La empresa de viandas que está siendo investigada por sus raciones en la cárcel de Ezeiza tuvo su "estreno" en el Notti con 670 viandas para personal.
Empresa de viandas investigada por mal estado de la comida en cárceles hizo raciones para el hospital Notti
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Los Andes El llamado a licitación pública y la posterior adjudicación para elaborar 670 viandas de comida que fueron distribuidas a personal del Hospital Notti durante los días 24 y 31 de diciembre pasados ha dado que hablar en Mendoza. No por la convocatoria en sí, sino por el detalle de la empresa que resultó elegida entre las oferentes.
El lunes 22 de diciembre de 2025 se confirmó que la operación (identificada con el número expediente 2025-08753780) había sido adjudicada a la firma Bio Limp Soluciones de Calidad S.A. Y si bien se trataba de la propuesta más conveniente desde el punto de vista económico -era la más baja de las cinco propuestas evaluadas-, fueron los antecedentes negativos de esta firma -y que no fueron tenidos en cuenta- los que encendieron las alarmas.
Y es que la misma empresa Bio Limp es la que se encuentra en el foco de la tormenta luego del mega escándalo de viandas con comidas en mal estado que se repartieron en el penal federal de Ezeiza (Buenos Aires). De acuerdo a algunas pruebas que figuran en el expediente bonaerense que avanza en la Justicia Federal, Bio Limp sería una empresa "pantalla" de la cuestionada firma Food Rush S.A., a la que en 2024 le prohibieron que continuara prestando el servicio luego de incontables denuncias de los internos referida al pésimo estado de la comida.
Incluso, posteriores análisis de la ANMAT sobre estas viandas confirmaron la presencia de bacterias peligrosas, como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus; todas incompatibles con el consumo humano. Esto terminó por confirmar aquello que, en palabras, habían expuesto algunos de los internos que consumían a diario estas raciones.
Si bien se trató de una prestación puntual para el menú de los trabajadores del Notti durante los días previos a las fiestas de fin de año, llama la atención que no se hayan tenido en cuenta tan peligrosos antecedentes incluidos en la investigación que está en marcha en Buenos Aires al momento de definir la adjudicación. Más teniendo en cuenta que Bio Limp es el actor principal que se encuentra bajo la lupa de esa investigación por corrupción y por el pésimo estado de la comida.
Por las 670 unidades (viandas) para repartir entre el personal del hospital pediátrico Humberto Notti los días 24 y 31 de diciembre del año pasado se pagaron menos de $10,05 millones ($10.041.718,80 para ser más precisos). Haciendo cuentas, este total arroja un valor de $14.987,64 por cada vianda.
Si se tiene en cuenta que las otras oferentes habían ofrecido un precio unitario de entre $16.707,58 y $18.600, no quedan dudas de que, al menos en términos económicos, la más conveniente fue la propuesta de Bio Limp (que finalmente fue la adjudicataria).
No obstante, la preocupación pasa por el hecho de que no todo debería haberse definido por una cuestión de conveniencia económica, sino que deberían haberse considerado los antecedentes. Y la actualidad de Bio Limp, sospechada de ser una empresa pantalla de la cuestionadísima Food Rush y en plena polémica en la cárcel de Ezeiza, no debería haberla posicionado como una alternativa confiable y tranquilizadora.
"Era una licitación chica y más económica, y el promedio de las otras empresas era de 12 millones de pesos frente a los 10 millones de Bio Limp. Pero el Estado debe cuidarse y solicitar antecedentes, porque esta puede convertirse en la puerta de entrada para licitaciones más grandes y por más tiempo", advirtieron a Los Andes referentes en el sector.
En los hospitales mendocinos, y puntualmente en lo referido a la elaboración de viandas, hay cuatro grandes proveedores. Muchas de estas empresas operan de la misma manera, lo que se considera como "cartelización". Esta práctica consiste en la existencia de un acuerdo secreto entre competidores para controlar un mercado, consiguiendo eliminar la competencia mediante la fijación de precios, reparto de clientes o limitación de la producción, actuando como un monopolio.
Incluso, muchas de estas empresas son de otras provincias, son proveedores de hospitales y cárceles de estos lugares y cuentan con décadas de antecedentes. No obstante, durante los últimos años, la irrupción de firmas y proveedores locales ha permitido ir rompiendo esa cartelización en Mendoza.
