La respuesta llegó del otro lado del mostrador, fue breve y demoledora:
Pacientes que recorren hospitales sin conseguir un psiquiatra, servicios que dejaron de recibir nuevos casos y una demanda que crece año tras año reflejan la tensión que atraviesa la red pública de salud mental en Mendoza. Las autoridades reconocen que varios dispositivos trabajan al límite y advierten que revertir la situación demandará años de políticas sostenidas.
La salud mental pública, al límite: crece la demanda y conseguir atención psiquiátrica es cada vez más difícil.
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La salud mental pública, al límite: crece la demanda y conseguir atención psiquiátrica es cada vez más difícil.
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La respuesta llegó del otro lado del mostrador, fue breve y demoledora:
—No estamos aceptando pacientes nuevos hasta el año que viene.
El hombre quedó inmóvil. Había llegado al Hospital Perrupato con una derivación en la mano. Su hermana acababa de atravesar una prolongada internación psiquiátrica en el Hospital El Sauce y necesitaba continuar un tratamiento que, según los médicos, sería permanente. No buscaba una consulta de rutina ni una segunda opinión. Intentaba que el hospital que le correspondía por domicilio se hiciera cargo del seguimiento.
La explicación fue tan breve como inquietante. El servicio no tenía capacidad para incorporar nuevos pacientes. La demanda había superado la disponibilidad de profesionales, solo dos y, para colmo, una de las psiquiatras estaba próxima a iniciar su licencia por maternidad.
La familia regresó entonces al Centro de Salud Mental de Palmira, donde la mujer era atendida de manera provisoria. Allí también les habían advertido que trabajaban al límite de sus posibilidades y que, por la complejidad del caso, el seguimiento debía realizarse en San Martín.
Así comenzó un recorrido que, según pacientes, familiares y profesionales, ya no constituye una excepción.
Derivaciones de un efector a otro, listas de espera cada vez más largas, dificultades para acceder a un psiquiatra y servicios que priorizan únicamente las urgencias forman parte de una realidad que atraviesa distintos hospitales mendocinos.
La historia de esta familia de la Zona Este expone un problema mucho más amplio que un turno postergado. Muestra el momento que atraviesa la salud mental pública, donde la demanda crece más rápido que la capacidad del sistema para responder.
Las autoridades provinciales no desconocen esa situación. Por el contrario, reconocen que varios dispositivos trabajan al límite de sus posibilidades, admiten que existe un déficit de psiquiatras y sostienen que la respuesta requerirá mucho más que incorporar algunos profesionales.
"Esto no se resuelve en un año ni en una gestión", resumirá más adelante Manuel Vilapriño, director provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos.
La paciente había permanecido varios meses internada en El Sauce hasta lograr la estabilidad suficiente para recibir el alta. A partir de ese momento debía continuar controles psiquiátricos periódicos, ajustar la medicación cuando fuera necesario y sostener un seguimiento permanente.
Inicialmente fue derivada al Centro de Salud Mental de Palmira. "Nos explicaron que estaban completamente desbordados. Había una sola psiquiatra y realmente no daban abasto", recuerda su hermano, quien acompaña el tratamiento desde hace años. Pese a las dificultades, el equipo comenzó a atenderla.
Sin embargo, con el paso de las semanas aparecieron nuevos inconvenientes. Palmira es un dispositivo pensado para una atención ambulatoria de menor complejidad y la paciente necesitaba estudios clínicos y controles que sólo podían realizarse en un hospital general.
Además, el Perrupato se encuentra a pocas cuadras de su domicilio. Por eso los propios profesionales de Palmira iniciaron la derivación. La respuesta fue la misma que sorprendió a la familia.
"No estaban aceptando pacientes nuevos."
El hombre asegura que la explicación fue directa. "Nos dijeron que había solamente dos psiquiatras y que una de ellas estaba por salir de licencia. Que no podían incorporar más pacientes porque no había forma de atenderlos."
