Juicios por jurados: en siete años, los mendocinos juzgaron 62 casos

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Desde entonces, en poco menos de siete años, en Mendoza se han desarrollado 62 juicios por jurados. De ellos, 44 han transcurrido en la primera circunscripción judicial. Y 36 han estado encabezados -del lado del Ministerio Público Fiscal- por el fiscal en jefe de Homicidios, Violencia Institucional y Ejecución Penal, Fernando Guzzo.

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"Al principio se trabajaba de una manera distinta, la gente estaba más preocupada. Pero, de repente, cada vez vemos más manos levantadas cuando preguntamos quién quiere ser jurado. La imagen mejora porque la gente considera este sistema más transparente", agrega.

Petean Pocoví, protagonista del primer juicio por jurados en Mendoza, fue condenado a perpetua por cuatro delitos: tentativa de femicidio agravado por el vínculo, dos tentativas de homicidio criminis causa y homicidio criminis causa, por las muertes de los policías Jorge Cussi y Daniel Ríos.

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"Fue uno de los casos más importantes, porque implicó reconstruir y reconvertir todo, aprender a trabajar distinto y salir de la zona de confort. Uno ya no estaba en el despacho, sino en un atril y hablándole a la ciudadanía en un lenguaje claro", recuerda.

Juicios por jurados, el antes y el después

Antes de Mendoza, provincias como Chubut, Buenos Aires, Neuquén y Córdoba ya habían implementado esta modalidad. La ley mendocina se aprobó en 2018 y el primer juicio, el de Petean Pocoví, comenzó el 21 de marzo de 2019 con la audiencia preliminar y se desarrolló entre el 29 de abril y el 3 de mayo.

En una primera etapa, los JxJ estaban reservados a delitos contemplados en el artículo 80 del Código Penal (homicidios agravados). Con el tiempo, se ampliaron a homicidios simples, accidentes de tránsito y robos con lesiones graves.

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"Actualmente, fuera de los JxJ están quedando los delitos económicos, contra la integridad sexual, de violencia de género y delitos correccionales. Pero la idea es, progresivamente, llegar a estos casos también", explica Guzzo.

En términos estadísticos, la mayoría de los juicios por jurados en Mendoza han terminado con veredictos de culpabilidad. El jurado define la responsabilidad penal, mientras que el juez técnico establece la pena.

Veredicto por unanimidad o "jurado estancado"

Una de las características centrales del sistema mendocino es que el veredicto debe ser unánime. Es decir, todos los miembros del jurado deben coincidir.

"Si no es por unanimidad, no es constitucional", resume Guzzo al explicar el criterio adoptado en línea con estándares internacionales.

Cuando no hay acuerdo, se produce lo que se denomina "jurado estancado". En esos casos, el juicio puede repetirse con un nuevo jurado o, si el fiscal decide no insistir, se dicta la no culpabilidad.

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En Mendoza ya hubo tres episodios de jurado estancado. El primero de ellos fue Cortez - Tarabay, el caso de la mujer que había sido víctima de violencia de género y había asesinado a su marido (quien la agredía). Allí no hubo unanimidad en el jurado y Guzzo decidió no insistir con la acusación.

El segundo fue el conocido como "Alcaraz - Sosa". En este debate, el jurado se estancó, por lo que -en un primer momento- se declaró "no culpable" a Andrés Alcaraz, imputado como autor por el homicidio de Pablo Cataldo en 2022.

No obstante, el fiscal insistió con la acusación y. antes de sortear a un nuevo jurado para repetir el debate, Alcaraz se declaró culpable en un juicio abreviado. Por ello fue condenado a 20 años de cárcel.

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El tercero de los episodios que no llegó a sentencia en JxJ fue el del crimen de Diego Céspedes y por el que estaba acusado Matías Damián Silva Juárez. En julio del año pasado no hubo acuerdo entre los integrantes del jurado. No obstante, Guzzo insistió en la acusación, por lo que deberá sortearse nuevamente el jurado (el nuevo debate tiene fecha para abril de este año).