Desde 2016 comenzaron a acumularse habeas corpus de los presos del penal de Ezeiza y ante distintas situaciones con condimentos inhumanos que vivían en la cárcel de Ezeiza. Raciones incomibles, presas de pollo en mal estado y hasta la presencia de clavos, cucarachas, mechones de pelo o cintas en la comida fueron algunos de los episodios descriptos.
Todos estos hechos fueron finalmente unificados por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una única causa, cuya investigación se encuentra avanzada.
Todas estas aberraciones se encuentran agrupadas en el servicio de alimentación en el penal de Ezeiza, que hoy es el blanco de la investigación y que mueve cifras millonarias. Cada vianda cuesta alrededor de 17.000 pesos. Con tres comidas por día para unos 2.000 internos, el número final impresiona: más de 100 millones de pesos diarios y cerca de 37.000 millones al año.
Durante años, fue la ya mencionada Food Rush S.A. la empresa encargada de la elaboración de estas raciones, hasta que en 2024 el juez Villena prohibió que continuara prestando el servicio por irregularidades graves. Fue en este contexto que apareció un nuevo actor, Bio Limp Soluciones de Calidad S.A. O, al menos, nuevo en apariencia.
Y es que, según la investigación judicial, Bio Limp no sería más que una empresa “pantalla” de Food Rush, ya que -de acuerdo a las denuncias- Bio Limp utiliza los mismos camiones, comparte empleados, domicilios comerciales y hasta vínculos con otra firma con Food Rush. En definitiva, la comida siguió siendo igual de deficiente.
Tras el cambio de proveedor, se multiplicaron las denuncias. Los internos denunciaban que la comida llegaba tarde y en mal estado, mientras que algunos aseguraban que los días en que había inspecciones judiciales o visitas oficiales, las raciones eran "milagrosamente" mejores.
Incluso, en una oportunidad el propio juez Villena se animó a probar una de las comidas durante una inspección. Y terminó intoxicado al día siguiente.
A raíz de esto se inició una de las principales pistas que está siguiendo la Justicia Federal en la actualidad y que apunta a confirmar si Bio Limp es una pantalla de Food Rush, si existió fraude en la licitación, si hubo connivencia estatal y si se violaron derechos humanos básicos.
Si bien -y prácticamente desde siempre- el hospital Notti tiene su propio servicio de cocina para la elaboración de viandas (para personal y para pacientes), el desembarco de Bio Limp con esta primera licitación pequeña puede leerse como un ingreso de la firma al mercado local y una carta de presentación para futuros llamados.
Mendoza cuenta, desde 2020, con la ley provincial 9.237 que, a su vez, plantea la adecuación del código de procedimiento penal a la ley nacional 27.401 (de Responsabilidad Penal Empresaria), que abarca a todo el país, Mendoza incluida).
Esta ley, en pocas palabras, determina que para presentarse a una licitación pública en Argentina ya no alcanza solamente con ofrecer el mejor precio o cumplir con los requisitos técnicos. Porque, además, se suma un factor que pesa -y mucho- en la evaluación: la integridad de la empresa.
Esta norma apunta a evitar que fondos públicos terminen en manos de compañías vinculadas a hechos de corrupción.
Si se tiene en cuenta la causa judicial que avanza por el escándalo de las viandas en la cárcel de Ezeiza -y que tiene a Bio Limp como el principal señalado-, esta situación debería haberse ponderado al momento de evaluar las ofertas, casi tanto como la propuesta económica.
De acuerdo a la 27.401 (ley nacional), cuando cualquier empresa se presenta como oferente una licitación, el Estado no solo debe analizar el monto de la oferta o la capacidad técnica para prestar el servicio, sino también revisar sus antecedentes legales y su conducta ética.
En ese control se observa (o debería observarse), entre otras cosas, si la firma o sus directivos cuentan con condenas o causas penales vinculadas a corrupción, si están involucrados en delitos como cohecho, tráfico de influencias o negociaciones incompatibles, si figuran en registros de sanciones o inhabilitaciones o incumplimientos de contratos públicos en el pasado. Lo mismo ocurre con las averiguaciones referidas a si tienen procesos judiciales en curso por fraude o delitos económicos (puntualmente, aquí entraría la investigación contra Bio Limp por las irregularidades en el Servicio Penitenciario Federal).
