Liliana Cortez, referente de la Asociación de Esposas de Policías y Penitenciarios de Mendoza, denunció en Aconcagua Radio que cada día se jubilan o piden la baja hasta nueve efectivos, mientras las familias sufren la precariedad salarial y las malas condiciones laborales.
La seguridad en Mendoza atraviesa una crisis silenciosa que, según la Asociación de Esposas de Policías y Penitenciarios, el Gobierno busca minimizar. Así lo afirmó Liliana Cortez en diálogo con Aconcagua Radio, donde cuestionó la falta de respuestas oficiales y reveló datos alarmantes sobre el retiro masivo de efectivos.
“Son nueve policías por día los que piden la baja o se jubilan, y sin embargo el Ministerio de Seguridad lo niega. La ministra es una negadora serial de lo que está pasando”, sostuvo Cortez. Según la dirigente, el problema tiene varias aristas, pero el más urgente es el salarial: “Nuestros maridos no pueden vivir con lo que ganan, hacen horas extras o buscan otros trabajos y encima son sancionados por eso”.
Además, denunció que la salida de la fuerza está siendo deliberadamente demorada. “El trámite de baja dura entre cinco y nueve meses. Mientras tanto, el policía sigue siendo rehén: si protesta o insiste, lo sancionan y eso le arruina el legajo. Y sin una baja limpia, no puede trabajar en otro lado”, explicó.
Las familias aseguran que, en muchos casos, los efectivos se ven obligados a emigrar. “En Chile o en Europa los contratan rápido y les pagan en dólares o euros, además les reconocen la profesión. Afuera se valora lo que acá no”, dijo Cortez.
Las críticas no se limitan al salario. También apuntan a la falta de condiciones mínimas de trabajo. “En la Comisaría Décima de Maipú los policías conviven con olores nauseabundos de cloacas porque no hay presupuesto para baños dignos. Pero sí hay plata para comprar móviles y hacer videos”, denunció.
La vocera recordó que desde 2013 la asociación impulsa reclamos por salarios justos y condiciones seguras. Sin embargo, afirma que los pedidos al Ministerio de Seguridad, la Legislatura y hasta la Casa de Gobierno nunca fueron respondidos. “En 2024 nos trataron de conspiradoras cuando lo único que hicimos fue una mateada frente a Casa de Gobierno. Logramos apenas $200.000 para indumentaria, pero seguimos igual”, relató.
Cortez también mencionó el incumplimiento de la Ley 6722, que garantiza raciones alimenticias al personal policial. “Esa ley dice que el Estado debe pagarles la comida, igual que a los presos. Pero la ministra mintió en tres oportunidades. Les están robando la comida a los policías”, disparó.
Frente a este panorama, la asociación busca apoyo político y judicial. “Gracias a legisladores como Magistretti y Pedro García Espetxe que tomaron el reclamo, ahora se avanzará en la Corte. Porque solos no podemos: a los familiares nos tienen atados de manos y los policías perseguidos”, expresó.
Por último, Cortez se refirió a las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo, quien en San Rafael habría dicho que “si no les gusta, que se saquen el uniforme”. La respuesta fue contundente: “El personal policial no está por dinero, sino por vocación de servicio. Son quienes dan su vida, hacen reanimación en la calle, entran a casas en llamas o se disfrazan de payasos para los chicos. Y aún así salen a trabajar sin respaldo, ni económico ni político”.
Con dolor, la referente resumió el estado actual de la fuerza: “Hoy los policías mendocinos trabajan sin impresoras para redactar denuncias, enfermos por las malas condiciones y con un sueldo que no alcanza. Y sin embargo siguen saliendo cada día con vocación de servicio”.
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