Mientras esperaba, observó una sala llena. "Había muchísima gente. Nos dijeron que permanentemente recibían personas derivadas desde otros lugares porque tampoco conseguían atención. La palabra que usaron fue 'colapsado'."
Para él, el problema trasciende la situación particular de su hermana. "El paciente psiquiátrico necesita controles permanentes. No puede pasar meses esperando un turno porque corre el riesgo de descompensarse. Si se corta el seguimiento, muchas veces se pierde todo lo que se logró durante el tratamiento."
Aunque no existen estadísticas públicas sobre listas de espera, distintos profesionales consultados para este informe coinciden en describir un escenario similar. La mayor dificultad aparece en la atención ambulatoria, donde los psiquiatras deben sostener el seguimiento de pacientes durante años mientras continúan incorporándose nuevos casos.
Una profesional que integra un servicio de salud mental de un hospital mendocino —y que pidió reserva de identidad por no estar autorizada a hablar públicamente— resume la situación con una frase.
"Los recursos son finitos y la demanda es prácticamente infinita."
Explica que la psiquiatría funciona de manera distinta a otras especialidades. Un traumatólogo puede operar a un paciente y darle el alta meses después. Un cirujano resuelve una patología puntual. En salud mental, en cambio, muchos pacientes permanecen vinculados al sistema durante toda su vida.
"Hay personas con esquizofrenia, trastorno bipolar o depresiones graves que necesitan controles durante toda la vida. Cada paciente nuevo que ingresa sigue ocupando agenda durante años."
Esa dinámica hace que la presión sobre los servicios aumente de manera constante. Cuando un profesional se jubila, renuncia o reduce su carga horaria, los pacientes no desaparecen. Se redistribuyen entre quienes permanecen trabajando. Y mientras eso ocurre, siguen llegando nuevas consultas.
La falta de especialistas aparece hoy como uno de los principales cuellos de botella del sistema público. "No conseguimos recursos humanos", reconoce la profesional consultada.
Según explica, los concursos para cubrir cargos suelen despertar poco interés porque las condiciones salariales del sector público resultan menos competitivas que las de la actividad privada.
A eso se suma el desgaste que implica trabajar con pacientes de alta complejidad y una demanda cada vez mayor. La consecuencia es visible. Cada psiquiatra sostiene una cantidad creciente de pacientes y la posibilidad de aceptar nuevos casos se reduce progresivamente.
El fenómeno no es exclusivo de Mendoza. En distintas provincias argentinas los servicios de salud mental enfrentan dificultades similares para incorporar especialistas, especialmente en hospitales públicos alejados de los grandes centros urbanos.
Manuel Vilapriño evita hablar de un colapso generalizado, pero reconoce que la tensión existe.
"En líneas generales, muchos servicios están al límite y algunos efectivamente trabajan colapsados por la cantidad de demanda", afirma. Aclara que la realidad no es idéntica en todos los hospitales, aunque admite que la presión sobre el sistema creció de manera sostenida durante los últimos años.
El funcionario considera que la pandemia marcó un punto de inflexión. "No creó el problema, pero lo hizo visible. Quienes trabajábamos en salud mental ya observábamos un crecimiento importante de la demanda antes del Covid. Lo que ocurrió después fue una aceleración muy fuerte."
Según explica, el aumento de consultas responde a múltiples factores.
Cambios en los vínculos familiares, mayor aislamiento social, dificultades económicas, consumo de sustancias y nuevas formas de relacionarse confluyen sobre personas que muchas veces ya presentan una predisposición biológica para desarrollar un trastorno mental.
"No hay una única causa. Es un fenómeno social complejo que termina impactando directamente sobre el sistema sanitario."
Para Vilapriño, el desafío ya no consiste únicamente en sumar psiquiatras. También es necesario reorganizar la forma en que funciona toda la red pública.
Durante años, sostiene, muchas derivaciones dependían de acuerdos informales entre profesionales o de la disponibilidad circunstancial de cada hospital.