De acuerdo a la norma nacional, si aparece alguna de estas situaciones, la empresa puede quedar directamente fuera del proceso licitatorio.
Uno de los pilares fundamentales de la Ley 27.401 es la exigencia de un Programa de Integridad, obligatorio para las empresas que contratan con el Estado nacional.
Este programa funciona como una especie de “seguro ético” y debe estar adaptado al tamaño y al riesgo de la empresa. No es un simple trámite, ya que cada firma debe demostrar que cuenta con mecanismos reales para prevenir hechos de corrupción.
Sin este programa, la empresa puede ser directamente descalificada, incluso si su oferta económica es la más conveniente.
En cuanto a la ley provincial 9.237 -que plantea la adecuación del código de procedimiento penal a la ley nacional-, si bien fue aprobada en 2020, nunca llegó a reglamentarse.
"A diferencia de otras provincias, Mendoza tiene toda la normativa necesaria para poder ser más transparente. El problema esta en que esa normativa no se cumple", describe la abogada especialista en compliance (procesos e integridad), María Eugenia Cabus Marengo.
En ese sentido, la referente -quien, además, trabaja en asuntos referidos a transparencia en la fundación Nuestra Mendoza- destaca que la ley nacional establece una guía con lineamientos para que las empresas puedan hacer sus programas de integridad de acuerdo a su envergadura económica y sus estructuras.
"Tuve la oportunidad de ser asesora externa del BID cuando se hizo la evaluación del sistema de compras de la Provincia. Allí se fijaron cuatro perfiles, y el cuarto era todo el tema de transparencia. Mendoza no logra cerrar el círculo, y creo que, en el fondo, no está dentro de las prioridades. Si esto verdaderamente se quiere hacer, existen un montón de herramientas. Es todo un proceso que inicia con la intención", resume la especialista, quien además es fundadora del laboratorio de transparencia de la Universidad de Mendoza.
De hecho, Cabus Marengo destacó que Mendoza cuenta con herramientas para poder hacer un análisis de todas las empresas que se presentan (no solo documentación fiscal, sino todo lo que hace a transparencia), así como también el registro de identidad de las empresas.
"Deberíamos poner los antecedentes de integridad como un antecedente más, tan valioso como el precio. También se tiene que capacitar al recurso humano del Estado", sintetiza.
Según destacaron desde el Gobierno de Mendoza, al momento de cualquier licitación no solo se tiene en cuenta el precio, sino también se suman los antecedentes contractuales, los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y aspectos técnicos.
Incluso, agregaron que, aunque no se haya tratado de una licitación de tracto sucesivo (sostenida en el tiempo), sino por dos días concretos, para adjudicar las viandas del 24 y 31 de diciembre en el Notti también se tuvieron en cuenta los antecedentes contractuales que establece la Dirección de Compras y Suministro del Gobierno. Allí figuran los antecedentes y si los oferentes tienen sanciones o no.
Más allá de la investigación en curso dentro de la Justicia Federal por las irregularidades inhumanas en el penal de Ezeiza, en ningún lado "saltaron" antecedentes contractuales o sanciones. En la evaluación final, la propuesta de Bio Limp obtuvo 90 de 100 puntos posibles, distribuidos en 60 por precio, 20 por aspectos técnicos y 10 por antecedentes (máximo posible en cada categoría, aunque no obtuvo puntuación en lo referido a ODS).
Muy probablemente a raíz de la no reglamentación de la ley provincial 9.237, ni formal ni oficialmente se observaron antecedentes negativos vinculados a la causa actual en Buenos Aires y que son de público conocimiento. Sin embargo, desde el Ejecutivo indicaron que se exigieron certificados de manejo de alimentos y certificados municipales.
De hecho, aclararon que, aunque la ley provincial no se encuentra reglamentada -por lo que no es operativa de manera directa en los procesos licitatorios provinciales-, de igual manera se tienen en cuenta los antecedentes en los pliegos licitatorios vigentes. Explicaron que se hace a través de la aplicación de la ya mencionada evaluación por grilla de puntaje que otorga calificación a los proveedores en las ODS. Esta calificacion la otorga la Direccion de Contrataciones Públicas.
Además, resaltaron que el servicio fue prestado en forma correcta y con normalidad.