Treinta y dos trabajadores golondrina en una finca de Tupungato se encuentran con salarios por debajo del jornal y alojamiento en condiciones irregulares.
Trabajadores golondrina en Tupungato. La imagen de la finca donde se realizó el relevamiento laboral.
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Gentileza UATRE registro 32 trabajadores golondrina y labro acta por las irregularidades laborales.
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Gentileza Trabajadores golondrina en finca de Tupungato.
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GentilezaEl inicio de la cosecha de ajo, durazno, manzana y otros frutales en el Valle de Uco trae la llegada de los llamados trabajadores golondrina. Personas que migran desde distintas provincias para realizar el trabajo agrícola según el calendario de cosechas. Esto se ve más entre los meses de primavera y verano, cuando estas personas se trasladan, muchas veces la familia completa, hacia las zonas productivas. Viviendo en las fincas en espacios provisto por sus empleadores.
En este momento se está levantando la cosecha del ajo y la demanda de mano de obra se ha incrementado. En la misma magnitud que los organismos de control incrementan su presencia en territorio y comienzan a recibir más denuncias relacionadas con las condiciones de alojamiento y el cumplimiento de la normativa laboral.
En este contexto, hace menos de una semana se realizó una inspección en una finca de Tupungato. Allí se encontraron a 32 trabajadores golondrina viviendo en condiciones irregulares y percibiendo salarios inferiores al establecido para el sector rural.
La secretaria general de UATRE Tupungato, María Agustina Calderón, confirmó la intervención y detalló que la inspección se activó a partir de una denuncia. Junto a personal de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza y Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) ingresaron al predio, relevaron los espacios destinados al alojamiento y dialogaron individualmente con cada trabajador.
UATRE registro 32 trabajadores golondrina y labro acta por las irregularidades laborales.
Según explicó, los trabajadores provenían de distintas provincias del norte y del centro del país, como Tucumán, Salta y San Juan, algo frecuente durante esta etapa del año. “Había tucumanos, salteños y sanjuaninos. Es habitual en esta época que muchas familias se trasladen para trabajar”, señaló la dirigente sindical.
La primera parte del operativo consistió en recorrer las instalaciones y constatar el estado del alojamiento. Luego se relevó la situación laboral de cada uno de los trabajadores, incluyendo el monto que perciben por jornada, si cuentan con la ropa de trabajo correspondiente, si reciben comprobantes y si conocen la escala salarial vigente.
Durante el relevamiento, se constató que los trabajadores permanecían en “piezas colectivas” con problemas hacinamiento, no cumpliendo con los parámetros establecidos para este tipo de alojamiento.
“Las piezas tenían camas y colchones precarios. En habitaciones para cuatro personas había siete u ocho”, señaló Calderón. La sobreocupación de las habitaciones fue uno de los puntos del acta, ya que la cantidad de personas alojadas superaba ampliamente la capacidad prevista por el empleador. Esta situación, según la dirigente sindical, suele repetirse en distintas fincas durante la temporada.
También se detectaron fallas en los servicios esenciales, “los baños estaban tapados y el agua potable salía por momentos”, explicó. La intermitencia de agua potable y el mal estado de los sanitarios fueron registrados en las actas elaboradas por los organismos de control, ya que representan una vulneración directa de las condiciones mínimas de vivienda que deben garantizarse a los trabajadores temporarios.
En materia salarial, los trabajadores declararon que percibían entre $20.000 y $25.000 por jornada. Calderón señaló que ese monto no coincide con el valor oficial que rige actualmente: “El jornal que rige ahora para el cobro de este mes es de $41.210,29. Ese es el valor del día que corresponde pagar. Ellos estaban percibiendo casi la mitad”. Este valor corresponde al mes de octubre, que se liquida en noviembre.
Luego de relevamiento de las condiciones laborares que se presentaron a la vista y a través de entrevistas individuales, “se labran actas y se hace una compulsa con la Subsecretaría de Trabajo, que intima a la empresa a regularizar salarios, alojamiento y documentación. Por lo general el plazo es de diez a quince días” confirma la secretaria gremial.
El procedimiento contempla una compulsa documental y un seguimiento posterior para verificar si las medidas han sido cumplidas. En este caso se dio un plazo de 15 días para regularizar las condiciones laborales. Es decir, se deberá al menos adecuar las condiciones de alojamiento y regularizar el salario de los trabajadores.
Trabajadores golondrina en finca de Tupungato.
María Calderón indicó que estas situaciones no son excepcionales y que se repiten cada temporada en el Valle de Uco, confirmando que “todos los años pasa lo mismo. Ahora empieza el ajo, después vienen el durazno, la manzana y los frutales. En cada temporada encontramos condiciones similares”.
Respecto a la relación con los trabajadores durante los operativos, la secretaria fue consultada por la actitud de las personas entrevistadas. A lo que señaló que existe un temor generalizado a brindar información, aunque aclaró que esta conducta no se refirió únicamente a este caso: “Tienen mucho miedo de hablar porque temen que los echen o que no los vuelvan a recibir en la próxima temporada”. Este comportamiento es, según explicó, repetitivo entre los trabajadores temporarios, quienes suelen depender del empleador para obtener continuidad laboral en futuras campañas.
Calderón también mencionó que la presencia de menores en las fincas es una problemática que aparece en otras inspecciones. Dijo que el sindicato advierte esa situación año tras año en diferentes fincas, lo que constituye uno de los principales puntos de preocupación en los controles rurales.
Para finalizar, Calderón recordó que UATRE mantiene canales de consulta y denuncia activos para los trabajadores: “Pueden preguntar cuánto está el jornal, qué ropa deben recibir, cómo funcionan las vacaciones o denunciar irregularidades. La idea es que conozcan sus derechos”.