Un extrabajador de Minera Andina del Sol recibió $110 millones tras dejar el trabajo, pero por una equivocación recibió otro monto similar y ahora está acusado de defraudación.
El exempleado Dany Roberto Sarmiento y su esposa Myriam Mabel Muñoz fueron investigados por fraude contra Barrick
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Gentileza El exempleado que recibió por error una doble indemnización y no la restituyó fue imputado formalmente por el fiscal, quien solicitó un embargo precautorio por un total de 140 millones de pesos. La medida busca asegurar la investigación mientras se esclarece el caso.
El conflicto se originó en diciembre pasado, cuando Sarmiento, tras 15 años de trabajo en la empresa Barrick, hoy Minera Andina del Sol, fue despedido y recibió la indemnización correspondiente de 110 millones de pesos. Días más tarde, un error administrativo provocó que se le abonara nuevamente la misma suma, duplicando el total a 220 millones.
Ante esta situación, la compañía intentó recuperar el dinero, pero Sarmiento no respondió. Esto motivó la denuncia penal en la UFI Delitos Informáticos y Estafas en enero. Fuentes del caso indican que el ex empleado habría transferido 110 millones a la cuenta de su esposa, identificada como Muñoz, involucrando así a su pareja en la causa.
El fiscal Guillermo Heredia imputó a Sarmiento bajo el artículo 175, inciso 2 del Código Penal, que establece sanciones para quien se apropie de bienes ajenos recibidos por error, y solicitó el embargo correspondiente. En consecuencia, la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón decretó un embargo de 140 millones sobre tres vehículos y un inmueble, además de inhibición general sobre las cuentas bancarias de ambos.
La querella, representada por Juliana Viscaino, acusó también al ex empleado por defraudación según el artículo 172 del Código Penal, que prevé penas de entre un mes y seis años para quien utilice engaños para apropiarse de bienes ajenos.
Sarmiento permanece en libertad, deberá presentarse cada 30 días en la comisaría de San Luis y tiene prohibido salir del país sin autorización judicial. La investigación penal preparatoria durará nueve meses, período durante el cual cambió de defensa y quedó representado por Horacio Merino.