En un hecho inédito en la historia reciente de la educación superior argentina, el conjunto del sistema universitario —rectores, gremios docentes y no docentes, estudiantes y centros de investigación— elaboró y presentó en el Congreso un proyecto conjunto de ley de financiamiento universitario.
Alexia Robledo, vicepresidenta de la FUA (Federación Universitaria Argentina), habló con Aconcagua Radio remarcó que el proyecto “tiene proyección a futuro, no se queda solamente con lo que sucedería este año si se aprueba, sino que también tiene aplicación en los años venideros”. La iniciativa fue trabajada durante más de un mes y medio y presentada esta semana en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
El nuevo texto toma como base un proyecto anterior, presentado en 2023 por la diputada nacional Danya Tavela y vetado por el Ejecutivo. Según Robledo, el nuevo documento incorpora “los motivos por los cuales fue vetada la primera opción”, con el objetivo de sortear una nueva negativa por parte del gobierno nacional. No obstante, admitió: “Sabemos que estamos ante un gobierno que abiertamente dice que cualquier tipo de ley como esta va a ser vetada”.
Cinco puntos clave y una urgencia compartida
El proyecto tiene como eje cinco puntos centrales: gastos de funcionamiento, actualización de salarios, becas estudiantiles, infraestructura y conectividad. Según Robledo, la situación en las universidades públicas “está muchísimo peor que el año pasado”, y recordó que los incrementos presupuestarios logrados en 2023 ya no están vigentes. “Los gastos de funcionamiento implican desde que tengamos una tiza, un quibrón, podamos pagar la luz, el gas o cualquier tipo de insumo”, explicó.
En Argentina, el sistema universitario público cuenta con más de dos millones de estudiantes. “Nuestro país invierte una octava parte de lo que invierten otros países, incluso aquellos con sistemas arancelados como México o Brasil”, afirmó Robledo.
Autonomía, transparencia y trabajo conjunto
Uno de los aspectos que se cuidan especialmente en la propuesta es el respeto a la autonomía universitaria. “Es justamente lo que más queremos proteger, porque fue una de las grandes conquistas de la Reforma Universitaria de 1918”, destacó la referente estudiantil.
En relación con la transparencia, otro de los puntos objetados por sectores del oficialismo, Robledo aseguró que “somos los primeros en exigirla, porque la educación es pública y se sostiene con los impuestos de los ciudadanos”. Agregó que recientemente el Consejo Interuniversitario Nacional firmó un convenio con la Auditoría General de la Nación para garantizar procesos de control y rendición de cuentas.
Además, explicó que las universidades están trabajando de forma articulada para mejorar la gestión del gasto: “Se están asociando entre diferentes universidades para ir y reclamar de manera conjunta mejores precios, como por ejemplo el acceso a internet”.
Apoyos políticos y próximos pasos
El proyecto fue presentado como una nota ante la Comisión de Educación, en la que ya existen al menos cinco proyectos distintos relacionados al financiamiento universitario. “Nuestra propuesta busca unificar la mirada sobre lo que realmente necesita el sistema universitario”, explicó Robledo, y añadió: “Pedimos que sea tratado con urgencia, y por lo que nos dijeron, será abordado en la primera semana de junio”.
En la presentación estuvieron presentes referentes políticos de distintos bloques, como Blanca Osuna, Carla Carrizo y Mariela Coletta, entre otros. Robledo subrayó la importancia del acompañamiento legislativo, pero también social: “Necesitamos el apoyo de toda la sociedad, porque al Gobierno Nacional, si hay algo que no le gusta, no tiene problema en usar la lapicera y llamar al veto”.
Una defensa sin precedentes
Por primera vez en décadas, todo el sistema universitario argentino se mostró unido para defender un presupuesto común. “Esto es algo único”, insistió Robledo. “Hoy estamos trabajando de manera mancomunada en defender nuestras instituciones y en defender este proyecto de ley”.
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