El fundador de Manaos, Orlando Canido, volvió a cuestionar públicamente el sistema de indemnizaciones laborales tras el fallo que obliga a su empresa, Refres Now S.A., a pagar más de $807 millones a un exjefe de ventas.
El empresario Orlando Canido cuestionó la decisión y aseguró que el caso ya está en manos de un estudio jurídico especializado.
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Archivo El fundador de Manaos, Orlando Canido, volvió a cuestionar públicamente el sistema de indemnizaciones laborales tras el fallo que obliga a su empresa, Refres Now S.A., a pagar más de $807 millones a un exjefe de ventas.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza redujo una condena inicial de $1.463 millones, aunque mantuvo un monto que, en términos dolarizados, ronda el medio millón de dólares. El caso fue iniciado por un trabajador que se desempeñó entre 2013 y 2022 en la región de Cuyo y denunció despido sin causa e irregularidades laborales.
Frente a la resolución judicial, Canido fue contundente: “Es insólito y absolutamente fuera de contexto”, afirmó al referirse al fallo de los tribunales mendocinos. En la misma línea, expresó su desconcierto por el cálculo de la indemnización: “No sé cuánto podía ganar como vendedor, no sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”.
El empresario aseguró además que el tema ya está siendo evaluado por especialistas. “Ahora todo está en manos de un estudio jurídico”, señaló, dejando abierta la posibilidad de nuevas presentaciones dentro del marco legal.
En intervenciones anteriores, Canido había vinculado este tipo de litigios con un problema estructural del régimen laboral. “Hoy un empleado que trabaja un año por cualquier motivo manda una carta documento y se considera despedido. Ve la posibilidad de ganar plata sin trabajar y no lo duda un segundo”, sostuvo en un debate público sobre producción y empleo.
En ese contexto, volvió a mencionar el expediente en Mendoza: “Yo tengo un juicio de un jefe de ventas; no sé cuánto trabajó conmigo, si seis o siete años, y fallaron a favor de él en Mendoza por un millón de dólares”.
El caso se produce en medio del debate por la reforma laboral, donde sectores empresarios reclaman reglas más precisas para definir qué conceptos integran una indemnización y cómo deben calcularse intereses y actualizaciones, con el objetivo de reducir la discrecionalidad judicial. Mientras tanto, la condena confirmada por la Corte mendocina mantiene abierto un foco de discusión sobre el impacto económico de los fallos laborales.