vidal la que pidió que no aumentara el año pasado antes de las elecciones y eso generó que el monto de subsidios al sector fuera el único que aumentó en 2017.
El gobierno nacional tiene la necesidad de bajar los niveles de subsidios para bajar el gasto del Estado pero, además, debe cumplir un compromiso asumido con los gobernadores que firmaron el pacto de Responsabilidad Fiscal y era eliminar progresivamente las distorsiones que generaban los volúmenes de subsidios que recibían los habitantes del Área Metropolitana (AMBA).
Cuando se discutía la devolución del Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires, los gobernadores exigieron que se tuvieran en cuenta los subsidios que recibían los habitantes de la zona, que han sido muy superiores a los que reciben los habitantes de las distintas provincias.
Si bien ya se había comenzado con el gas y la electricidad, faltaba el del transporte que, además, exhibe notorias diferencias en las distintas regiones del país.
Además de las diferencias que existen en distintas zonas por costos de explotación y la relación de kilómetros recorridos en relación a pasajeros transportados y las distancias a recorrer, algunas provincias, además, aplican un subsidio adicional a los que aporta la Nación. Los nacionales cubren costos de combustibles y aumentos salariales de los choferes.
En algunas regiones del país, los servicios son concesiones municipales, como ocurre en ciudades grandes como Rosario y Córdoba. En estos casos, los municipios no tiene recursos para abonar subsidios adicionales y, en esos casos, la tarifa ya oscila entre $ 12 y $ 14. En el AMBA están que trinan porque la tarifa ascenderá de $ 6 a $ 8 en febrero, a $ 9 en abril y a $ 10 en junio.
Lógicamente, estas tarifas siguen atrasadas y, además, no contemplan los aumentos de combustibles que arrancarían esta semana ni los próximos aumentos salariales para los empleados del sector.
En el caso de Mendoza, el próximo 11 de enero se hará la audiencia pública para discutir el precio del boleto donde se discutirá la tarifa pura y entonces se sabrá qué porcentaje subsidia la Nación, cuánto la provincia y cuánto debe asumir el usuario. Seguramente en la ecuación ya aparecerán los nuevos costos de los combustibles.
Además, en la provincia, el sistema tarifario está atravesado por muchas distorsiones. Una de ellas es el sistema de abonos, que es de vieja data y es casi imposible pensar en eliminarlo porque está incorporado como un valor cultural.
Pero hay otro que no es menor y es el boleto gratuito del que gozan los docentes y no docentes y fue incorporado en una paritaria durante el gobierno de Francisco “Paco” Pérez.
Ésta es una distorsión que altera el resultado del precio promedio del boleto, que debería ser corregido. Es mucho más razonable que las sumas dedicadas a este rubro sean pagadas directamente a los empleados del área educativa como parte de sus salarios y que se abone el boleto por lo que corresponde.