La intención ahora es avanzar hacia un esquema más integrado, donde los pacientes puedan circular dentro de una red organizada y no queden librados a la posibilidad de encontrar un turno.
"La idea es que la atención no dependa de la buena voluntad de alguien, sino de un sistema que garantice continuidad", explica.
Ese proceso, sin embargo, convive con una realidad que todavía condiciona el funcionamiento cotidiano: la cantidad de personas que buscan asistencia continúa creciendo más rápido que la capacidad de respuesta de los servicios.
Si la escasez de psiquiatras explica parte de las dificultades que atraviesa la red pública, las autoridades provinciales sostienen que el otro gran desafío es el aumento sostenido de personas que necesitan atención.
"La pandemia no creó el problema, pero sí lo hizo visible", insiste Manuel Vilapriño. "Quienes trabajábamos en salud mental ya observábamos un incremento importante de las consultas. Después del Covid esa tendencia se aceleró y comenzó a impactar con mucha más fuerza sobre el sistema."
El funcionario aclara que sería un error atribuir toda la responsabilidad a la pandemia. Detrás del fenómeno aparecen transformaciones sociales que se vienen desarrollando desde hace años: mayor aislamiento, vínculos familiares más frágiles, incertidumbre económica, acceso creciente a sustancias psicoactivas y una exposición permanente a las redes sociales y a las nuevas tecnologías.
"Todo eso actúa sobre personas que muchas veces ya tienen una vulnerabilidad biológica. No existe una única causa; es un conjunto de factores que termina repercutiendo en la salud mental de la población", explica.
Ese escenario modificó el perfil de las consultas. Hoy los hospitales reciben con mayor frecuencia pacientes con cuadros de ansiedad, depresión, trastornos de conducta, intentos de suicidio y consumos problemáticos que requieren un abordaje interdisciplinario y, en muchos casos, un seguimiento prolongado.
Una de las principales diferencias entre la salud mental y otras especialidades médicas es que la mayoría de los tratamientos no termina con una intervención puntual.
"Las enfermedades psiquiátricas son enfermedades del cerebro. Como ocurre con otras patologías crónicas, necesitan controles, seguimiento y ajustes de tratamiento", señala Vilapriño.
Eso significa que cada nuevo paciente representa una demanda sostenida en el tiempo.
Una persona con trastorno bipolar, esquizofrenia o una depresión grave puede requerir atención durante años e incluso durante toda la vida. A las consultas psiquiátricas se suman, muchas veces, intervenciones psicológicas, controles clínicos, asistencia social y acompañamiento familiar.
Esa característica explica por qué los servicios mantienen agendas cada vez más cargadas.
Los pacientes no sólo ingresan al sistema: permanecen en él. Mientras tanto, cada semana aparecen nuevos casos que también necesitan ser incorporados.
Frente a ese escenario, la Provincia sostiene que en los últimos años amplió de manera significativa la red pública de salud mental.
Según datos de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos, actualmente funcionan 15 guardias especializadas distribuidas en hospitales generales, cuando al inicio de la gestión existía un único dispositivo de esas características.
También se incrementó la cantidad de camas destinadas a internación psiquiátrica.
Hoy Mendoza dispone de 281 camas, una cifra que, según Vilapriño, se encuentra dentro de los parámetros recomendados por organismos internacionales. Sin embargo, reconoce que muchas veces permanecen ocupadas debido al aumento de la demanda.
En paralelo, el Gobierno provincial avanza en la apertura de un nuevo servicio para pacientes con consumos problemáticos en el Hospital El Sauce. El dispositivo contará con 40 camas y requerirá la incorporación de unos 30 profesionales de distintas disciplinas.
La estrategia oficial no se limita, sin embargo, a sumar infraestructura. Uno de los objetivos es fortalecer la atención en los hospitales generales y en los centros de salud para evitar que todos los casos lleguen a los servicios especializados.
