La demanda fue iniciada por una joven cordobesa que fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré luego de recibir una dosis de la vacuna. La causa reúne informes médicos y otros documentos que serán evaluados por la Justicia.
Una mujer demandó a AstraZeneca por presuntos efectos adversos de la vacuna contra el Covid: las pruebas
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Flavia Ochoa inició una demanda contra AstraZeneca y el Estado nacional tras sufrir graves secuelas al recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Más allá del testimonio de la acusada, recientemente se dieron a conocer detalles sobre el expediente, que incorpora una amplia documentación médica y administrativa que será evaluada durante el proceso judicial.
La Agencia Noticias Argentinas accedió a los principales documentos presentados junto con la demanda, entre ellos historias clínicas; certificados médicos; estudios neurológicos; informes de rehabilitación; constancias de denuncias de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación (ESAVI), además de reportes remitidos a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el dictamen de la Comisión Médica que determinó una incapacidad laboral del 75,60%.
La reconstrucción documental comienza el 4 de enero de 2022, cuando, según consta en la demanda, Ochoa recibió una dosis de la vacuna AstraZeneca en un centro de vacunación de Coronel Moldes, Córdoba. La presentación sostiene que esa misma noche comenzó a sufrir fuertes dolores musculares y calambres, los que provocaron que perdiera progresivamente la movilidad de las piernas, situación que motivó consultas médicas e internación.
Los primeros certificados incorporados al expediente registran reposo médico y posteriores derivaciones para evaluación neurológica debido a la persistencia del cuadro clínico. Posteriormente fue internada en un sanatorio privado de Río Cuarto, donde se le realizaron estudios de diagnóstico por imágenes, resonancias magnéticas, análisis de laboratorio y una punción lumbar.
De acuerdo con los informes médicos, la paciente fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia y recibió tratamiento con gammaglobulina, corticoides y un plan de neurorehabilitación intensiva.
Uno de los certificados neurológicos incorporados al expediente describe inicialmente una cuadriparesia flácida con compromiso severo de la movilidad y la necesidad de utilizar silla de ruedas como apoyo para el desplazamiento. Otros informes posteriores registran una evolución parcial, aunque con persistencia de limitaciones funcionales que requirieron la utilización de dispositivos de asistencia para la marcha y sesiones permanentes de rehabilitación.
La propia Ochoa relató a NA que continúa realizando rehabilitación tres veces por semana."Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo", afirmó.
Entre la documentación también figura el Certificado Único de Discapacidad y las prescripciones médicas para tratamientos de fisioterapia, kinesiología y neurorehabilitación, además de indicaciones farmacológicas para el seguimiento del cuadro clínico.
Otro de los documentos relevantes incorporado es el dictamen emitido por la Comisión Médica de Río Cuarto en el marco de un trámite previsional, que estableció una incapacidad laboral del 75,60%. Ese porcentaje surge de la valoración conjunta del síndrome neurológico, las limitaciones funcionales descriptas y otras afecciones consideradas durante la evaluación administrativa.
El expediente también incorpora la constancia de la denuncia de un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), realizada en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), así como un reporte elevado a la ANMAT, documentación que forma parte de los antecedentes administrativos presentados por la demandante.
Antes de iniciar la acción judicial, Ochoa solicitó el reconocimiento de una indemnización por presuntos efectos adversos de la vacunación contra el Covid-19. Según surge de la demanda, ese reclamo concluyó con un dictamen que indicó que no había podido establecerse un nexo causal entre la vacuna y el evento denunciado, conclusión que la demandante cuestiona en la Justicia.
"Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada", señaló la mujer.
