Desde el Gobierno escolar anticiparon a Los Andes que se busca “ajustar” la resolución vigente con eje en la salud mental y con preceptores que observen más y puedan detectar señales de alerta de manera temprana.
Una alumna se atrincheró con un arma de fuego en una escuela de La Paz
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Captura de videoEl 10 de septiembre, una adolescente de 14 años ingresó a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, con un arma y realizó varios disparos. No hubo heridos, y tras cinco horas de tensión, la menor entregó el arma y fue trasladada a un hospital. El hecho generó conmoción y puso a prueba a toda la comunidad educativa. Sobre todo, a los protocolos de intervención frente a situaciones emergentes en escuelas secundarias.
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) admitieron que el incidente con la menor de edad armada sí activó un análisis profundo sobre cómo se organizan las escuelas y cómo se acompañan las trayectorias de los estudiantes frente a problemas que los interpelan desde lo psicosocial y emocional.
Luego de acompañar y auditar los procedimientos administrativos y pedagógicos de la escuela paceña, saltaron a la luz problemas de comunicación y quizás la falta de una mirada integral sobre cómo abordar la salud mental de los estudiantes. Lo cual sirvió como disparador para evaluar cambios en la resolución vigente sobre los servicios de orientación. Así lo explicaron a este diario Lorena Sabate y Graciela Rodríguez, del equipo de Servicio de Orientación Escolar (SOE).
La DGE busca incrementar la salud mental en las escuelas. Foto: Los Andes
Ambas funcionarias, de la Dirección de Educación Secundaria, coinciden en que la escuela de La Paz siguió "a la perfección" los protocolos vigentes: la evacuación de los estudiantes, la contención emocional, la articulación con distintos organismos y el seguimiento de las trayectorias escolares se llevaron adelante de manera coordinada. Pero el diagnóstico interno mostró que, a pesar de que la respuesta inmediata fue correcta, aunque se admitió que podían mejorar ciertos aspectos de la comunicación repensando ciertos roles y funciones dentro de la comunidad escolar.
Graciela Rodríguez subrayó que, a partir del incidente, se repensaron roles y funciones dentro de los servicios de orientación y se está analizando la posibilidad de ajustar la resolución vigente que regula sus incumbencias para el año que viene. “Uno tiene que adaptarse a la realidad social que hoy nos convoca”, afirmó. El objetivo es que la normativa acompañe el nuevo paradigma de salud mental, que considera al estudiante como sujeto psicosocial, tomando en cuenta factores emocionales, sociales y psíquicos que pueden afectar su desarrollo y, claro, su trayectoria escolar.
En este marco, la figura del preceptor adquiere un lugar central. Como explicó Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la DGE, “Estamos haciendo foco en la importancia del preceptor, en su rol en la escuela y por supuesto que sí queremos favorecer el vínculo del preceptor con el estudiante para que estén atentos a cambios de conducta en los chicos. Observar y detectar para avisar al Servicio de Orientación”.
El nivel Secundario tiene a su cargo la coordinación de los servicios de orientación y, según Gannam, la Dirección de Acompañamiento Escolar colaborará con su aporte para ajustar, si hace falta, las incumbencias de roles, tanto en los servicios de orientación como en la figura del preceptor. Este ajuste es especialmente relevante porque la DAE se incorporó a los colegios secundarios hace apenas un año, y en muchas escuelas aún se mantienen prácticas con un enfoque pedagógico más que psicosocial.
Las escuelas se enfrentan al impacto tecnológico y desafíos que antes no estaban contemplados, como la adicción a la tecnología o la ludopatía.
Con la intención de fortalecer la prevención, los equipos de la DAE comenzaron un plan de capacitaciones continuas para servicios de orientación y preceptores en distintas zonas de la provincia: Gran Mendoza, Valle de Uco y Zona Sur. El objetivo es que los preceptores puedan observar y detectar señales de alerta en los estudiantes, avisando al SOE para que intervenga antes de un episodio, y que los equipos de orientación puedan desarrollar programas propios de prevención, mediante talleres con estudiantes y padres, o jornadas entre directivos y docentes.
Gannam destacó que muchas situaciones no se pueden prevenir por completo, pero un sistema de observación y derivación eficiente permite anticipar hasta el 50% de los casos y manejar los restantes con protocolos claros. En este sentido, Rodríguez como Sabate señalan que la normativa debe ser explícita y reflejar los roles complementarios de los preceptores, por ejemplo, como también el nuevo paradigma de salud mental dentro de los servicios de orientación. “La idea es prevenir de la forma más eficaz en las escuelas”, dijo Rodríguez.
El proyecto que se analiza no busca cambiar la estructura de los servicios de orientación, sino clarificar las funciones y optimizar el uso de los recursos disponibles, incluyendo la incorporación del nuevo enfoque. Según explicaron las fuentes, se trata de garantizar que cada integrante del Servicio de Orientación (suele haber hasta 8 integrantes por escuela) pueda acompañar adecuadamente a los estudiantes y responder a situaciones que los sorprenden o interpelan, respetando la formación profesional de cada uno y reforzando la coordinación con los preceptores.
El ajuste de la resolución también permitiría adaptar los servicios a contextos locales con distintos niveles de atención en salud mental, asegurando que los recursos estén disponibles donde más se necesitan y que las derivaciones a entidades como el ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios) o la Dirección de Salud Mental de la provincia sean, realmente, “oportunas y eficaces”.
Para 2026, la DAE planea capacitaciones continuas para servicios de orientación, preceptores, docentes y directivos, con el objetivo de que surjan acciones de prevención y programas diseñados por cada escuela para aplicar frente a situaciones emergentes. Se busca consolidar un nuevo paradigma que incluye talleres con padres y estudiantes, jornadas docentes y dispositivos de seguimiento más claros.
Como explicó Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar, “es un nuevo paradigma. Empezó el año pasado y luego la misma sociedad y los fenómenos nuevos te van haciendo ajustar estrategias. El impacto tecnológico trae desafíos que antes no estaban contemplados, como la adicción a la tecnología o la ludopatía”.
En paralelo, se revisa el protocolo vigente de 2018 (Decreto 1187 y Ley 9054), que sirve como guía de procedimientos frente a emergentes en Mendoza. La actualización apunta a definir pasos más concretos, involucrando a todos los ministerios y ajustando la normativa a los directores nuevos y a las problemáticas actuales, para asegurar derivaciones oportunas, seguimiento efectivo y prevención integral de los estudiantes.
