Julieta Leda, madre de dos niños con autismo, habló con Aconcagua Radio y denunció violencia, discriminación y falta de contención en escuelas de la provincia.
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Adobe StockJulieta Leda relató en el programa Hermoso Caos de Aconcagua Radio que tuvo que sacar a sus hijos de una escuela pública. Lo hizo luego de vivir situaciones que describe como “bullying institucional”: no venían de parte de otros estudiantes, sino de autoridades escolares, docentes y algunos padres.
Su historia es también la historia de muchas familias que enfrentan obstáculos cuando sus hijos tienen condiciones como el autismo y requieren una mirada más amplia, sensible y preparada por parte del sistema educativo.
“Desde el momento en que fui a inscribirlos a la escuela ya noté una actitud hostil”, cuenta Julieta. Se refiere a la escuela Hipólito Yrigoyen, de Capital. “La vicedirectora me preguntó cómo iba a hacer para venir desde Las Heras en colectivo, sin saber si venía en colectivo o en auto. ¿Era relevante eso?”, recuerda.
Julieta es mamá de Juana y León, ambos con diagnóstico de autismo y certificado de discapacidad. A partir del ingreso escolar, comenzaron a aparecer situaciones que se fueron agravando. “Las conductas disruptivas empezaron a intensificarse. Mi hijo rompía mochilas, cartucheras... Era su forma de regularse emocionalmente. Yo no niego esa parte. Pero la escuela no supo cómo abordarlo”, explica.
Durante un año entero, Julieta vivió pendiente del teléfono. “Me llamaban todos los días. No podía hacer nada más que estar en casa esperando ir a buscarlo. Llevé acompañantes terapéuticos, maestros particulares. Fui yo misma. Pero llegué a escuchar cosas como ‘si no venís, llamamos a la policía’. Una vez llegué y mi hijo estaba con un policía viendo las Tortugas Ninja en un celular”.
Pero lo más grave, dice, fue cuando se encontró con su hijo encerrado en un baño. “Tuvo una crisis. Cuando llegué, estaban la directora, la vicedirectora, la maestra y dos celadores afuera. La puerta no se podía abrir desde adentro. Le pegué una patada y lo encontré hecho una bolita, llorando”.
Según Julieta, el problema no era sólo la falta de capacitación de algunos docentes frente a las neurodivergencias, sino también una cultura escolar que margina lo diferente. “Los niños nunca le hicieron bullying a mi hijo. El bullying vino de los padres hacia él y hacia mí. De la escuela, hacia él y hacia mí. Había una clara intención de no querer trabajar con chicos con autismo o con cualquier tipo de problema. Si ni siquiera tuvieran diagnóstico, igual los marginarían”.
La respuesta más frecuente que escuchó fue: “Somos una escuela inclusiva... pero”. Esa frase, llena de resignación, resume, para ella, la falta de herramientas reales en las escuelas públicas. “Me decían: ‘No estamos preparados’. ¿Pero cuántos casos más necesitás para empezar a prepararte?”, se pregunta.
La situación escaló hasta que fue derivada a la Dirección de Apoyo Escolar (DAE), antes llamada DOAIT. Pero allí, asegura, tampoco sabían qué estaba pasando. “Me atendieron bien, pero no estaban al tanto. Me derivaron directamente a una escuela especial, la Víctor Mercante. Ahí me trataron con mucho cariño, pero mis hijos no encajaban. No era el lugar para ellos”.
Más allá de lo escolar, Julieta comparte cómo esta situación afectó su vida personal. “Yo vendía, compraba, tenía una empresa con mi esposo. Pero tuve que dejar todo. Estaba 24/7 para ellos. Me pedían que no los llevara a actos escolares, que los retirara antes. No podían participar de nada si yo no iba. Incluso terminé con dos sesiones de psicóloga por semana y volví al psiquiatra después de años. Llegué a tener miedo de ir a la escuela”, cuenta.
El acoso se trasladó también al ámbito social. “Padres me esperaban en la puerta para intimidarme. Me denunciaron falsamente. Tengo capturas de pantalla donde dicen ‘no vamos a parar hasta que se vaya, aunque sean mentiras’. Pusieron policías para protegerme, no a mi hijo, a mí”.
A pesar de todo, Julieta resistió. “Yo no me quería ir. Sentía que debía ganar esa batalla, que ellos tenían que entender. Pero cada vez que mi hijo iba a la escuela, entraba en crisis. No podía seguir sometiéndolo”.
Finalmente, a fines de noviembre, decidió cambiar a sus hijos de institución.
Actualmente, León y Juana asisten a una escuela en Las Heras: la Banjamín Matienzo. Allí, el trato es diferente. “La directora me abrazó el primer día, dijo que me vio la cara de miedo. Todos nos contuvieron: supervisores, celadores, docentes. Mis hijos van con alegría a clases. No redujeron su carga horaria, sino que me avisan si un día se sienten cansados. Es otra cosa”.
Julieta ha decidido ir más allá y presentó denuncias formales contra las instituciones y funcionarios que no supieron contenerlos. “Fui a la Dirección de Discapacidad y denuncié a la escuela, denuncié a la supervisora, al área de la DGE que no resolvió esas cosas que tienen que resolver. No puede quedar así. Van a venir muchas familias detrás nuestro y no se puede permitir que les pase lo mismo”.
En su relato hay dolor, pero también firmeza. “No es justo lo que hicieron con un niño y con una familia. La supervisora de capital se reía en mi cara. Dicen que hay que respetar a los docentes, y está bien. Pero también deben respetar a las familias, a los chicos. No va por ahí”.
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