Revisión de alquileres y unificación de oficinas, entre las estrategias de la DGE para paliar la crisis

En un ciclo lectivo en el que “no hay plata”, con recorte de fondos por parte de la Nación y una inflación que no cede, el gobierno escolar de Mendoza busca estrategias para poder paliar la crisis en las escuelas, donde hay cada vez más necesidades sociales, además de las pedagógicas.

Los edificios escolares que la Nación dejó truncos y la Provincia quiere reactivar con fondos propios

Ya el ministro de Educación, Cultura e Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, viene reclamando al Gobierno nacional una deuda de casi $ 18.000 millones, correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y al Fondo Compensador, una cláusula de garantía que cada año ayuda a completar los salarios que no llegan al monto mínimo acordado en paritarias.

De hecho, Mendoza esta semana presentó a la Nación los comprobantes de esas deudas, y según anticipó el titular de Educación, en caso no tener respuesta positiva se continuará el reclamo mediante la vía judicial.

Alquileres, en la mira

Hasta tanto se destrabe la millonaria deuda nacional, uno de los principales recortes que se plantea la Subsecretaría de Educación este año es el de rescindir contratos de alquiler de algunos inmuebles y buscar alternativas “para lograr un gasto más eficiente”, ya sea para escuelas o para oficinas administrativas que responden a esa cartera.

Actualmente, Educación administra el funcionamiento de 1.352 edificios escolares, de los cuales alquila 72 inmuebles para ese fin con un gasto mensual de $ 38 millones, según el desembolso registrado en marzo último. Sólo en los establecimientos rentados por la DGE acuden 20.882 alumnos.

El presupuesto para Educación este año ronda los $ 565 millones por lo que el gasto previsto en alquiler de escuelas no supera el 1,2% de esa partida anual. Si bien no parece ser una cifra significativa para la torta presupuestaria, la subsecretaria de Administración, Cecilia Cejas, aseguró que “todo suma y si se puede ahorrar fondos, mejor”.

De hecho, la funcionaria anticipó a Los Andes que “se está analizando cada gasto porque ninguno debe ser normalizado”. Incluso contratos históricos y multimillonarios como aquel que mantiene con el Instituto Nacional del Agua.

“Queremos que el recurso llegue al niño. Para alimentar o brindar otro tipo de servicio en las escuelas hay que ahorrar en alquileres”, resumió Cejas.

Pack de ahorro con dos leyes

Otra de las estrategias del Ministerio a cargo de García Zalazar en este sentido es que la Legislatura apruebe lo antes posible los dos proyectos de ley para fortalecer el financiamiento del sistema educativo que hoy administra 1.352 edificios escolares en toda la provincia.

Esto es, por un lado, la recuperación de bienes raíces obtenidos por delitos de corrupción de forma directa a la cartera de Educación, que, a su vez, tendrá un plazo para informar qué destino final le dará a cada inmueble.

Para ello, el Ministerio de Educación propuso modificar un artículo de la Ley 9.151, de Extinción de Dominio, aprobada en 2019 y que establece que los fondos recibidos que van a las arcas del Estado serán destinados a la construcción y reparación de escuelas públicas.

Por otro lado, el segundo proyecto propone la creación del Fondo Escolar Permanente, ya previsto en la Constitución provincial. Además, generar un proceso ágil de venta de inmuebles y muebles, así como de fondos y activos financieros derivados de herencias vacantes. ¿El objetivo? Sumar a la infraestructura escolar de todo el territorio mendocino.

Cuál es la estrategia del Gobierno para obtener mayores recursos para Educación

Según Cejas, una vez se aprueben ambos proyectos, Educación podría contar de forma casi inmediata con 40 inmuebles, ya sea para escuelas o para ser utilizados como oficinas administrativas.

De hecho, en la actualidad hay 16 inmuebles alquilados destinados al área administrativa del gobierno escolar y la idea desde el Ministerio tripartito es rescindir tres contratos de alquiler para ese fin en el corto plazo y cuyo ahorro sería de $ 9 millones mensuales.

Unificación de oficinas

La idea, explicó Cejas, es poder “unificar” algunas oficinas administrativas de Educación con otras que corresponden a Infancias o Cultura, aprovechando que ahora las tres pertenecen al mismo Ministerio.

Sin dar más detalles, completó: “En algunos casos, se pueden optimizar perfectamente esos recursos. No diría que hay gastos innecesarios, pero, sin dudas, todo se analiza. Ningún gasto habitual está siendo normalizado”.

$ 30 millones anuales para el INA

Existe un acuerdo vigente desde el 2013 entre la Dirección General de Escuelas y el Instituto Nacional del Agua (INA) y es único en sus características dentro de toda la provincia, según confirmó a este diario la titular de Administración, Cecilia Cejas.

La funcionaria señaló que se reevaluará también esa suerte de contrato que le genera al Estado provincial un gasto anual que supera los $ 30 millones anuales, según constata en el último documento firmado entre las partes en octubre de 2023.

El mismo consiste en una “cooperación recíproca”, donde el INA pone a disposición de Educación dos plantas de su edificio ubicado en la calle Belgrano de Ciudad para que sean ocupadas por oficinas de Infraestructura Escolar. Actualmente, hay 60 personas del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y DGE trabajando allí.

Los $ 30 millones que destina la DGE corresponden al mantenimiento, proporcional, del edificio, de la seguridad y de los servicios. A cambio, los profesionales de planta del INA ofrecen capacitación (charlas y talleres) en todos los niveles de la Dirección General de Escuelas sobre recursos hídricos, ambiente y cambio climático, entre otros. Además, brinda servicio técnico a demanda de la cartera de Educación.

El subregente regional del INA, Santiago Ruíz, consultado por este diario, aseguró que por estos días se está diagramando el Plan de Capacitación que se dará para todos los niveles de la DGE, especialmente a los institutos técnicos superiores.

El Gobierno provincial minimizó el impacto de los “vouchers educativos” de Milei y le reclamó deudas

Agregó que “se trata de un acuerdo de cooperación científica y técnica y en donde las dos partes se benefician de una u otra manera”.

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