Con ese propósito, alrededor de 150 médicos de familia fueron capacitados para detectar de manera temprana problemas de salud mental, realizar las primeras intervenciones y derivar únicamente los casos que requieren atención especializada.
"La idea es que el sistema pueda responder antes de que la situación llegue a una crisis", explica el funcionario.
Otro de los frentes abiertos pasa por la formación de recursos humanos. Vilapriño reconoce que incorporar psiquiatras al sistema público continúa siendo una de las tareas más difíciles.
"No alcanza con abrir cargos si después no hay profesionales interesados en ocuparlos", admite. Por ese motivo, la Provincia busca fortalecer las residencias médicas, convencida de que la formación dentro del sistema público puede favorecer la permanencia de los especialistas una vez finalizado el período de capacitación.
Actualmente, cinco médicos residentes realizan su especialización en Psiquiatría en el Hospital El Sauce.
Aunque el número resulta modesto frente a la magnitud del problema, desde la Dirección de Salud Mental consideran que constituye una inversión a mediano plazo para comenzar a revertir un déficit que lleva más de una década.
Pese a las medidas implementadas, Vilapriño evita generar expectativas de una solución inmediata. "La salud mental requiere políticas sostenidas. No es un problema que pueda resolverse en cuatro años." Su diagnóstico coincide con el de los profesionales que trabajan diariamente en hospitales y centros de salud.
Todos reconocen avances en la organización de la red y en la incorporación de nuevos dispositivos, pero también coinciden en que el crecimiento de la demanda continúa siendo superior a la capacidad de respuesta. Mientras tanto, la tensión se expresa en los consultorios. En agendas cerradas.
En pacientes que deben esperar semanas o meses para acceder a un turno. Y en familias que recorren distintos hospitales intentando encontrar un lugar donde continuar un tratamiento que no admite interrupciones.
Porque, a diferencia de otras enfermedades, en salud mental el tiempo también forma parte del tratamiento.
Cada control que se posterga aumenta el riesgo de una recaída. Cada demora puede traducirse en una nueva descompensación, una internación o una crisis que, muchas veces, podría haberse evitado con un seguimiento oportuno. Por eso, detrás de cada lista de espera no hay únicamente un problema administrativo.
Hay personas que necesitan sostener un tratamiento para preservar su autonomía, su vida familiar, su trabajo y, en muchos casos, su propia estabilidad.
La escena con la que comienza esta historia —una familia que escucha que no hay lugar para nuevos pacientes— resume una realidad que ya no pertenece a un solo hospital.
Es la expresión visible de un sistema que intenta adaptarse a una demanda creciente y que, mientras incorpora recursos y reorganiza su funcionamiento, sigue enfrentando un desafío tan complejo como ineludible: garantizar que quienes deciden pedir ayuda puedan encontrarla a tiempo.
15 guardias especializadas funcionan actualmente en hospitales generales de Mendoza, frente a una al inicio de la actual gestión.
281 camas integran la red provincial de internación en salud mental.
40 nuevas camas se incorporarán con la apertura de un dispositivo para consumos problemáticos en el Hospital El Sauce.
30 profesionales serán destinados a ese nuevo servicio interdisciplinario.
150 médicos de familia recibieron capacitación para fortalecer la detección temprana y el abordaje inicial de problemas de salud mental.
Cinco residentes de Psiquiatría se encuentran actualmente en formación en el Hospital El Sauce.
El principal cuello de botella
Funcionarios y profesionales coinciden en que la mayor dificultad sigue siendo incorporar psiquiatras al sistema público.
Los salarios menos competitivos frente al sector privado, el desgaste propio de la especialidad y el crecimiento sostenido de la demanda dificultan cubrir los cargos disponibles.
Al mismo tiempo, la naturaleza de las enfermedades mentales hace que los pacientes permanezcan durante años bajo seguimiento, por lo que las agendas se saturan progresivamente.
La consecuencia es una tensión permanente entre la cantidad de personas que requieren atención y la capacidad real del sistema para ofrecerla.
