El desalojo repentino del refugio municipal en Palmira dejó a una veintena de personas nuevamente en la calle y generó un fuerte rechazo social, político y religioso. Mientras el municipio argumenta que la medida responde a obras de mejora, crecen las críticas por la falta de alternativas y el modo en que se ejecutó el operativo, en un contexto de creciente vulnerabilidad social.
San Martín: cierre imprevisto del refugio para personas en situación de calle desata fuertes críticas y reabre el debate sobre la respuesta estatal.
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El cierre repentino del refugio municipal para personas en situación de calle que funcionaba en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Palmira generó una fuerte polémica en San Martín. La medida, ejecutada durante la mañana del jueves con presencia policial, no solo sorprendió a quienes se alojaban allí, sino que también provocó cuestionamientos desde distintos sectores sociales, políticos y religiosos, incluyendo al Arzobispado de Mendoza.
El procedimiento dejó a once personas nuevamente en la calle, justo cuando las bajas temperaturas comienzan a intensificarse, y puso en evidencia una problemática creciente: el aumento sostenido de personas en situación de vulnerabilidad extrema y las limitaciones del Estado para dar respuestas sostenidas.
Según relataron testigos y organizaciones sociales, el operativo se llevó a cabo de manera intempestiva. Personal municipal, acompañado por efectivos policiales, desalojó el espacio donde hasta la noche anterior dormían once personas. Tanto ellas como sus pocas pertenencias fueron cargadas en un camión municipal —habitualmente utilizado para la recolección de residuos— y trasladadas hasta el portón de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en pleno centro de San Martín.
El impacto de la escena no pasó desapercibido. No solo por la forma en que se realizó el traslado, sino porque, tras ser dejadas allí, las personas no contaban con una alternativa concreta de alojamiento. Desde ese momento, volvieron a dormir en la vía pública.
El hecho reavivó críticas que ya habían surgido en años anteriores, cuando situaciones similares se produjeron en momentos de frío, con decisiones consideradas inoportunas por distintos actores sociales.
Desde el municipio, el secretario de Gobierno, Mauricio Petri, dijo que las personas en situación de calle “no son nuestros hijos, aunque sentimos un compromiso ético con ellos”, al tiempo que defendió la medida y explicó que el cierre responde a la necesidad de realizar mejoras en el edificio.
“San Martín es el único municipio de Mendoza que ofrece alojamiento a las personas en situación de calle fuera de la temporada invernal”, aseguró el funcionario. En ese sentido, indicó que el espacio requiere intervenciones como la colocación de calefactores y piso cerámico, con el objetivo de que el refugio funcione en mejores condiciones a partir de junio, cuando la demanda es mayor.
Petri también contextualizó la situación dentro de un escenario más amplio: “Hay un agravamiento de la situación económica en el país, que afecta el tejido social y esto se ve claramente en la cantidad de gente que termina viviendo en la calle”.
Según detalló, el fenómeno se concentra especialmente en centros urbanos como el Gran Mendoza, San Rafael y San Martín, donde confluyen personas de distintos puntos de la provincia en busca de oportunidades o asistencia.
En ese marco, insistió en que la comuna realiza un esfuerzo sostenido: “Somos el único municipio que les da refugio durante todo el año a las personas en situación de calle”.
Más allá de las explicaciones oficiales, las críticas se centraron principalmente en dos aspectos: la forma en que se ejecutó el desalojo y la falta de previsión de una alternativa habitacional durante las refacciones.
El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, junto al vicario general Marcelo De Benedictis, calificaron el procedimiento como “injusto” e “inhumano”, marcando una postura clara desde la Iglesia frente a lo ocurrido.
En la misma línea se expresó el concejal y dirigente católico Alejandro Ravazzani, quien además trabaja desde hace más de cuatro años en un espacio comunitario vinculado a la parroquia Nuestra Señora del Carmen.
“San Martín no está exento de una problemática que lamentablemente está en franco crecimiento. Las personas que, por diversas razones, quedan en situación de calle aumentan de manera constante”, advirtió.
Ravazzani destacó que desde la Iglesia se brinda contención integral —psicológica, social, jurídica, educativa y alimentaria— a muchas de estas personas, muchas de las cuales atraviesan consumos problemáticos o padecimientos de salud mental, agravados por el contexto económico.
