La eliminación del régimen de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos volvió a tensar la relación entre el Gobierno nacional y las empresas de transporte de larga distancia. La medida, oficializada este martes a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, se da en medio de un conflicto judicial aún abierto y con una deuda estatal que, según el sector empresario, supera los 27.000 millones de pesos.
La controversia gira en torno a una obligación histórica: desde hace décadas, las compañías de micros de larga distancia deben garantizar boletos gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños bajo tratamiento oncológico. Hasta fines de 2024, el Estado reconocía parcialmente ese costo mediante un esquema de compensaciones económicas, bajo la figura de que las empresas prestaban un “servicio público”.
Turistas en la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
Pasajes gratuitos en la mira: el Gobierno quitó compensaciones y crece el conflicto con las empresas de micros
Imagen ilustrativa
Sin embargo, el escenario cambió con el Decreto 883/24, impulsado por el Gobierno nacional, que desreguló el transporte de larga distancia y eliminó su condición de servicio público. A partir de esa decisión, las compañías dejaron de percibir compensaciones, aunque continuaron obligadas a entregar los pasajes sin cargo.
Un conflicto que nunca tuvo resolución
La situación derivó rápidamente en un conflicto judicial. Según explicó la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) en un comunicado difundido este martes, el propio Estado, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), acudió a la Justicia para exigir que las empresas mantuvieran la entrega de boletos gratuitos.
No obstante, tanto el Juzgado Federal que intervino inicialmente como luego la Cámara de Apelaciones resolvieron que las empresas debían seguir garantizando el servicio de manera cautelar, pero con la condición de que el Estado continuara pagando las compensaciones correspondientes.
Pese a esos fallos, desde el sector aseguran que el Gobierno dejó de cumplir con los pagos desde noviembre de 2024. La deuda comenzó entonces a acumularse mientras las compañías siguieron entregando los pasajes gratuitos, tal como ordenó la Justicia.
Terminal del Sol, entrada a Mendoza
Pasajes gratuitos en la mira: el Gobierno quitó compensaciones y crece el conflicto con las empresas de micros
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En ese contexto, el pasado 18 de mayo el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional. Además, aprobó una primera liquidación de deuda por más de 8.753 millones de pesos correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025, e intimó al Ministerio de Economía a cancelar el monto en un plazo de diez días bajo apercibimiento de sanciones judiciales.
De acuerdo con CELADI, esa cifra representa apenas una parte del total adeudado, ya que el pasivo acumulado desde la suspensión de pagos supera actualmente los 27.000 millones de pesos. Los montos posteriores a abril de 2025 continúan siendo relevados en el expediente judicial.
La publicación de la Resolución 28/2026 sumó un nuevo capítulo al conflicto. La norma elimina formalmente el régimen de compensaciones, aunque ratifica la vigencia del derecho al transporte gratuito para las personas alcanzadas por el beneficio.
Ese punto es precisamente el eje de la discusión judicial. Las empresas sostienen que, tras la desregulación del sector y la pérdida de la categoría de servicio público, no corresponde trasladarles en forma exclusiva el costo de una política pública sin ningún tipo de compensación estatal.
En el comunicado, la entidad empresaria remarcó que no cuestiona el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncopediátricos. Por el contrario, advirtió que el debate pasa por definir quién debe afrontar económicamente esa obligación en un mercado desregulado.
“El problema no es el derecho, sino la inconsistencia de eliminar el carácter de servicio público del sistema y, al mismo tiempo, mantener cargas propias de ese esquema sin financiamiento estatal”, señalaron desde la cámara.
Terminal de Ómnibus Mendoza - Foto archivo Los Andes
Terminal de Ómnibus Mendoza - Foto archivo Los Andes
Las empresas también remarcaron que la resolución oficial fue publicada en un contexto particularmente delicado: con dos fallos judiciales adversos para el Estado, una deuda multimillonaria reconocida judicialmente y una intimación vigente para que el Ministerio de Economía efectúe los pagos pendientes.
Mientras tanto, crece la preocupación respecto del impacto que el conflicto podría tener sobre los usuarios que dependen de estos beneficios para acceder a tratamientos médicos, rehabilitaciones o traslados de larga distancia. Aunque hasta el momento las compañías continúan entregando los pasajes gratuitos, el sector advierte que la situación económica se vuelve cada vez más difícil de sostener.
Desde organizaciones vinculadas a la discapacidad y asociaciones de pacientes siguen con atención la evolución del caso. El temor principal es que el enfrentamiento entre el Estado y las empresas termine afectando un derecho adquirido y esencial para miles de personas en todo el país.
