Entre un 20 y un 40% de los establecimientos educativos estatales de Mendoza se quedaron sin el servicio de internet que brindaba el Estado nacional a través de Arsat y el programa Conectar Igualdad, debido a una deuda generada por la gestión de Alberto Fernández con los proveedores de dicho servicio en todo el país.
Se trata de cortes en los establecimientos de nivel inicial, primario, secundario y los Institutos de Educación Superior (IES), que están distribuidos a lo largo y ancho del territorio provincial y que se quedaron sin la conexión a la red debido a que las propias empresas pasaron a suspender el servicio tras casi un año sin poder regularizar la deuda con el Estado. La situación arrancó a mediados de 2023, bajo la presidencia de Fernández y la conducción del Ministerio de Economía de Sergio Massa, cuando entre junio y julio se dejó de enviar los fondos respectivos a las empresas respectivas, pero que se agudizó con el cambio de gestión hacia Javier Milei.
No obstante, es importante aclarar que la interrupción del servicio desde Nación no significa que las escuelas provinciales quedaron desconectadas ya que la provincia también otorga internet. Así lo detalló a diario Los Andes Patricio Cabral, coordinador de Políticas Tecnológicas de la Dirección General de Escuelas (DGE), quien apuntó que en Mendoza todos los establecimientos educativos cuentan con conexión.
El funcionario explicó que entre un 80% y 90% de las escuelas mendocinas tienen el servicio provisto por el Gobierno nacional: “Nación es quien debe garantizar el servicio de conectividad, por eso desde 2015 dicha cobertura llega a casi todos los establecimientos y bajo dos modalidades, una es la instalación de lo que se denomina ‘piso tecnológico’ –la infraestructura de conectividad- y la otra es la provisión del servicio propiamente dicha”.
Según el experto, el “piso tecnológico” es lo que se conoce como “red alumno” y “red docente”, es decir, los puntos a través de los que se conectan tanto estudiantes como maestros y profesores (el servicio en el aula).
“Desde 2017 el Gobierno de Mendoza cubrió el 100% de las escuelas con conectividad. Desde ese año, en la mayoría de dichos edificios conviven las dos infraestructuras, la provincial y la nacional. En el caso de la provincia, generalmente los puntos de conexión están en las salas de computación y en dirección”, remarcó.
En tanto, Cabral explicó que desde hace tiempo la provincia viene pidiendo a la Nación que se comparta la gestión de dicho “piso de infraestructura” para que ambos sistemas puedan complementarse y brindarse soporte mutuo para “balancear las cargas de servicio”.
Consultado por los cortes del servicio nacional en las aulas, preceptorías y otros espacios de las escuelas, Cabral indicó en un lenguaje simplificado que “cuando se cae el servicio de Nación, hay que llevar ‘el cable de provincia’ al piso tecnológico”. Agregó que esto a veces ocurre de forma aislada y desde la DGE se actúa ante la contingencia luego del aviso del directivo a las autoridades.
Sin embargo, lo que ocurre actualmente es que muchas instituciones están reportando inconvenientes con la conectividad provista desde el Gobierno nacional y se está tratando de asistir desde la provincia frente a esta emergencia. “La prestación del servicio nacional se está viendo resentida de forma progresiva por un problema de deuda de la gestión anterior. Es que Nación contrata el servicio mediante Arsat y Arsat subcontrata a empresas locales con cobertura en la zona de cada escuela. Muchas de estos proveedores continuaron brindando servicio a pesar de la deuda para no afectar al proceso educativo”, detalló.
El especialista remarcó que los cortes en la red nacional afectaron a distintos establecimientos y a los diferentes niveles educativos, debido a que el impacto se según la zona de cobertura de cada empresa. Según el funcionario, en el Este se estima que el 40% de los establecimientos se quedaron sin el servicio nacional. Por su parte, en el Gran Mendoza dicha cifra está entre el 30% y el 40%. Por su parte, en el Valle de Uco llega al 20% mientras que en el Sur está entre el 40% y el 50%.
¿Qué dicen las empresas prestadoras de servicio?
Desde la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi) indicaron a diario Los Andes que “existe una deuda de Nación con los proveedores a las escuelas estatales. Dicha deuda se inició en junio o julio de 2023”.
“Los prestadores continuaron brindando el servicio a lo largo del año pasado para no cortar el suministro. Además, los contratos llegaban hasta el 30 de diciembre de 2023″, detallaron a lo que agregaron que la gestión de Fernández realizó la promesa de extensión de dichos contratos, por lo que las empresas siguieron dando conectividad para poder cobrar lo adeudado. “No hay contrato desde el 30 de diciembre”, remarcaron desde la cámara.
No obstante, en diciembre asumió Javier Milei y las promesas de la gestión saliente no se cumplieron. Desde esa fecha a la actualidad, las empresas gestionan por el cobro del compromiso y aseguran que no tienen en claro los motivos por los que no se regularizó la situación en todos estos meses de 2024, aunque estiman algunas respuestas: “Es una plata que tenía que venir de Arsat, pero recién designaron autoridades en Arsat hace un mes y medio. No había autoridades, no había firmas, hay muchas excusas pero no plata. Ahora dicen que el dinero estaría para los próximos días”, detallaron.
Por su parte, desde Cappi señalaron que el problema de la falta de servicio en las escuelas estatales afecta a todo el país e impacta de distintas maneras, ya que la continuidad o no de la conectividad depende de los prestadores en cada región del país.
En tanto, Los Andes se comunicó con el área de prensa de la Secretaría de Educación de la Nación y al momento de cierre de esta nota no se recibió la información requerida. También contactó a las legisladoras nacionales por Mendoza que integran la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación y con otros legisladores de dicha comisión, quienes manifestaron no estaban al tanto del problema –salvo uno que conocía la deuda de la gestión de Fernández- y que iban a averiguar sobre el conflicto.