Por eso, el cierre del refugio generó sorpresa y malestar: “Nos sorprendimos de manera desagradable cuando, súbitamente, se desalojó sin previo aviso y con presencia policial el refugio en Palmira”.
Pero además, hizo foco en el modo en que se trasladó a las personas: “Nos enteramos que a las personas y sus pocos bienes los habían cargado en un camión municipal que evidentemente se había utilizado para la recolección de basura y se los trasladó hasta la parroquia”.
Ravazzani aseguró que este tipo de acciones no son nuevas y recordó episodios anteriores en los que personas en situación de calle fueron desalojadas de espacios públicos con operativos conjuntos entre el municipio y la policía.
“Se han llegado a utilizar palas cargadoras y camiones de basura para llevarse los bienes, e incluso documentos de identidad, porque estaban en contravención por dormir en espacios públicos”, señaló.
En ese sentido, cuestionó que, si bien la intención de mejorar el refugio puede ser positiva, existen dos problemas centrales: “la forma, porque se trata de personas que merecen un trato digno, y la falta de previsión, porque durante los días de refacción no se estableció un lugar alternativo”.
El riesgo, advirtió, es que las personas vuelvan a ocupar espacios públicos, generando nuevos conflictos y profundizando su vulnerabilidad.
Desde la Red Puentes, una organización que trabaja activamente con personas en situación de calle, también cuestionaron el procedimiento y aportaron un enfoque estructural al problema.
Recordaron que está vigente la Ley Nacional 26.754/21, que establece la creación de Centros de Integración Social con funcionamiento permanente —las 24 horas, los 365 días del año— y con prestaciones básicas como alojamiento, alimentación, higiene, atención sanitaria y capacitación laboral.
Sin embargo, señalaron que “esta ley no se cumple en la práctica” y que tampoco existe una normativa provincial que garantice estos derechos, pese a que hubo proyectos en ese sentido.
Respecto al caso puntual, remarcaron que las personas fueron notificadas la noche anterior y desalojadas a la mañana siguiente con intervención policial. “No tuvieron el tiempo suficiente para retirar todas sus pertenencias”, indicaron, y subrayaron que el traslado en un camión de residuos está documentado en videos.
Para la organización, el punto más grave es que la medida “implica volver a dejar a las personas en la calle”. Si bien consideran positivo que se mejore el refugio, sostienen que debió garantizarse un espacio alternativo.
Tanto desde la Iglesia como desde las organizaciones sociales coinciden en que el fenómeno de las personas en situación de calle no puede abordarse como una cuestión individual o de “elección de vida”.
“Contra lo que muchas veces es el sentido común, esto no es una elección, sino una problemática de pobreza estructural y vulnerabilidad extrema”, planteó Ravazzani, quien además lo definió como “una denuncia visible de la ausencia estatal”.
El crecimiento del consumo problemático de sustancias, la falta de acceso a servicios de salud mental y las dificultades burocráticas —como la exigencia de DNI o el uso de herramientas digitales para acceder a turnos— agravan el cuadro.
“Esta población no tiene para comer, ¿va a tener teléfono?”, cuestionó, al referirse a las limitaciones para acceder al sistema de salud.
Aunque reconoció la existencia de dispositivos como el hospital Perrupato, el CPPA o el nuevo centro de salud mental en Palmira, consideró que “son claramente insuficientes y en muchos casos colapsados”.
El cierre del refugio en Palmira dejó expuesta una tensión de fondo: la distancia entre las acciones concretas del Estado y la magnitud de una problemática social que no deja de crecer.
Mientras el municipio defiende su accionar en el marco de mejoras edilicias y de un esfuerzo sostenido, las críticas apuntan a la falta de planificación y al trato recibido por las personas afectadas.
En el medio, quedan quienes viven en la calle, atravesados por múltiples vulnerabilidades, sin respuestas inmediatas y dependiendo, muchas veces, de la asistencia de organizaciones y de la solidaridad comunitaria.
El desafío, coinciden las distintas voces, es encontrar soluciones que no solo atiendan la urgencia, sino que respeten la dignidad humana y aborden de manera integral una problemática que ya no puede ser ignorada.