El fallo por YPF y la acordada de la Corte para la selección de jueces son dos buenas noticias que se mezclan con otras no tan buenas como la búsqueda de impunidad que desespera a la “Jefa” y que la conduce a buscar ingresar a “la casta”.
Fallo a favor de la Argentina por el tema de YPF en la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos.
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“Una de cal y otra de arena”, dicho popular que se refiere a la alternancia de acciones, noticias y situaciones positivas con otras negativas, el equilibrio de lo bueno y lo mal. Las andanzas del personajillo que oficia de jefe de gabinete y con declaraciones mostrando su patética marginalidad, y la dosis diaria de noticias sobre la degradación de la dirigencia de la AFA, se compensaron con dos buenas noticias para nuestro país.
La primera buena noticia fue el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el juicio promovido por el fondo Burford Capital contra el Estado argentino y YPF, fondo que adquirió los reclamos de Petersen Energía y Petersen Inversor y Eton Park, cuyos accionistas son la familia Eskenazi.
Por dos votos contra uno los jueces fallaron revocando el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska que condenaba a la Argentina a pagar unos 18 mil millones de dólares, agregando los intereses devengados desde el fallo (equivalente al 45% de las exportaciones agropecuarias). La jueza había fallado según la tradición estadounidense del common law en el que los contratos están por encima de todo. En cambio, los votos de los jueces Denny Chin y Beth Robinson aceptaron el reclamo argentino. La discusión pasaba por el Estatuto de YPF tomando en cuenta que la legislación argentina no considera el estatuto como un contrato entre partes sino como reglas de funcionamiento de la empresa. El juez José Cabranes votó en disidencia.
Es incumplimiento alegado debió ser planteado primero en la asamblea de accionistas y luego reclamar algo que la empresa Petersen no hizo. Mencionamos a Petersen porque esa empresa era la accionista de YPF que le vendió el reclamo al fondo Burford. En caso de éxito ese fondo recibía el 70% y los Eskenazi el 30%, es decir cinco mil cuatrocientos millones de dólares. El otro tema que se toma en consideración es de derecho público: La Constitución y la ley de expropiaciones otorgan facultades al Estado que un estatuto no puede desconocer o restringir. La ley de expropiaciones fija las reglas para tramitar los reclamos indemnizatorios.
El fallo señala que el Estado “violó de manera flagrante” sus compromisos con los inversores, pero a criterio de los jueces esa violación no habilita el tipo de demanda que promovieron los demandantes.
Este hecho positivo destaca una continuidad en la defensa argentina en cuanto a la legislación y jurisdicción correspondiente. También hubo continuidad en el estudio contratado en los Estados Unidos, Sullivan & Cromwell. No así en la línea sostenida por el procurador Saravia Frías de avanzar sobre el origen de la adquisición del paquete accionario por los Eskenazi, que el informe de la UIF señala que hubo irregularidades; este planteo fue dejado de lado cuando Zanini asumió como procurador del tesoro en el gobierno de Alberto Fernández. El juez que tiene cajoneada desde 2008 las denuncias sobre esa compra y las sospechas de corrupción fue propuesto por este gobierno para ser juez de la Corte Suprema. Escandaloso.
Ahora todos reclaman la autoría, ignorando la independencia de los jueces en Estados Unidos. Estos tres jueces de este tribunal de apelaciones fueron nombrados por los presidentes Obama y Biden. En cuanto al gobierno de los Estados Unidos ayudó como “amicus curiae” de la Argentina en el juicio presentando un escrito apoyando la apelación. Esto si se lo puede atribuir el gobierno. Pero el gobierno, como asimismo muchos directores de YPF que se negaron a investigar el escándalo de corrupción más grande de la historia argentina, deberán rendir cuentas de su complicidad con el saqueo orquestado por las familias Kirchner y Eskenazi.
La segunda buena noticia es que a fin de terminar con la impunidad constituye un avance la acordada de la Corte para reglamentar el mecanismo de selección de jueces y fiscales en el Consejo de la Magistratura, propuesta que debe tratarse en el plenario de ese organismo creado en la reforma constitucional de 1994 y que busca reducir la discrecionalidad política en os nombramientos. El Consejo de la Magistratura fue incorporado a la Constitución para disminuir la discrecionalidad. Sin embargo, el sistema de concursos establecido dio como resultado un mamarracho. Aspirantes a Jueces y Fiscales cuyas falencias académicas advirtieron los jurados y con puntajes bajos en los exámenes resultaron designados
Se propone también hacer concursos antes que se produzcan las vacantes de manera de evitar situaciones, como sucede ahora, con demoras de varios años en cubrirlas. Hoy la situación es lamentable, más de trescientas vacantes en la justicia nacional están sin cubrir desatendiendo una función indelegable del estado y que muestra la indiferencia hacia la calidad institucional que tiene el gobierno actual, muy parecida al desastre institucional heredado de los gobiernos de la familia Kirchner.
Buenas noticias que se mezclan con otras no tan buenas como la búsqueda de impunidad que desespera a la “Jefa” y que la conduce a buscar ingresar a “la casta”, la peor como lo es el entrelazado de servicios de inteligencia y magistrados al servicio de la impunidad o el proyecto de reforma del Código Penal que atenúa las penas para la corrupción de los funcionarios y de los que lavan dinero de la corrupción.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.