Habían sido sorprendidos cazando guanacos en Villavicencio con armas y un vehículo oficial. Los hechos fueron probados y llevaban dos animales muertos. Por qué no los condenaron.
Policías cazaban animales protegidos en una reserva natural con fusiles y "zafaron": por qué no los condenaron
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Archivo (Imagen ilustrativa) Dos policías, retirados en la actualidad, pero que se encontraban en funciones en 2010 -cuando se originó la causa judicial- fueron sobreseídos por la Justicia de Mendoza. De esta manera, el interminable proceso que se había iniciado contra ellos tras ser sorprendidos cazando guanacos en el interior de la reserva natural Villavicencio e infringiendo una batería de leyes llegó a su fin, y quedó impune.
Los efectivos circulaban por el interior de la reserva en una camioneta del Ministerio Público de Seguridad junto a otras cinco personas. En el momento en que fueron interceptados por guardaparques del área natural protegida, cazaban a esta especie protegida por ley con fusiles de calibre grueso -también armas reglamentarias-, y en un área donde cualquier tipo de caza está prohibida y penada.
Al momento de requisar el vehículo, los guardias de la reserva encontraron a dos guanacos muertos en la caja (un macho y una hembra), mientras que la autopsia veterinaria confirmó que además, la hembra estaba preñada (encontraron el feto, también sin vida, en su interior).
Si bien la imputación contra los uniformados estaba encuadrada dentro del delito de "peculado" (cuando un funcionario público se aprovecha para un beneficio personal de servicios que son pagados por la administración pública -en este caso, la camioneta y las armas-), era en concurso con otros tantos delitos.
Porque el guanaco es una especie declarada monumento natural provincial, por lo que su caza está doblemente protegida (por la Ley de Fauna y por la Ley de Monumento). A ello se sube que la caza de cualquier especie está prohibida y penada por la ley dentro de áreas naturales protegidas, y también se los imputó por infringir la ley 2.786 de maltrato animal, también conocida como Ley Sarmiento.
En 2010, cuando el hecho salió a la luz, se convirtió en un verdadero escándalo nacional y ambiental. Sobre todo por la tranquilidad con que los acusados cometían la sucesión de ilícitos dentro de la reserva en el momento en que fueron sorprendidos. No obstante, la causa se fue estirando cada vez más y más, hasta llegar al sobreseimiento confirmado por la jueza Mariana Gardey el 2 de septiembre pasado, más de 15 años después del hecho.
De hecho, de los primeros siete sorprendidos en la camioneta con los guanacos muertos y las armas en 2010, hasta comienzos de septiembre de este año solo quedaban dos que mantenían la acusación formal (los policías retirados Alejandro Olegario Olivera Altamirano y José Luis Vera). Los otros cuatro imputados (el séptimo pasajero era menor de edad) habían sido sobreseídos, ya sea por prescripción de los delitos o por suspensión de juicio a prueba.
"La causa venía con muchos idas y vueltas, y nunca había ido a juicio", destaca el abogado querellante y quien acompañó en la acusación al Ministerio Público Fiscal, Juan Franco Ferraris.
En un comienzo, fue el fiscal Santiago Garay quien instruyó la causa -que recayó en Delitos Económicos al estar caratulada como "Peculado" en la figura principal. No obstante, cuando a Garay lo trasladaron de UFI, fue Mariana Pedot quien lo reemplazó como fiscal.
Como abogados querellantes, además de Ferraris -quien se integró durante los últimos años al proceso-, también se desempeñó el reconocido abogado especializado en derecho animal, Oscar Alfredo Mellado.
"Es vergonzoso el sobreseimiento, sobre todo porque todos los delitos estaban probados. De hecho, la jueza Gardey no los desconoce, sino que lo justifica en una cuestión de plazos. Pero también es discutible eso", explica Mellado.
Ya en manos de Pedot, la fiscal pidió la elevación a juicio de la causa. En tanto, la defensa de los dos policías retirados se opuso a esa solicitud al considerar que había transcurrido ya un plazo razonable (15 años, desde 2010) para que el hecho se resolviera, y que durante ese período los perjuicios hacia ellos habían sido "irreparables". Ante este pedido, Gardey resolvió que, efectivamente, ese plazo razonable se había cumplido.
