La reconocida camarista Silvina del Carmen Furlotti Moretti deja su cargo en la Justicia de Mendoza, tras presentar su renuncia, que fue aceptada por el Poder Ejecutivo en los últimos días, marcando el fin de una extensa carrera judicial.
Entre los últimos fallos que firmó como integrante de la Cámara Segunda, se encuentra la revocación del fallo de planes de ahorro. En algunos momentos sonó como candidata a formar parte de la Corte de Mendoza.
La camarista Silvina del Carmen Furlotti Moretti. Gentileza Poder Judicial.
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La reconocida camarista Silvina del Carmen Furlotti Moretti deja su cargo en la Justicia de Mendoza, tras presentar su renuncia, que fue aceptada por el Poder Ejecutivo en los últimos días, marcando el fin de una extensa carrera judicial.
La jueza Furlotti dejará, desde el 1 de julio de 2026, su cargo en la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción, en la que venía cumpliendo funciones en los últimos años.
El nombre de la magistrada sonó en algunas ocasiones entre los candidatos a ser parte de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y presidió la Asociación de Magistrados de Mendoza.
Desde muy joven comenzó a trabajar en el Poder Judicial, desempeñándose como fiscal y luego como prosecretaria, hasta asumir como jueza en 2009.
Recientemente, en abril de 2026, la Cámara Segunda de Apelaciones de Mendoza emitió un fallo resonante que se encuentra en la Corte local: revocó de forma íntegra la sentencia de primera instancia que ordenaba a las empresas de planes de ahorro recalcular las cuotas de los ahorristas según la inflación (IPC).
El tribunal, integrado por las juezas Silvina Furlotti y Gladys Marsala, fundamentó su decisión unánime en que la inflación no constituye un hecho imprevisible en el contexto económico argentino. Además, validó el sistema de “valor móvil” como el precio del bien —el cual no puede ser modificado judicialmente según el artículo 1121 del Código Civil y Comercial— y determinó que en un proceso colectivo no es posible acreditar una vulneración sistemática al deber de información.