Kinesiólogos, terapistas y transportistas que trabajan con personas con discapacidad denuncian atrasos en los pagos de las obras sociales, aranceles congelados y condiciones laborales insostenibles. Este jueves se movilizan en todo el país para reclamar una solución urgente.
Los profesionales independientes que asisten a personas con discapacidad viven una situación límite. Con aranceles congelados, pagos que se demoran meses y una inflación que no da tregua, prestadores de todo el país se organizaron para marchar este jueves a las legislaturas provinciales y exigir la aprobación de una Ley de Emergencia.
“Estamos con un porcentaje de aumento este año del 0%”, denunció Silvana Alaniz, kinesióloga y prestadora independiente, en diálogo con Aconcagua Radio. “Desde el año pasado, en septiembre hubo un 1%, octubre 1%, noviembre 0,8 y diciembre 0,5. Las prestaciones están totalmente desfasadas de lo que estamos viviendo actualmente”, agregó.
Alaniz detalló que una prestación hoy cuesta 12.000 pesos, pero que ese monto resulta simbólico cuando se lo compara con los gastos cotidianos que deben afrontar los profesionales: “Tenemos que pagar alquiler, impuestos profesionales, nafta, comida, familia. La verdad es que es insostenible, no se puede creer esto”.
Los profesionales que trabajan bajo convenios con obras sociales deben tramitar autorizaciones para cada paciente y, una vez otorgadas, esperar entre 60 y 90 días para cobrar. “En diciembre del año anterior se presenta toda la documentación. Estamos en junio y hay autorizaciones que aún no salen. De acá a tres meses recién empezaríamos a cobrar el mes de enero”, explicó Alaniz. Sin embargo, siguen prestando servicios.
“En mi caso trabajo con niños desde hace mucho tiempo, entonces seguimos trabajando igual y no cobramos. Hay obras sociales que no cobro desde enero, y seguimos trabajando porque está este tema de la vocación que tenemos”, dijo. “No los dejamos sin atención, en un porcentaje altísimo seguimos trabajando sin cobrar”.
El costo emocional y económico de sostener esta tarea se refleja en las decisiones que muchos colegas están tomando: dejar el sistema y atender solo por vía privada. “Te atiendo sí, pero te cobro una consulta y chao, a otra cosa”, graficó. Sin embargo, eso tampoco es viable para muchas familias: “Una consulta particular cuesta 25 mil pesos. Dos veces por semana durante todo el año son 200 mil pesos por mes. Es imposible que una familia pueda sostener eso”.
Además, muchos de los tratamientos que reciben las personas con discapacidad no son esporádicos, sino permanentes y multidisciplinarios. “La mayoría de los pacientes requiere un trabajo integral: kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, psicólogo. Y también el transporte, que está incluido en las prestaciones. Pero el valor del kilómetro es tan bajo que los transportistas solo llevan a los chicos tres días en vez de cinco, porque no pueden sostener los costos”.
Consultada sobre si hay diferencias entre obras sociales, Alaniz respondió que el problema es generalizado: “Hay algunas que se demoran mucho más, otras un poco menos, pero con la obra social más cara también tenemos problemas. No es que nos paguen al mes siguiente”.
Para la profesional, esta crisis no es nueva, pero sí se ha profundizado en los últimos meses. “El sector de discapacidad siempre ha estado en problemas. El más vulnerable es la persona con discapacidad, porque si nosotros no prestamos el servicio, el perjudicado es él. Y se están vulnerando sus derechos. Este año es el peor, esta gestión es la peor”, sentenció.
Este jueves 29 de mayo, a las 10.30 de la mañana, los prestadores se concentrarán en la Legislatura provincial para exigir la sanción de una ley que declare la emergencia en el sector. “Necesitamos que los diputados voten a favor para que sea ley. Que los diputados de todos los partidos voten a favor del proyecto”, pidió Alaniz.
La movilización es parte de una jornada federal convocada en distintas provincias del país, con la consigna de visibilizar el colapso del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad y exigir medidas urgentes. Mientras tanto, quienes sostienen día a día la atención de miles de pacientes, lo hacen con recursos propios, por compromiso profesional y humano. Pero, como repite Silvana Alaniz, “ya no se puede más”.
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