Ante la pregunta sobre si insistir en un segundo juicio puede ser inconstitucional, Guzzo es claro:

"No es inconstitucional porque no hay sentencia y el caso sigue. Uno decide insistir porque considera que la prueba es contundente".

Cómo se eligen los miembros del jurado

La ley establece que todos los ciudadanos pueden ser convocados. Cada año se realiza un sorteo general y, para cada caso, se seleccionan 96 precandidatos.

Luego se define el jurado final de 16 personas (ocho hombres y ocho mujeres), de los cuales 12 participan en el juicio.

Polo Judicial Penal, constituído por el Poder Judicial Mendoza - Fuero Penal Colegiado y Ministerio Público Fiscal con comunicación directa con Penitenciaría o cárcel San Felipe de Boulogne Sur MerFoto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El proceso clave es la "audiencia voir dire", donde jueces y abogados analizan a los candidatos. Allí se excluye a personas con incompatibilidades, como miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios, condenados o deudores alimentarios.

Después, las partes aplican filtros según sus estrategias. Por ejemplo, la fiscalía puede indagar sobre antecedentes o posibles sesgos.

También existe la posibilidad de recusaciones. Pueden ser ilimitadas (cuando son con causa fundamentada) o hasta cuatro sin causa ("a ojo") por cada parte. Si hay desacuerdos, el juez define. Y si quedan más de 16 candidatos, se realiza un sorteo final.

Jurados, percepción social y límites del sistema

En base a lo que uno puede llegar a ver en series o películas de Hollywood, resulta inevitable la pregunta referida a la existencia de especialistas que estudian a cada miembro del jurado para saber qué esperar de cada uno de ellos.

Guzzo reconoce que hay estudios, pero aclara que la realidad argentina es distinta a la de Estados Unidos, con menor diversidad social y heterogeneidad.

Además, Guzzo se refiere a la influencia que pueden tener las preguntas o estrategias durante el juicio, en especial aquellas que surgen desde la "picardía" de dejar expuesto al acusado (por más que sean objetadas y el juez ordene no tenerla en cuenta).

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"Los autos de admisión de pruebas establecen las cosas que se permiten y las que no. De entrada se aclara la prohibición a hablar de antecedentes de las personas o a hacer determinadas sugerencias, como -por ejemplo- que el Ministerio Público es objetivo, dado que ello pone en desventaja a la defensa", resume Guzzo.

En ese sentido, indica que en otros países -y que está faltando en Argentina- existen normas éticas referidas a lo que se puede decir y lo que no. "En estos países, durante los alegatos está prohibido querer enviar mensajes a la sociedad o instrumentalizar a la persona para que el Estado las tome de ejemplo o no", describe.

¿Puede decidir un jurado sin formación jurídica?

Una de las críticas habituales al sistema es que la decisión recaiga en ciudadanos sin formación en derecho. Pero la Justicia ya se ha pronunciado claramente.

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"En el caso Petean Pocoví, la Corte dictaminó que no es inconstitucional; más bien es constitucional. Es el único poder soberano y no delegado que la Constitución ha otorgado al pueblo", resume.

El perfil de Fernando Guzzo

Fernando Guzzo (55) ingresó a los Tribunales Federales en 1990 y en 2000 asumió como Defensor Oficial de Menores.

Luego rindió para convertirse en Fiscal en Jefe de Homicidios, Violencia Institucional y Ejecución Penal, un rol que, según él mismo reconoce, es el que más disfruta: "Me gusta litigar y no querría ser juez".

Es además profesor universitario y especialista en Derecho Penal.

Entre los juicios por jurados que más lo marcaron, destaca tres: el de Petean Pocoví, el de Hisa y el de Gil Pereg, condenado por asesinar a su madre y a su tía en Mendoza.