"La jueza no resuelve nada respecto a la prescripción, y sostiene que no estaban prescriptos los delitos contra estos dos policías. De hecho, estábamos en forma para ir a un debate y se habían interrumpido siempre los plazos de la prescripción. Pero ella considera que, aunque los hechos están acreditados, hay pruebas suficientes y son medianamente graves, ya han transcurrido 15 años y no se trataba de una causa compleja como para demorarse ese tiempo en llegar a juicio. Le da la razón a la defensa en esto del plazo razonable", resume Ferraris.
Además, el abogado aclara que la propia magistrada deja constancia en su resolución que esos 15 años transcurridos no han sido indistintos para Olivera y Vera, sobre todo porque los otros involucrados fueron sobreseídos y ellos seguían imputados.
A pesar de mantener la imputación entre junio de 2010 y comienzos de septiembre de 2025, los dos uniformados siempre mantuvieron la libertad y continuaron en sus funciones hasta que se retiraron.
El 26 de junio de 2010, cerca de las 18, personal de la Reserva Natural Villavicencio oyó varias detonaciones que se correspondían a aquellas de arma de fuego. No quedaban dudas de que habían sido efectuadas dentro de las 60.400 hectáreas que comprende el área natural protegida, por lo que la primera persona en oír los estruendos dio aviso a personal de guardaparques.
Ante este aviso, se activó todo un plan de emergencia y se dispuso de un control en el puesto fijo en la Ruta 52 -dentro de la reserva-, más precisamente en el paraje Vaquerías. Y una hora después de esas detonaciones, cerca de las 19, los guardaparques Osvaldo Sánchez y Emilio Correa detuvieron en ese control a una camioneta Ford Ranger blanca en el que se desplazaban siete personas.
Al requisar el vehículo, encontraron que estaban trasladando armas de fuego y dos guanacos muertos. Según se desprende del propio expediente, y de la reciente resolución de Gardey, era Vera quien conducía el vehículo, mientras que en el asiento de acompañante viajaba Olivera.
"Se presentaron como personal policial e, incluso, Olivera admitió ante los guardaparques que habían cazado un guanaco y que el arma utilizada era un fusil FAL que portaba en la camioneta", se consigna en la actuación judicial.
Durante ese procedimiento se secuestraron no uno, sino dos ejemplares de guanacos muertos, un fusil FAL calibre 7.62 con su cargador y una munición. Además, a raíz de la investigación posterior se corroboró que tanto Vera como Olivera eran policías en actividad de la Policía Departamental de Capital.
También durante la instrucción se confirmó que la camioneta en la que se desplazaban los uniformados y sus cinco acompañantes y el fusil FAL pertenecían al Ministerio de Seguridad (patrimonio estatal), "con lo cual queda claro que su destino normal era la de ser elementos destinados a la seguridad pública", según se describe.
De esto se aferraron, primero Garay y luego Pedot, ambos fiscales de Delitos Económicos, para imputar a los involucrados por el delito de Peculado, contemplado en el artículo 261 del Código Penal Argentino. No obstante, se amplía la acusación con el concurso con otros delitos (infringir las leyes nacionales 2.786 -de Maltrato Animal- y 22.421 -de Conservación de Fauna-).
Luego del secuestro del vehículo, las armas y los dos ejemplares de guanaco muertos por los disparos, los cuerpos sin vida de los animales fueron enviados al Departamento Veterinario del entonces Zoológico de Mendoza.
El protocolo de necropsia confirmó que se traba de dos guanacos adultos (“Lama Guanicoe”). En ese sentido, se informaba que uno de ellos era macho, que presentaba politraumatismos producidos por arma de fuego y que, de acuerdo al daño provocado, se presumía que esa arma era de grueso calibre.
En tanto, se confirmaba además que el segundo ejemplar era de un guanaco hembra y que, en su interior, se había encontrado un feto de 30 cm. de longitud, de sexo macho. La guanaca también presentaba traumatismos producidos por arma de fuego, presumiblemente de grueso calibre.
"De haber existido por entonces la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y Delitos No Especializados, que se inauguró hace no mucho, esto no hubiese quedado impune y los policías no hubiesen sido sobreseídos", agrega una fuente de la investigación.