Un legislador nacional de la oposición señalaba recientemente que el kirchnerismo solamente tiene un plan claro de gobierno: ejercer presión hasta someter totalmente a la Justicia. Tal apreciación fue formulada horas después de que se conociera la suspensión en sus funciones del fiscal José María Campagnoli.
La decisión fue tomada en forma preventiva por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal con una votación sumamente ajustada, 4 a 3.
Campagnoli fue suspendido por solicitud de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien sin sumario previo lo acusó por supuesto mal desempeño en la causa contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Este, cabe recordarlo, es uno de los exponentes de hechos de corrupción y mal manejo de fondos públicos atribuidos al kirchnerismo desde que se instaló en el poder, en mayo de 2003. Triste evidencia: la remoción en el cargo es simplemente por haber investigado al poder.
Campagnoli, un funcionario de extensa trayectoria en ámbitos judiciales de nuestro país, deberá ahora someterse al procedimiento de rigor, que incluye que el tribunal que toma su caso deba expedirse en un plazo de 180 días sobre el pedido de destitución, principal objetivo del gobierno nacional a través del accionar de la Procuradora General.
Sin demoras y sin importar la existencia de evidencias de intención política en la separación del cargo a Campagnoli, la doctora Gils Carbó no dudó en nombrar en lugar del suspendido fiscal a una ex funcionaria del kirchnerismo. Gils Carbó, vale recordarlo, es una de las cabezas del movimiento "Justicia Legítima", con el que el kirchnerismo siembra ideológicamente los distintos estamentos de la justicia.
De ese modo, un buen número de abogados, fiscales y jueces responden a este encolumnamiento e inciden, como se está demostrando en este hecho puntual, en el normal desempeño de las investigaciones judiciales. Y otro porcentaje alto de magistrados mira para el costado y se somete, con el propósito de cuidar el cargo y no prestarse a la hostilidad kirchnerista hacia aquellos que no responden a sus designios.
De todos modos, las características profesionales y antecedentes en la función pública del desplazado fiscal alientan la esperanza de una lucha judicial importante y con connotaciones políticas fuertes. Campagnoli, una vez consumada su separación del cargo, afirmó con total valentía tener "un compromiso con la Constitución y la Justicia aun cuando las consecuencias sean éstas.
Nadie me prometió un jardín de rosas", sostuvo enfáticamente a cuanto periodista independiente acudió a buscar su opinión sobre el desenlace. Definió lo que le está ocurriendo a él como una clara "persecución" de índole política y prometió recurrir a cuanta instancia judicial le corresponda para, en caso de ser necesario, llegar hasta la máxima apelación, la Corte Suprema, para dirimir este atropello político.
Tendrá mucho que argumentar contra quienes lo juzgan en el proceso que le ha abierto el oficialismo. Un proceso que debería ser público y demostrativo para la ciudadanía de la lucha que viene en la Argentina planteada por la prepotencia del poder: el Estado democrático contra los designios de un régimen democrático.
Los argentinos no deben olvidar que cuando la Justicia es sometida al poder político, la República tambalea.
