Un grupo conservador y crítico de la implementación de la ESI dio una charla en la Filosofía y Letras que terminó en una pelea con militantes de izquierda.
La actividad terminó con discusiones y agresiones entre los organizadores del panel y los militantes de izquierda.
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web Mientras el Gobierno de Mendoza busca reforzar la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, un foco de resistencia se hizo visible en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). En la Facultad de Filosofía y Letras tuvo lugar el panel “ESI al banquillo: a 20 años de la ley 26.150”, un espacio crítico de la política educativa que terminó en medio de disturbios, con cánticos, discusiones y agresiones que interrumpieron la actividad.
En cuanto a la iniciativa del Ejecutivo provincial apunta a fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI) y la prevención de riesgos digitales en escuelas secundarias, tanto públicas como privadas. A través de talleres, se busca generar espacios de información, reflexión y acompañamiento para adolescentes, prevenir problemáticas como grooming, sexting, abusos y violencias, y mejorar los vínculos y la convivencia escolar.
En este contexto a nivel provincial, persiste todavía una fuerte tensión social y política en torno a la ESI. Y es que, mientras que por un lado, se impulsan políticas públicas orientadas a ampliar derechos, brindar información científica y prevenir riesgos, por el otro, existen sectores que cuestionan su implementación, al considerar que puede implicar excesos, ideologización o una intromisión en el ámbito familiar.
Estas diferencias abren un debate más amplio sobre si es el Estado o las familias las que deben asumir la educación sexual y sobre los contenidos, enfoques y límites de esta enseñanza.
El panel “La ESI al banquillo: a veinte años de la ley 26.150, ¿la ESI educa?”, organizado por sectores críticos -Unión de Académicos Independientes (UdAI) y la Asociación “Padres Unidos Argentina y Padres Unidos Mendoza”- , tuvo lugar el 26 de marzo en la Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo).
Fue presentado como un espacio de análisis académico para evaluar el impacto de la ESI en Argentina, poniendo en discusión sus alcances, sus resultados y el rol de la familia en la formación de niños y adolescentes. Entre los ejes abordados se destacaron los contenidos de la ESI, la participación de las familias y los efectos del programa en la infancia y la adolescencia.
Participaron expositores que cuestionaron distintos aspectos del enfoque actual, como Santiago Gelonch Villarino, Graciela Spinelli, Mariano Salomón, Elena Calderón, Ezequiel Baigorria, Mariana Civit y Miguel Sottile, quienes abordaron temas vinculados a materiales educativos, conflictos entre escuela y familia, y el marco legal de la enseñanza.
El hilo conductor del taller fue más bien crítico a la implementación de la ESI y a la forma en que se vienen tratando los contenidos en los establecimientos educativos y a nivel institucional. En ese contexto es que, según se observa en un video que se viralizó en las últimas horas, la actividad se ve abruptamente interrumpida por un grupo de estudiantes defensores de la implementación de la Ley de ESI.
La discusión fue subiendo de tono hasta llegar a gritos, empujones y encontronazos.
La Ley 26.150, sancionada en 2006, creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y estableció su obligatoriedad en todos los niveles del sistema educativo, tanto en instituciones públicas como privadas.
Fue aprobada con amplio consenso legislativo -169 votos a favor y 1 en contra en Diputados, y 54 a 1 en el Senado- y propone un enfoque integral que articula dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas. Entre sus objetivos se encuentran brindar información científica, prevenir problemas de salud y promover la igualdad y el respeto por la diversidad.
Entre las voces críticas se encuentra la organización Padres Unidos Argentina, que cuestiona la implementación actual de la ESI. Desde este espacio sostienen que existe adoctrinamiento ideológico y una sexualización temprana de los estudiantes, y defienden el derecho de las familias a decidir sobre la educación sexual de sus hijos.
En ese contexto, tras los incidentes ocurridos en la universidad, se presentaron denuncias judiciales y pedidos de investigación.
El episodio refleja un escenario de creciente polarización en torno a la ESI, donde conviven políticas públicas de ampliación de derechos con resistencias que reclaman mayor participación de las familias y revisión de los contenidos impartidos en las aulas.