La causa que tiene como protagonista al influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido en redes como “La Joya Agro”, sumó un nuevo capítulo con versiones enfrentadas entre las partes y un intento de acuerdo que, por ahora, no prosperó.
Bruno Riboldi ratificó su denuncia por la desaparición de hacienda y rechazó un acuerdo, mientras la defensa del imputado sostiene que la venta era conocida.
Bruno Riboldi, el influencer y productor conocido en redes sociales como “la joya agro”.
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La Nación La causa que tiene como protagonista al influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido en redes como “La Joya Agro”, sumó un nuevo capítulo con versiones enfrentadas entre las partes y un intento de acuerdo que, por ahora, no prosperó.
El conflicto se originó tras la denuncia por la presunta desaparición de unos 190 vacunos en un establecimiento de Santa Teresa, Santa Fe, y derivó en una investigación penal que continúa en curso.
Según informó La Nación, la defensa de Nicolás C., imputado en la causa, propuso una salida para regularizar la operación sin desarmar la venta ya realizada. La alternativa contempla validar la comercialización, mantener los animales en manos del comprador y distribuir los pagos entre las partes involucradas.
Sin embargo, Riboldi rechazó esa posibilidad y ratificó su postura de avanzar en la vía judicial. En declaraciones al citado medio afirmó: “En la causa que decidimos continuar hasta el final yo soy la única víctima y Nicolás el imputado”.
Además, remarcó que su abogado solicitó que la investigación continúe y que se liberen los animales recuperados, al tiempo que se intensifique la búsqueda de los faltantes: “Hoy seguimos buscando los 29 desaparecidos”.
La investigación, a cargo del fiscal Ramiro Martínez en los Tribunales de Villa Constitución, apunta a una presunta defraudación por abuso de confianza.
Según la acusación, Nicolás C. tenía a su cargo los animales bajo un acuerdo de pastaje, pero no contaba con autorización para venderlos. Aun así, entre febrero y marzo de 2026 habría comercializado 161 bovinos utilizando documentación oficial para simular legalidad en la operación.
Si bien parte de la hacienda fue recuperada, la Fiscalía sostiene que el delito se configuró en el momento de la venta sin consentimiento del titular.
Desde la defensa, en cambio, aseguran que no hubo delito sino una operatoria habitual entre las partes. El abogado Pablo Morosano afirmó: “sabía perfectamente que los animales se iban a vender”, y adelantó que solicitarán el archivo de la causa.
Como respaldo, presentaron chats en la Justicia que —según sostienen— evidencian que la comercialización formaba parte de una dinámica de trabajo previa.
En esos intercambios, Riboldi expresa urgencia por obtener liquidez: “Ahí en el medio necesito toda la plata sí o sí” y “No me importa si se vende barato… armá el negocio de contado y listo”. Incluso, en otro mensaje plantea: “Si no está la plata, reventá ahí 60 o 70 terneros”.
Frente a la difusión de esos mensajes, Riboldi negó que correspondan a la operación investigada y sostuvo que se refieren a otra transacción pendiente de cobro. También rechazó la idea de una sociedad con el imputado: “Siempre animales bajo mi propiedad, como prestación de servicio, no sociedad”.
En esa línea, cuestionó la maniobra atribuida a Nicolás C.: “Él ofreció, movió con guías de traslado y facturó con su empresa animales que no eran de él”, afirmó.
Además, negó declaraciones que le atribuyó un informe policial: “No lo había visto nunca y es falso”, dijo sobre la supuesta relación previa con el imputado.
Mientras parte de los animales fue recuperada —según Riboldi, gracias a la difusión pública—, la causa sigue abierta y con dos versiones completamente opuestas: una que apunta a un delito penal y otra que lo encuadra como un conflicto comercial.
Por ahora, la definición quedará en manos de la Justicia.